El actual funcionario Manuel Adorni se encuentra en el ojo de la tormenta. Con un salario congelado en tres millones de pesos netos mensuales, acumuló gastos estrafalarios por casi mil millones de pesos en apenas dos años. Esto disparó una grave investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito en su contra.
Según la recopilación de los datos, en tan solo dos años el jefe de Gabinete gastó unos 800 mil dólares. A un tipo de cambio promedio de $1200, la cifra asciende a la impactante suma de 960.000.000 de pesos. Para un trabajador con un sueldo de 3 millones de pesos mensuales (que representa 36 millones de pesos al año), juntar ese dinero le demandaría 27 años de trabajo ininterrumpido.
El detalle de sus consumos en moneda extranjera y bienes de lujo entre 2024 y 2026, que suman un total parcial de 767.300 dólares, resulta difícil de justificar:
Tarjetas en rojo y dólares "en mano"
Además del exorbitante flujo en dólares, los registros de sus tarjetas de crédito revelan números que no se condicen con sus ingresos formales declarados (probablemente muchos de los viajes se hayan costeado por esta vía). Gastó 51 millones de pesos en 10 meses de 2024; 81 millones en 2025; y 17 millones en apenas dos meses de 2026.
La situación judicial es sumamente delicada. En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el constructor Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que recibió un pago de 245.000 dólares en efectivo. Según fuentes judiciales, el contratista aseguró que el dinero por las refacciones en la propiedad de Indio Cua se lo entregaron directamente "en mano" y sin emisión de facturas.
Denunciaron al Jefe de Gabinete por "apretar" a un testigo y piden su detención
Tras conocerse la declaración de un contratista, la diputada Marcela Pagano elevó un pedido de detención contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la acusación de haber ejercido presiones sobre un testigo clave en la causa que investiga su presunto enriquecimiento ilícito.
La legisladora fundamentó su solicitud basándose en el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Al respecto, Pagano sostiene que existió un contacto previo entre el entorno del funcionario y el contratista Matías Tabar antes de su declaración jurada, y acusó al jefe de Gabinete de "haber apretado a un testigo" previo a su declaración.
La denuncia indica que se habrían borrado mensajes de WhatsApp y ofrecido "ayuda legal" al testigo a cambio de eliminar evidencia del teléfono. La diputada argumentó que el cargo jerárquico que ostenta Adorni le otorga una capacidad superior para influir sobre los organismos públicos y el desarrollo del expediente.
"Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios, borrar pruebas del teléfono", indicó la experiodista.
El pedido fue presentado ante el juez Ariel Lijo invocando la doctrina "Irurzun". Este criterio judicial permite justificar la prisión preventiva si se considera que los vínculos de poder de un imputado pueden obstruir la justicia.
Aunque históricamente esta doctrina se aplicó sobre "relaciones residuales" de exfuncionarios, Pagano solicita su aplicación por analogía agravada, dado que Adorni se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones.
Como alternativa a la detención, Pagano solicitó restricciones estrictas: prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones.
La figura del arquitecto Tabar es considerada central para acreditar las presuntas irregularidades económicas del jefe de Gabinete.
Según las versiones que motivaron la presentación de Pagano, el intento de "apretar" al contratista constituye una maniobra concreta de interferencia que amerita la medida restrictiva de libertad para garantizar la transparencia del proceso judicial encabezado por el fiscal Gerardo Pollicita.
El testimonio del contratista que “hundió a Adorni”
El contratista Matías Tabar declaró hoy en la Justicia que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le pagó en efectivo 245.000 dólares por remodelar la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Así lo confirmaron a La Nación fuentes judiciales.
Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.
El funcionario de Javier Milei pagó supuestamente 120.000 dólares por la vivienda cuando la compró.
Tabar estuvo en los tribunales de Comodoro Py entre las 10.30 y las 13.30. Su declaración testimonial fue filmada y estuvieron presentes el fiscal Pollicita y Matías Ledesma, el abogado defensor de Adorni.
El testigo explicó que el pago total de las refacciones fue de US$245.000 dólares y que el dinero se lo dio en mano el propio Adorni, sin que mediara factura, según dijeron las fuentes judiciales.
Con ese dinero, se pagaron los muebles de la cocina, los artefactos del baño, se hicieron pisos y paredes nuevas, según detallaron las fuentes judiciales.
El testigo llegó a declarar con un detalle de todos los arreglos que efectuó y las facturas de lo que gastó, tanto en materiales, como en mobiliarios.
También trajo videos de la obra y de los avances conforme iba trabajando y eso quedó en manos de la fiscalía.
Los elementos nuevos colocados incluyeron los revestimientos, un gran quincho, una pileta de natación con mosaico travertino y una cascada. Se hizo a nuevo la entrada de la galería y se colocaron cerramientos nuevos de PVC.
“Todo se pagó cash, de contado”, señalaron las fuentes consultadas.
Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano.
Según documentación catastral, en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cuá desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. El documento deja constancia de su fecha de nacimiento, su nacionalidad y de que está casada con Manuel Adorni.