La Cámara Federal de Casación Penal dio un nuevo paso en la ejecución de la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y dejó firme el decomiso de bienes dispuesto por la Justicia federal.
Con esta decisión, el máximo tribunal penal del país rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa de la ex mandataria y evitó que la discusión llegue, al menos por ahora, a la Corte Suprema de Justicia.
La resolución implica que continuará el proceso para recuperar bienes y activos considerados producto de maniobras de corrupción vinculadas a la obra pública vial durante los gobiernos kirchneristas. El fallo apunta a ejecutar un decomiso valuado en más de 684 mil millones de pesos, monto fijado como perjuicio económico al Estado en el expediente judicial.
La medida forma parte de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que cumple Cristina Kirchner bajo modalidad domiciliaria por administración fraudulenta.
Los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky fueron quienes firmaron la resolución.
Por mayoría, Hornos y Barroetaveña rechazaron la totalidad de los recursos extraordinarios planteados por las defensas. Borinsky, en cambio, votó parcialmente en disidencia respecto de algunos bienes vinculados a los hijos de la ex presidenta y a empresas relacionadas con el empresario Lázaro Báez.
La decisión judicial involucra 111 bienes pertenecientes al patrimonio familiar de Cristina Kirchner y también activos relacionados con Báez.
Entre ellos aparecen:
- diez departamentos ubicados en Río Gallegos,
- cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces, en Lago Argentino,
- propiedades y activos empresariales ligados a las firmas Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, vinculadas al empresario santacruceño.
Además, el fallo alcanza directamente a bienes heredados o cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Según consta en la resolución, son 19 las propiedades involucradas que fueron transferidas a ambos hijos de la ex mandataria mediante herencia o cesión gratuita.
Cual es le argumento central de Casación
En uno de los tramos más contundentes del fallo, el juez Gustavo Hornos sostuvo que el decomiso tiene fundamento en el carácter ilícito del origen de los bienes investigados.
“El delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, afirmó el magistrado.
Además, señaló que durante el período investigado existió “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público” a través de la obra pública vial nacional.
El camarista también rechazó el planteo de la defensa respecto a que el decomiso sobre bienes heredados vulneraría garantías constitucionales como el derecho de propiedad o el principio de inocencia.
Según explicó, esas objeciones ya habían sido tratadas en instancias anteriores y no alcanzaban para revertir la medida. Uno de los puntos más sensibles del fallo es el referido a los bienes que hoy figuran a nombre de los hijos de Cristina Kirchner.
Aunque ni Máximo ni Florencia fueron condenados en la causa penal, la mayoría de la Cámara entendió que eso no impide avanzar sobre las propiedades si existe una relación patrimonial con los bienes derivados del delito investigado.
Para el tribunal, existe una “vinculación razonable” entre esos activos y el beneficio económico surgido de las maniobras investigadas en la causa Vialidad.
El juez Mariano Borinsky acompañó el rechazo del recurso presentado por Cristina Kirchner, pero se diferenció parcialmente respecto del alcance del decomiso sobre ciertos inmuebles y empresas.
Según expresó, algunos bienes incorporados al decomiso fueron adquiridos antes del período temporal fijado por el tribunal como inicio de las maniobras investigadas. Ese límite fue establecido en el 23 de abril de 2004. Para Borinsky, la sentencia no dio una respuesta suficiente respecto de por qué también debían ser alcanzados bienes previos a esa fecha.
“El decomiso se dispuso sin debido sustento normativo”, afirmó en su voto.
Pese a esa observación, la postura quedó en minoría y la decisión mayoritaria terminó ratificando la totalidad del avance judicial.
El fallo representa otro golpe judicial para la ex presidenta, en un contexto donde las causas vinculadas a corrupción continúan teniendo fuerte impacto político y económico. La causa Vialidad se convirtió en uno de los expedientes más emblemáticos contra el kirchnerismo, ya que investigó el direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz en favor de empresas vinculadas a Lázaro Báez. Con esta resolución, la Justicia busca avanzar ahora en la recuperación efectiva de bienes considerados producto del fraude al Estado.
Mientras tanto, las defensas todavía podrían intentar nuevos planteos ante la Corte Suprema, aunque la decisión de Casación deja firme, por el momento, el proceso de decomiso patrimonial.