Infancia en debate, votos en juego
El oficialismo dará el primer paso legislativo del período extraordinario con un tema que promete reavivar uno de los debates más sensibles del Congreso. Tras alcanzar un acuerdo con sectores de la oposición, La Libertad Avanza convocará a su primera sesión para el jueves de la semana próxima con el foco puesto en la reforma del régimen penal juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad.
La convocatoria marca un giro respecto de la postura inicial del Gobierno. El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo en 2024 proponía fijar el piso de imputabilidad en los 13 años, una iniciativa que encontró fuertes resistencias políticas y sociales. Frente a ese escenario, el oficialismo optó por destrabar el debate y avanzar con el dictamen consensuado en mayo del año pasado, que establece la edad mínima en 14 años.
Ese texto fue producto de negociaciones con bloques considerados “dialoguistas”, que reclamaron modificaciones para acompañar la reforma y evitar un rechazo frontal en el recinto. La decisión de llevar ese dictamen al debate refleja la necesidad del oficialismo de construir mayorías en un Congreso fragmentado, aun cuando implique ceder sobre puntos centrales de su propuesta original.
La discusión sobre el régimen penal juvenil vuelve así al centro de la agenda parlamentaria, atravesada por tensiones entre demandas de mayor dureza penal y los cuestionamientos de organismos de derechos humanos y especialistas en infancia. La sesión de la semana próxima será, en ese sentido, una primera prueba política para el Gobierno en extraordinarias y un anticipo de un debate que promete ser intenso.
El dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda–Unidad, Gabriel Solano, fue tajante al rechazar la iniciativa y advirtió que se trata de una “demagogia punitivista” sin impacto real en la seguridad. En diálogo con Gente de Salta, sostuvo que la propuesta es ineficaz para combatir el delito y que apunta a convertir a los pibes pobres, cada vez más chicos, en chivos expiatorios, pese a que las estadísticas muestran que la participación de menores en crímenes graves es mínima.
“Se trata de una falsa solución que el oficialismo utiliza como herramienta de campaña reaccionaria, en lugar de abordar las causas estructurales de la inseguridad”, concluyó Solano.
La diputada Rodríguez Machado defendió la iniciativa al señalar que el proyecto incorpora una batería de medidas alternativas que hoy no están contempladas en el régimen vigente y que ampliarían el margen de acción de los jueces más allá de la prisión.
Entre ellas mencionó asesoramiento disciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico, capacitación laboral, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de contacto con la víctima. “Muchas de estas medidas son sanciones penales, pero no necesariamente implican reclusión. Hoy no están contempladas y los jueces no las aplican”, explicó. En ese sentido, subrayó que los menores no cumplirán penas en cárceles de adultos, sino en institutos específicos y separados de la población mayor, un punto que el oficialismo busca destacar frente a las críticas al proyecto.
Consultadas por Gente de Salta, dos voces clave del sistema de protección de derechos coincidieron en cuestionar con dureza la baja de la edad de punibilidad y en señalar la ausencia de políticas de prevención reales.
La curadora oficial María José Miranda sostuvo que la reforma “no es la solución” y advirtió que el Estado viene siendo “muy insuficiente” en la intervención sobre los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Para Miranda, el problema de fondo es social: familias destruidas, consumo problemático sin abordaje y un Estado que llega tarde.
“No hay prevención, hay muchísimo consumo y no veo respuestas. Hoy tengo 25 penas en el Centro de Tratamiento y todos cometieron delitos bajo el efecto de sustancias”, alertó, al tiempo que remarcó que las medidas alternativas —como programas educativos o tratamientos psicológicos— deberían aplicarse antes del delito y no cuando el daño ya está hecho.
En la misma línea, la asesora de incapaces Carina Quinteros, del Ministerio Público Pupilar, rechazó la criminalización de adolescentes no punibles y cuestionó que el proyecto traslade al sistema penal responsabilidades que son del Estado. Señaló que la iniciativa desconoce el principio de especialidad y convierte a la persecución penal en una herramienta primaria, cuando debería ser el último recurso.
“Este proyecto criminaliza a la infancia y a la adolescencia, porque somete a los jóvenes de 14 años a un proceso penal, en un contexto donde sus derechos ya están siendo vulnerados por la pobreza y los recortes”, advirtió. Para ambas, sin educación, redes de contención barrial y políticas integrales contra el consumo, el debate sobre la edad de imputabilidad es apenas un atajo punitivo frente a un problema mucho más profundo.