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El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados de Salta y que espera ser tratado por los senadores provinciales para prohibir a los beneficiarios de planes sociales el ingreso a casinos y salas de juego de azar tiene problemas de constitucionalidad, según opinó el abogado Sebastián Aguirre Astigueta, quien además lo consideró “inaplicable” y que responde a la lógica de “estigmatizar a los pobres”.
“Creo que el proyecto tiene muchos problemas de constitucionalidad. El primero es si realmente la Legislatura de Salta tiene la competencia para prácticamente asignarle un destino a la plata que adquiere en propiedad al ser beneficiario de planes sociales”, dijo el constitucionalista, en una entrevista realizada en el programa De eso se trata, en la FM salteña Cadena Infinito.
El especialista explicó que se trata de “fondos nacionales”, tras lo que detalló que, en el caso de “la Asignación Universal por Hijo, el Estado nacional no te dice en qué tenés que invertir, te pone otros requisitos como la escolarización de los chicos y el cumplimiento del calendario de vacunación”.
“Lo cierto es que cuando ese dinero entra a tu cuenta pasa a ser de tu propiedad. Cómo van a determinar qué tenés que hacer con el dinero cuando no te dicen de antemano el destino que debe tener”, sostuvo, y agregó: “es muy difícil cumplir con esta idea de los diputados salteños”.
Para Aguirre Astigueta, la iniciativa “quizás tenga una finalidad loable, que es cuidar que el dinero proveniente de fondos públicos no se invierta en juego sino en el objetivo propio de los planes sociales, que es ayudar a las familias, pero me parece bastante impracticable la norma” y “difícil de controlar”.
El proyecto
El proyecto de ley, presentado por el oficialista Gustavo Dantur, tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia, donde se aprobó solo con dos votos negativos, de José Gauffín, del bloque Independencia, y de Griselda Galleguillos, del Frente Liberal Salteño, y espera su tratamiento en el Senado.
La norma prohíbe el ingreso y permanencia en casinos, salas de juego, bingos, hipódromos y cualquier otro establecimiento de apuestas, a todas aquellas personas que perciban la Asignación Universal por Hijo, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales de carácter no contributivo otorgados por el Estado Nacional o Provincial, y crea un Registro Provincial de Beneficiarios de Programas Sociales, con el fin de cuidar fondos públicos destinados a niños, niñas y adolescentes.
“Se ha tratado de hacer una mega norma para decir que se cuida el destino de los fondos públicos pero lo cierto es que desde que ingresan a las cuentas de los beneficiarios dejan de ser fondos públicos y pasan a ser de su propiedad, y reitero, muchos de esos casos no tienen un destino asignado. No es como la tarjeta Alimentar, que es solamente para alimentos”, indicó.
Finalmente, Aguirre Astigueta resaltó: “a mi me parece que el principal problema es que seguimos en la lógica de estigmatizar a los pobres, a la gente con necesidades sociales, marcándoles conductas. Es un Estado que ni siquiera en Venezuela se imagina que sea tan gendarme, tan duro, con una especie de perfeccionismo moral que ni siquiera los legisladores tienen”.
“Cada uno decide cómo mejorar su economía familiar. Esto me parece excesivo para la competencia de la Legislatura provincial, que responde a un avasallamiento de derechos. Creo que comenzamos a invadir la esfera de privacidad de las personas y de conductas que de ninguna forma ofenden a la moral pública”, concluyó.