Debate caliente
En medio del debate por la reducción de la edad de imputabilidad, distintos sectores sociales, organizaciones y autoridades eclesiásticas han manifestado su rechazo a la medida. La Iglesia, junto a organismos como UNICEF, advierten sobre los riesgos que implicaría bajar la edad de responsabilidad penal, especialmente para niños y adolescentes que carecen de contención familiar o social.
En este contexto, surge una pregunta clave: ¿qué mecanismos tiene el Estado para proteger a los menores que viven en situación de vulnerabilidad, aquellos cuya voluntad y comportamientos ya han sido moldeados por entornos difíciles o, incluso, por experiencias de abandono y marginalidad? Según estos sectores, la prioridad debe centrarse en la protección, la educación y el acompañamiento social, antes que en la penalización temprana de conductas que reflejan problemas estructurales de la infancia y la adolescencia.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social reafirmó su postura crítica frente al proyecto del Gobierno que busca reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años, advirtiendo que la iniciativa ignora las causas profundas de la violencia juvenil.
En una declaración que data de marzo de 2025 y que fue reflotada con la presentación del proyecto en el Congreso, el organismo presidido por monseñor Dante Gustavo Braida, obispo de La Rioja, sostuvo que “es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas” y reclamó “cambios profundos que garanticen oportunidades reales para niños, adolescentes y jóvenes”.
La iniciativa del Gobierno se apoya en antecedentes regionales, como Brasil y Uruguay, donde la responsabilidad penal comienza a los 12 y 13 años, respectivamente. Sin embargo, los obispos advierten que, según los datos del Sistema Nacional de Información Criminal–Sistema Alerta Temprana, los menores inculpados por delitos representan un porcentaje muy bajo del total en Argentina.
En detalle, la estadística oficial de 2023 indica que, en los casos de robos de motocicletas, los menores de 15 años acusados fueron el 5,1 %, mientras que los de 16 a 17 años constituyeron el 11,3 % del total. En cuanto a hurto de automotores, los menores de 15 años representaron el 3,93 %, y los adolescentes de 16 y 17 años, el 8,1 %.
Más allá de los números, la Comisión de Pastoral Social enfatiza que el verdadero problema estructural es el avance del narcotráfico y el fácil acceso de los jóvenes a las drogas. “Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos. ¡Es necesario combatir el narcotráfico! Pero de esto se habla poco”, advierten los obispos.
En su comunicado, los referentes eclesiásticos subrayan que el narcotráfico ha ido ganando territorio y ampliando sus negocios, dejando “tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes”. Para la Iglesia, la seguridad no se logra penalizando tempranamente a los menores, sino ofreciendo protección, educación y oportunidades, así como atacando los factores que generan violencia en la adolescencia y juventud.
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad vuelve a instalarse en la agenda política y social argentina, con la Iglesia y organismos como UNICEF advirtiendo que la solución requiere más políticas de prevención y contención social que sanciones punitivas anticipadas.
Qué dice UNICEF sobre este tema
Se opone a la baja de la edad de imputabilidad, argumentando que no reduce la inseguridad y constituye un retroceso en derechos humanos. Sostiene que el sistema penal juvenil debe enfocarse en medidas socioeducativas, no en la cárcel, y que la edad mínima de responsabilidad penal no debería ser inferior a 14 años, preferiblemente más cercana a los 18.
Puntos clave de UNICEF sobre la imputabilidad:
- No es una solución: La evidencia internacional indica que bajar la edad punitiva no combate eficazmente la inseguridad.
- Derechos Humanos: Consideran que reducir la edad es una medida regresiva que contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño.
- Enfoque Socioeducativo: Abogan por un sistema de justicia penal juvenil especializado, no por equiparar a los adolescentes con adultos en cárceles comunes.
- Reincidencia: Estudios indican que la privación de libertad a temprana edad aumenta las posibilidades de reincidencia y perpetúa carreras delictivas.
- Alternativas: Proponen fortalecer programas educativos y de contención en lugar de la punición temprana.
La organización recomienda a los Estados, en el marco de la Convención, trabajar en la prevención y el abordaje de las causas estructurales de la delincuencia en menores.