México y Chile sufrieron situaciones parecidas con la minera coreana
La resolución judicial cayó como un baldazo de agua fría sobre uno de los proyectos de litio más importantes de la Argentina. La Justicia salteña ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Posco Argentina, una medida cautelar derivada de una demanda presentada por un proveedor local que reclama el pago de obras ejecutadas para el emprendimiento de litio en la Puna.
Aunque el expediente todavía transita sus primeras etapas y la empresa no se pronunció oficialmente, la decisión judicial volvió a poner en eje de discusión una compañía que, desde su desembarco en la provincia, acumuló una serie de controversias que van desde incumplimientos con proveedores hasta investigaciones por trabajadores extranjeros en situación migratoria irregular.
La noticia fue revelada por el periodista Diego Nofal, quien aseguró haber accedido a la resolución judicial a través de una entrevista con Periodismo Animal.
"Tengo la resolución a mano", afirmó durante una entrevista radiofónica, al tiempo que indicó que los abogados de la empresa le solicitaron mantener en reserva la identidad del proveedor demandante hasta la próxima semana.
El origen del conflicto
Según explicó Nofal, el litigio comenzó luego de que Posco rescindiera unilateralmente un contrato argumentando que una obra no había sido ejecutada conforme a lo previsto. Sin embargo, la empresa demandante sostiene que existían certificados de trabajos ya realizados que nunca fueron abonados.
"No pagaban certificados de una obra que ya estaba hecha. Decían: 'Vos me demoraste esta obra, entonces no te pago esta otra que ya ejecutaste'. Por eso se trabó el embargo", explicó el periodista.
El comunicador también afirmó que el reclamo superaría los 30 millones de dólares y que no sería un caso aislado.
"Hay cuatro o cinco demandas contra Posco. Estas son las dos que están más avanzadas", sostuvo al referirse a otros conflictos judiciales que, según indicó, involucran a proveedores vinculados al proyecto minero.
Un historial que vuelve al centro de la escena
La situación judicial revive antecedentes que acompañan a Posco prácticamente desde el inicio de sus operaciones en el norte argentino.
Uno de los episodios de mayor repercusión ocurrió cuando la Dirección Nacional de Migraciones detectó ciudadanos surcoreanos desempeñando tareas laborales sin la documentación correspondiente, lo que derivó en actuaciones administrativas y deportaciones en algunos casos.
Entre los antecedentes figura que cuando empezó el trabajo de Posco en Salta empezaron a introducir a personas de contrabando que trabajaban sin cumplir con la ley de la República Argentina. Migraciones sorprendió a muchas personas en situación irregular, a muchos contratados que venían como “turistas” los expulsaron directamente desde Ezeiza. A esas denuncias se sumaron cuestionamientos por las condiciones de alojamiento de trabajadores extranjeros.
"Tenían viviendo en condiciones de absoluto hacinamiento a un montón de empleados. Alquilaban casas para cuatro o seis personas y metían veinte", señaló el conductor, Martín Grande, mientras Nofal agregó que situaciones similares también fueron detectadas en tareas de exploración desarrolladas por la empresa en Jujuy.
Reclamos por el trato a proveedores
Para Nofal, el conflicto actual no responde a un hecho aislado sino a una metodología de trabajo: "Posco es una empresa muy desordenada en el tema de los pagos", afirmó. "No le pagan a los proveedores locales, los aprietan a través de otras empresas más chicas. Es una cadena que quienes estudian minería vienen observando desde hace mucho tiempo".
Incluso sostuvo que algunas constructoras salteñas habrían recibido propuestas para ser adquiridas por firmas vinculadas a la minera.
"Les ofrecían cubrir cualquier desfasaje financiero y comprar la empresa para presentarse como proveedores", aseguró.
Silencio oficial
Uno de los aspectos que más llamó la atención tras conocerse el embargo fue la ausencia de declaraciones oficiales, ya que Nofal aseguró que intentó obtener respuestas de funcionarios provinciales y representantes del sector, aunque sin éxito.
"Hablé con gremios y funcionarios, en off y con micrófono abierto. Ninguno dice nada. Creo que la resolución judicial los tomó por sorpresa", manifestó.
Incluso afirmó que algunos funcionarios se comunicaron con él para solicitar detalles de la resolución: "Ayer me llamó un funcionario para preguntarme si yo tenía la resolución. Si ellos no la pueden conseguir desde adentro, estamos todos locos", ironizó.
Una causa que puede marcar un precedente
En su publicación en elintra.com.ar, el periodista incorpora una mirada crítica sobre la postura de Salta frente a estas compañías extractivistas:
“Esto podría costarle mucho más que unos simples intereses moratorios y poner en riesgo sus ambiciosos planes de expansión en el Triángulo del Litio. En Corea del Sur enfrentó huelgas masivas; en la India fue acusada de avasallar comunidades; en México dejó una estela de juicios ambientales y en Chile cargó con denuncias por residuos industriales. ¿Realmente vale la pena arrodillarse ante estas corporaciones que tratan a Salta como una simple colonia extractiva. Mientras Jujuy negocia de igual a igual con una participación societaria del 8,5% que pronto será del 10%, en Salta nos conformamos con aplaudir anuncios que después se traducen en embargos y conflictos judiciales", sostuvo.
Un nuevo capítulo en una larga lista de antecedentes
Además de las actuaciones por la contratación de trabajadores extranjeros en situación migratoria irregular y los reclamos por deudas con proveedores locales, en febrero de 2026 la empresa debió afrontar otro expediente en la Justicia Federal.
La jueza federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez, homologó entonces un acuerdo de conciliación mediante el cual Posco Argentina SAU aceptó pagar una reparación económica de 20 mil dólares por irregularidades administrativas detectadas durante la importación de 500 kilos de ácido clorhídrico, un precursor químico destinado a sus plantas en la provincia.
La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, quienes determinaron que la operación aduanera se había realizado correctamente, pero que la autorización fue concedida sin que hubiera finalizado el trámite correspondiente ante el Registro Nacional de Precursores Químicos. Por ese motivo, descartaron la existencia de un delito penal y concluyeron que se trató de una falta de carácter administrativo.
Como salida alternativa al proceso, el Ministerio Público Fiscal propuso una conciliación que fue homologada por la Justicia. El acuerdo estableció el pago de 20 mil dólares, destinados a instituciones educativas y sanitarias de Estación Salar de Pocitos y Santa Rosa de los Pastos Grandes, en el departamento Los Andes.
Este antecedente se suma ahora al embargo preventivo dispuesto por la Justicia provincial en el marco de una demanda por presuntos incumplimientos con un proveedor salteño, reavivando los cuestionamientos sobre la gestión de la empresa y los mecanismos de control sobre uno de los proyectos de litio más importantes que se desarrollan en la Puna salteña.
Más allá del impacto mediático, el expediente recién comienza. El embargo preventivo no constituye una sentencia sobre el fondo del conflicto, sino una medida destinada a garantizar el eventual cumplimiento de una futura decisión judicial.