"Nadie es libertario gratis"
En una sesión maratónica, el Gobierno logró la aprobación en general del Presupuesto, pero la victoria se tornó agridulce cuando la oposición, con una estrategia precisa, derribó un capítulo clave del proyecto. Este segmento contenía el controvertido artículo 75, que buscaba derogar las leyes de financiamiento universitario y discapacidad, desatando una tormenta política en el recinto.
La inesperada caída del capítulo se sintió como un golpe resonante. La oposición celebró con fervor, mientras que el oficialismo, visiblemente afectado, se sumió en la incertidumbre.
Ahora, todas las miradas se dirigen al Senado, donde el Gobierno deposita sus esperanzas de revivir la parte suprimida, en una jugada que definirá el futuro cercano de la agenda legislativa.
En los días previos a la votación, el Gobierno había desplegado una intensa campaña para asegurar la aprobación del capítulo. El ministro de Interior, Diego Santilli, incluso se hizo presente en el Congreso, buscando persuadir a los gobernadores con la promesa de Asistencia del Tesoro Nacional (ATN), una táctica que la oposición describió sin eufemismos como una forma de "extorsión" para obtener los votos necesarios.
El oficialismo, quizás cegado por la ambición, cometió el error estratégico de concentrar demasiadas medidas de ahorro fiscal en un solo capítulo, un error que demostró ser su talón de Aquiles.
Además de la derogación de las leyes de discapacidad y universidades, el paquete incluía la restricción de la zona fría de usuarios de gas, una medida que afectaría a regiones con climas severos al eliminar subsidios.
También se proponía eliminar la automaticidad en las actualizaciones de prestaciones de ANSES, como las asignaciones familiares, AUH y Asignación por Embarazo, otorgándole al gobierno discrecionalidad en los aumentos.
Como un cebo estratégico, se incorporó en el mismo capítulo la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, buscando atraer los votos del PRO, un partido con fuertes lazos con las finanzas porteñas.
Sin embargo, esta maniobra resultó ser insuficiente para convencer a otros aliados, especialmente a los gobernadores, quienes se mostraron reacios a apoyar medidas tan impopulares.
Incluso figuras habitualmente leales al Gobierno, como la diputada bonaerense radical Karina Banfi, se negaron a respaldar el proyecto cuando se vieron obligadas a elegir entre apoyar al gobierno y dar la espalda a los discapacitados y a las universidades, una encrucijada que evidenció las tensiones internas dentro de la coalición gobernante.
"Nadie es libertario gratis", comentó con ironía un diputado nacional de Unión por la Patria, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, resumiendo el clima de desconfianza y cálculo político que dominaba el recinto.
La raíz del problema no fue tanto la falta de recursos, sino la forma en que se estructuró el articulado. Agrupar tantas reformas en un solo capítulo resultó ser un arma de doble filo, impidiendo que los diputados pudieran votar de manera selectiva, apoyando algunas medidas y rechazando otras.
Ante la disyuntiva de tener que pronunciarse "por sí o por no", como había sintetizado Sergio Massa en el último debate presidencial, muchos diputados optaron por el "no", hundiendo el capítulo en la derrota.
"Lo del Gobierno es muy de principiante. Es increíble que le sigan pasando estas cosas. Ya les había pasado con la Ley Bases. Negocian poco y mal, y son malos en la estrategia", lamentó la fuente consultada de Unión por la Patria, revelando las críticas internas y externas que enfrenta el oficialismo.
La votación a las 3 de la madrugada de los lugares para la Auditoría General de la Nación, un pacto sellado entre sombras, evidenció la necesidad del Gobierno de pagar favores a cambio de los apoyos al Presupuesto, confirmando las sospechas de acuerdos corporativos que benefician a la "casta" política.}
El tiempo de los salteños
Detrás del telón del recinto, aguardaba la salteña Pamela Calletti, ex diputada nacional de Innovación Federal, convocada después de la medianoche para formalizar la distribución de cargos.
La escena era un recordatorio de las negociaciones que tienen lugar en los pasillos del poder.
La torpeza del Gobierno llegó a tal punto que ni siquiera pudo asegurar que todos los votos del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fueran en la dirección correcta. Pablo Outes y Yolanda Vega respaldaron el artículo 75, pero Bernardo Biella votó con la oposición, un desliz que puso en evidencia la falta de control sobre las propias filas.
A pesar de la rebelión, Calletti juró como nueva auditora general, asegurándose un salario millonario que duplica lo que percibía como legisladora, un premio que generó indignación y alimentó las acusaciones de privilegio.
Entre los gobernadores, mostraron su apoyo los de Misiones y San Juan, junto con el radical Alfredo Cornejo de Mendoza. Sin embargo, los tres diputados catamarqueños de Raúl Jalil votaron en contra, al igual que los tucumanos de Osvaldo Jaldo y la diputada neuquina Karina Maureira, cercana a Rolando Figueroa.
Como si esto fuera poco, el diputado correntino de la UCR Diógenes González, alineado al gobernador Gustavo Valdés, se unió a la oposición, mientras que dos radicales chaqueños de Leandro Zdero se abstuvieron (Gerardo Cipolini y Darío Schneider) y solo uno, Guillermo Agüero, apoyó al oficialismo, reflejando la fragmentación y las tensiones internas dentro de la UCR.
Por el MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone votaron a favor del presupuesto en general, pero luego se ausentaron en la votación del capítulo 11, dejando al Gobierno con menos respaldo del esperado.
Álvaro González del PRO siguió una táctica similar, mientras que Banfi apoyó el Presupuesto en general, pero luego votó en contra del capítulo que buscaba derogar las normas de universidades y discapacidad, dejando clara su postura frente a un tema sensible.
Y otra consecuencia indeseada para el oficialismo es que la reforma laboral pasó para el 10 de febrero,