En el marco del "Año de la Grandeza Argentina", el Poder Ejecutivo Nacional remitió este miércoles al Congreso un proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. La iniciativa tiene como objetivo central armonizar las partidas para gastos de funcionamiento y salarios con las capacidades reales de financiamiento del Presupuesto General 2026.
El proyecto establece que los recursos del Programa 26 "Desarrollo de la Educación Superior" deben garantizar el derecho a la educación superior gratuita mediante los siguientes ejes:
- Permanencia y Bienestar: Asegurar programas de bienestar estudiantil y becas estratégicas que prioricen a los sectores sociales más desfavorecidos.
- Investigación e Infraestructura: Consolidar la investigación en las universidades públicas y garantizar el mantenimiento preventivo de su equipamiento e infraestructura.
- Salud Universitaria: Se destinará una suma específica de $80.072.460.000 para financiar el funcionamiento de los hospitales universitarios nacionales.
- Expansión y Tecnología: Ampliar la oferta académica según áreas estratégicas y fortalecer la tecnología digital para la enseñanza.
Recomposición Salarial y Financiamiento Universitario
La propuesta legislativa detalla un cronograma de actualización para el personal docente y no docente, buscando mitigar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.
Asimismo, el Poder Ejecutivo se compromete a convocar a negociación paritaria con carácter obligatorio al mes siguiente de la sanción de la ley, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses.
Una de las novedades del proyecto es la recomposición automática de los gastos de funcionamiento en caso de que la inflación registrada por el INDEC supere el 14,3% anual. Este valor es el promedio utilizado originalmente para la confección del Presupuesto 2026, y el ajuste busca evitar que el incremento real otorgado se deprecie ante una inflación mayor a la prevista.
A diferencia de la normativa anterior, este proyecto especifica formalmente las fuentes de financiamiento. En caso de que el gasto exceda los créditos de la Secretaría de Educación, se atenderá el exceso con cargo a las partidas de la Jurisdicción 91, asegurando así la viabilidad económica de la ley sin comprometer el equilibrio fiscal.
Novedades Clave
El Ejecutivo estaría dispuesto a otorgar una mejora del 20% en las partidas de funcionamiento para las universidades respecto de los montos previstos para 2025. También prevería una instancia de revisión en junio para evaluar posibles desfasajes entre las alzas aplicadas y la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Mientras tanto, Casa Rosada apela la medida cautelar que obliga a aplicar la ley vigente. La presentación fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con pedido de efecto suspensivo, luego de que un juez de primera instancia ordenara actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias.
En el Gobierno buscan evitar un nuevo conflicto político y judicial en el inicio del ciclo lectivo. La estrategia oficial apunta a cerrar el capítulo en el Congreso con una norma que reemplace a la actual.
En paralelo, ya se reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras tensiones con la Justicia, y el Ejecutivo insiste en que también impulsará modificaciones a esa normativa durante este año.