El Partido Justicialista (PJ) atraviesa un proceso de reconfiguración y crisis interna caracterizado por la falta de un liderazgo centralizado tras la derrota electoral de 2023. Diversos sectores disputan la conducción, lo que genera una estructura fragmentada con tensiones entre el kirchnerismo, gobernadores peronistas y otros referentes, buscando una nueva identidad ante el gobierno de Javier Milei.
En Salta, el desmantelamiento del PJ viene de mucho antes y los intentos de reconfigurarlo terminó, en este último tiempo, en una intervención a cargo de Sergio Berni, hombre de confianza de Cristina Kirchner pero que levantó una ola de cuestionamientos judiciales y políticas para resistir su autoridad.

También, en los últimos días, se conoció que el nombre de Pablo Kosiner, abogado, diputado nacional mandato cumplido, además ex ministro durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, fue postulado por el Consejo nacional como interventor del Partido Justicialista Distrito Salta, en reemplazo de Sergio Berni, aunque recién se oficializaría en los próximos días mediante notificación oficial. Según se supo, las autoridades partidarias desplazadas, formalizaron una presentación ante la Justicia Electoral nacional para exigir que se convoque de manera inmediata a elecciones internas y se ponga fin a lo que califican como una intervención “ilegítima”.
En medio del caos partidario, este martes por la mañana, distintas agrupaciones del movimiento justicialista, convocaron a una conferencia de prensa en la sede del PJ local para dar lectura a una carta documento que enviarán al próximo Interventor exigiendo la destitución del gobernador Gustavo Sáenz y de los diputados Pablo Outes y Yolanda Vega por considerarlos “traidores” a la doctrina “peronista”.

Previa lectura del documento, los delegados aclararon que “no están en contra de ninguna intervención puesto que la consideran necesaria en un momento crítico del partido”, por lo que, “este no es el momento adecuado para llamar a elecciones internas hasta tanto no se depuren las listas y se expulse a los ‘traidores’ tal como está ocurriendo en otras provincias como Jujuy o Tucumán”, precisaron.
En el escrito expresan que: “El pedido concreto que hacen los militantes del Partido Justicialista, en representación del movimiento peronista y del sector obrero de la provincia de Salta, en ejercicio de nuestros derechos políticos y partidarios, por la presente notificamos, intimamos y solicitamos que los diputados nacionales Yolanda Vega y Pablo Outes, electos por listas que incluyeron al Partido Justicialista y al espacio político Frente de Todos, han votado afirmativamente una reforma laboral de carácter regresivo, contraria a los derechos de los trabajadores argentinos y en abierta contradicción con la doctrina peronista, cuyo eje central es la defensa irrestricta del trabajador y el bienestar del pueblo”.
Y agregan: “Que dicha conducta constituye un apartamiento grave del mandato popular conferido mediante el voto, así como una violación manifiesta de los principios doctrinarios, la carta orgánica y la tradición histórica del Partido Justicialista, fundado por el general Juan Domingo Perón, sobre las banderas de la justicia social, independencia económica y soberanía política. En virtud de lo expuesto, exigimos a las autoridades competentes del Partido Justicialista la inmediata expulsión de los diputados nacionales Yolanda Vega y Pablo Outes por inconducta partidaria grave y traición a los principios esenciales del movimiento justicialista”.

La solicitud de los militantes justicialistas también pide la expulsión del Gobernador: “Asimismo, el presente pedido se hace extensivo al afiliado Gustavo Adolfo Ruberto Sáenz, actual gobernador de la provincia de Salta, a quien amplios sectores del movimiento señalan como responsable político de la orientación y alineamiento que derivó en la referida votación”.
“Por resultar incompatible dicha conducta con los valores y compromisos históricos del justicialismo, se deja expresa constancia que el movimiento peronista y el sector obrero de Salta no convalidarán decisiones que impliquen retrocesos en materia de derechos laborales ni tolerarán acciones que vulneren los más sagrados principios doctrinarios del peronismo”, enfatizaron los militantes.
Según detallaron en la conferencia, el proceso continuará cuando asuma el nuevo interventor, que según los delegados no conocen el nombre hasta ahora, quien deberá decidir al respecto. En esa línea indicaron que, si el PJ no estuviera “desmantelado”, quien tendría que tratar el asunto son los órganos partidarios: “Cuando un partido funciona con todos sus órganos partidarios esto tiene un proceso: está el Consejo Provincial, el Congreso Provincial, que es el que decide las expulsiones y el Tribunal de Disciplina. El tema es que, en este momento, no hay órganos partidarios porque la intervención es total. Se intervienen todos los órganos partidarios, hoy el PJ está sin autoridades, es decir, que cuando venga el nuevo interventor lo tendrá que considerar”, explicó David Torrejón, dirigente del Movimiento Recuperación Justicialista.

En el tramo final de la carta documento, advirtieron que, en caso de que por esta vía no se cumpla la solicitud de los firmantes, impulsarán “todas las acciones orgánicas correspondientes para tal fin”.
A su turno, el dirigente justicialista Rodrigo Escribas argumentó que la solicitud de expulsión de los tres políticos mencionados obedece a que “han tomado un lineamiento político que va en contra de la doctrina peronista, en contra de los principios y valores de nuestro partido justicialista”.
Para Escribas, “está claro que el Gobernador está del lado de La libertad Avanza y del gobierno de Javier Milei, por lo tanto, no puede ser partícipe de la vida partidaria del PJ del Salta”.

A esto añadió: “Durante años el partido ha sido usurpado y ha sido utilizado como herramienta electoral justamente para llegar a ocupar bancas, espacios de poder y han traicionado al mandato popular. Creemos que es momento de reconstruir el peronismo en toda la provincia, creemos que es necesario que las bases y que la militancia tenga protagonismo de una vez por todas y que deje de utilizarse nuestro partido como una herramienta de negociación política por los dirigentes que están cooptando nuestra herramienta electoral y nuestro partido”.
Para finalizar, el licenciado Félix Bonorini, coincidió con su par y apuntó contra los diputados Outes y Vega por la “falta de coherencia política demostrada en el Congreso” en el tratamiento de la reforma laboral”, asegurando que ambos incurrieron en “faltas muy graves como lo son la deslealtad política, la deslealtad doctrinaria y la falta moral”.

"Moralmente ellos recibieron un mandato de parte del pueblo de Salta para representarlos y en ningún momento se habló en ese mandato de atacar al pueblo trabajador salteño y esto es lo que hicieron últimamente”, cerró Bonorini.

