PolíticaEducación superior en el centro del debate
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos clave de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, en una decisión que representa un importante respaldo para las universidades públicas en medio de la disputa por los recursos destinados al sector.
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso presentado por el Gobierno nacional al considerar que no existía una sentencia definitiva que habilitara la intervención del máximo tribunal en esta instancia.
Si bien el fallo no tendrá un impacto económico inmediato, ya que el Poder Ejecutivo había suscripto el pasado 10 de junio un acuerdo con universidades y gremios para recomponer salarios y partidas presupuestarias, la decisión judicial refuerza la vigencia de la ley y la posición de las instituciones universitarias que impulsaron el reclamo.
La medida judicial obliga al Gobierno a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Estos puntos contemplan la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, así como la recomposición de los programas destinados al estudiantado.
La causa se originó a partir de un amparo colectivo promovido por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades públicas, quienes cuestionaron la constitucionalidad del Decreto 759/2025. Esa norma establecía que la ley solo podía aplicarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.
En su momento, tanto la Justicia de primera instancia como la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal consideraron que existían fundamentos suficientes para ordenar el cumplimiento parcial de la ley mientras se resolvía la cuestión de fondo.
Los jueces advirtieron que el incumplimiento podía generar un deterioro salarial significativo y afectar directamente el derecho a enseñar y aprender dentro del sistema universitario. Además, señalaron que el ahorro fiscal derivado de no aplicar la norma no representaba una incidencia relevante dentro del presupuesto nacional.
La disputa comenzó cuando el Gobierno de Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el Congreso insistió con su aprobación y logró convertirla en ley.
Posteriormente, el Ejecutivo condicionó su implementación a la identificación de las fuentes de financiamiento necesarias, una postura que fue cuestionada por las universidades y terminó judicializándose.
Durante el proceso, el Estado también intentó apartar a los jueces que intervinieron en la causa e incluso pidió la excusación de los integrantes de la Corte Suprema por desempeñarse como docentes universitarios. Todos esos planteos fueron rechazados.
Con la decisión conocida este jueves, la Corte volvió a cerrar esa vía y confirmó la vigencia de la cautelar mientras continúa el tratamiento de la cuestión de fondo, que analizará la constitucionalidad del decreto cuestionado.
Días antes del fallo, el Gobierno nacional había alcanzado un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes.
El acta, firmada el 10 de junio, estableció una recomposición salarial del 24,33% sobre la masa salarial, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y una ampliación de los fondos destinados a hospitales universitarios hasta los 50.000 millones de pesos.
Además, se acordó una suba del 50% para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio y la continuidad de las negociaciones paritarias hasta septiembre para discutir nuevas actualizaciones salariales en función de la inflación y de la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante 2024.
Por ese motivo, la decisión de la Corte no genera nuevas erogaciones para el Estado, pero sí constituye una señal política y judicial de peso en favor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y del reclamo sostenido por las universidades públicas de todo el país.