Tensión en la calle y silencio sindical
Mientras el Senado debatía la reforma laboral, el Gobierno siguió minuto a minuto lo que ocurría en las afueras del Congreso. La protesta, convocada originalmente por la CGT, terminó marcada por la acción de grupos reducidos que protagonizaron disturbios: derribaron vallas, rompieron veredas y arrojaron objetos contra las fuerzas de seguridad. Desde la Casa Rosada los definieron como sectores “de izquierda” y utilizaron los incidentes para reforzar su respaldo al proyecto oficial.
El operativo estuvo supervisado desde temprano por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mientras en el recinto el oficialismo concentraba esfuerzos en garantizar el quorum y sostener los 38 votos necesarios para avanzar con la sesión. Según datos oficiales, seis efectivos resultaron heridos y el Ministerio anunció que avanzará en la identificación de los responsables a partir del análisis de imágenes.
El presidente Javier Milei y varios funcionarios apelaron a las redes sociales para condenar los hechos y diferenciarse de los manifestantes violentos. “Del otro lado tenemos esto”, escribió el mandatario, en un mensaje en el que cuestionó a quienes participaron de los desmanes. También se pronunciaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y otros referentes del oficialismo, que vincularon los incidentes con sectores kirchneristas y de izquierda.
En contraste, el Gobierno evitó confrontar con la conducción de la CGT. Los dirigentes sindicales se mantuvieron alejados de los focos de tensión y se limitaron a marchar en las inmediaciones del Congreso, donde difundieron un comunicado en rechazo a la reforma laboral y posaron con una bandera bajo la consigna “En defensa del trabajo”.
La relación entre la Casa Rosada y la central obrera atravesó meses de negociaciones. Aunque públicamente el Ejecutivo defendió el texto original del proyecto, en el camino aceptó modificaciones que preservaron puntos sensibles para los gremios, como los recursos de las obras sociales sindicales, las cuotas solidarias y el rol de los empleadores como agentes de retención de aportes.
Si la iniciativa obtiene media sanción en el Senado, pasará a Diputados. Allí se abrirá una nueva instancia de discusión política en la que la CGT deberá definir si profundiza su postura crítica o si mantiene el equilibrio tras los cambios introducidos en el proyecto.