PolíticaDelito rural y narcotráfico
La inauguración de una nueva base operativa de la Policía Rural en el paraje La Bomba, sobre la ruta provincial 52, en Las Lajitas, puso nuevamente bajo la lupa la estrecha relación entre el Estado provincial y las empresas que concentran la explotación agroindustrial en el sur de Salta.
La dependencia fue habilitada por el Ministerio de Seguridad en un inmueble cedido mediante un esquema de cooperación entre la Provincia, Salta Forestal y la empresa Cresud, uno de los mayores grupos agropecuarios del país y uno de los principales concesionarios de tierras fiscales en el departamento Anta.
La elección del lugar parece casi una metáfora. Porque "La Bomba" no sólo es el nombre de uno de los parajes más aislados de Salta Forestal, donde viven familias sin acceso pleno a servicios básicos como salud y educación, sino que también expone una combinación explosiva de intereses económicos, expansión agropecuaria, seguridad y viejas deudas sociales.
Una región estratégica para la producción
Al presentar la nueva dependencia, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, destacó la importancia de reforzar la presencia policial en una zona clave para la circulación de la producción y la prevención del delito rural y del narcotráfico.
La ubicación no es casual. El departamento Anta concentra buena parte del desarrollo agrícola de la provincia y en las tierras de Salta Forestal operan actualmente dos grandes grupos privados: Cresud y Anta del Plata, que explotan unas 200 mil hectáreas.
Mientras tanto, la empresa estatal impulsa un ambicioso proyecto de regularización dominial para alrededor de 110 familias de puesteros y busca recuperar otras 160 mil hectáreas para futuras concesiones, con la expectativa de triplicar los ingresos que recibe la Provincia por el canon productivo.
El gigante del agronegocio
La participación de Cresud en la instalación de la base policial adquiere una dimensión especial por el peso que tiene la compañía en la provincia.
Según diversas investigaciones, la firma vinculada al grupo Elsztain posee y concesiona más de 360 mil hectáreas en Salta y fue señalada por organizaciones ambientalistas por desmontes en la región chaqueña.
Incluso, un informe de Global Witness cuestionó al Banco Santander por haber financiado a la empresa pese a sus compromisos internacionales de reducción de emisiones y de lucha contra la deforestación.
En marzo de este año, el gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión en Nueva York con Alejandro Elsztain para analizar nuevas inversiones agroindustriales en la provincia, en un contexto marcado por la reciente actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
La otra deuda de Salta Forestal
Paradójicamente, mientras se fortalece la infraestructura vinculada a la producción y la seguridad, persisten reclamos históricos de las familias que habitan los lotes fiscales 35 y 36 desde hace décadas.
Durante el tratamiento del proyecto de regularización dominial en el Senado de Salta, legisladores advirtieron sobre las carencias que padecen pobladores de parajes como La Bomba, donde todavía existen dificultades para acceder a servicios de salud, educación e infraestructura básica.
Archivo 2025 de las declaraciones del ahora Ministro de Producción y Minería
La senadora Alejandra Navarro planteó incluso la necesidad de priorizar la urbanización en sectores más aptos, como el centro poblado 25 de Junio.
En ese escenario, la nueva base policial aparece como una pieza más de un entramado complejo donde confluyen la expansión de la frontera agropecuaria, las inversiones privadas, la presencia del Estado y las demandas de comunidades que esperan desde hace generaciones una solución definitiva.
La Bomba, esta vez, no explotó por un conflicto. Pero su nombre sirve para describir una realidad que concentra algunas de las principales tensiones del modelo productivo salteño: quiénes se benefician del desarrollo, quiénes garantizan la seguridad y quiénes siguen esperando que las promesas de progreso lleguen hasta sus puertas.