La pelea por los recursos provinciales
El Gobierno nacional está sintiendo el peso de las presiones provinciales. A horas del crucial debate sobre el Proyecto de Modernización Laboral, gobernadores de todas las líneas políticas, desde los dialoguistas hasta la oposición más férrea, alzaron sus voces en un coro de reclamos.
El punto de discordia: la eliminación o modificación de la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas, una pieza central de la reforma impulsada por el Ejecutivo, vista por muchos como una amenaza a la coparticipación provincial y una posible pérdida de hasta 2 billones de pesos para las arcas locales.
Detrás de las puertas cerradas, gobernadores aliados como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), a pesar de su apoyo general a la reforma laboral, dejaron claro que no estaban dispuestos a asumir el costo fiscal de la medida.
La exigencia resonó con fuerza: que Nación absorbiera el impacto económico o, en su defecto, que la postergación del beneficio impositivo se extendiera hasta el año 2027. Sus palabras pintaban un cuadro sombrío de las finanzas provinciales, ya tensas por la coyuntura económica.
El tema escaló rápidamente, convirtiéndose en un conflicto medular. Los mandatarios provinciales, con la determinación que otorga la defensa de los intereses locales, solicitaron compensaciones concretas como condición sine qua non para dar su visto bueno al proyecto que la gestión de Javier Milei anhelaba sancionar con celeridad, aprovechando el período de sesiones extraordinarias.
La urgencia del Ejecutivo choca de frente con la cautela de las provincias.
La iniciativa oficial de reducir el Impuesto a las Ganancias de sociedades y empresas, concebida para estimular la rentabilidad y atraer nuevas inversiones, se erige como un muro entre Nación y provincias.
La promesa de un futuro económico más próspero para el sector privado contrastaba con el temor a la desfinanciación provincial, ya que este impuesto es, por naturaleza, coparticipable. El dilema planteaba una pregunta inquietante: ¿a qué costo se alcanzaría el progreso económico?
En este complejo tablero, algunas provincias se vislumbraban como las más perjudicadas. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, verdaderos gigantes económicos en el mapa argentino, lideraban el ranking de pérdidas estimadas, superando el billón de pesos cada una.
La magnitud de las cifras revelaba la trascendencia del conflicto y la necesidad de encontrar una solución equitativa.
El Ejecutivo, consciente de la encrucijada, se aferraba a la idea de mantener la reducción del Impuesto a las Ganancias, aunque la puerta a posibles alternativas permanecía entreabierta. Se rumoreaba, en los corrillos del Congreso, la posibilidad de sacrificar el controvertido capítulo fiscal para asegurar la aprobación del Proyecto de Modernización Laboral, la joya de la corona legislativa impulsada por La Libertad Avanza (LLA). Un sacrificio estratégico, quizás, para alcanzar un objetivo mayor.
Mientras tanto, un grupo de gobernadores se mantenía firme en su postura de rechazo a la reforma, con o sin Impuesto a las Ganancias. Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Axel Kicillof (Buenos Aires) representaban una voz disidente, un recordatorio constante de que el camino hacia el consenso no sería fácil. Sus provincias, con realidades y necesidades particulares, se niegan a ceder ante la presión.