PolíticaEl argumento del "Lawfare" por otro camino
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reestructuró su equipo de cara a la etapa internacional de la causa Vialidad. Con el objetivo de revertir la condena por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sumó a su defensa al jurista brasileño Rafael Valim, un reconocido especialista en Derecho Público y Constitucional estrechamente ligado al entorno del mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Valim trabajará en dupla con el abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conformando un bloque técnico enfocado de forma exclusiva en los tribunales y organismos internacionales. Ambos letrados preparan la presentación oficial de su estrategia institucional en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la premisa de que la exvicepresidenta ha sido víctima de “graves violaciones a los derechos humanos fundamentales y las garantías del debido proceso”.
Quién es Rafael Valim y la estrategia del Lawfare
La designación de Valim aporta una fuerte impronta académica y política a la estrategia global de la defensa:
Formación y trayectoria: Es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) y cuenta con más de dos décadas de especialización en Derecho Constitucional y litigio ante cortes internacionales.
Vínculo conceptual: Es coautor del libro Lawfare: una introducción, una obra escrita junto a Valeska Teixeira Zanin Martins y Cristiano Zanin, actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y el abogado que logró anular las condenas de Lula da Silva en la causa Lava Jato.
La defensa buscará trazar un paralelismo directo entre la persecución judicial denunciada por el mandatario brasileño en su momento y la situación procesal de la exmandataria argentina.
El escenario judicial: Camino a los tribunales internacionales
La incorporación de este equipo internacional cobra relevancia tras agotarse las vías ordinarias de apelación en el país, luego de que el fallo condenatorio a seis años de prisión quedara firme en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dado que la Corte Suprema es el máximo tribunal de la República Argentina y sus fallos cierran definitivamente la jurisdicción local, la estrategia de Valim y Borrego no apunta a una revisión interna, sino a elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, eventualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Si bien las sentencias de los tribunales internacionales no anulan directamente de forma automática los fallos locales, pueden determinar la responsabilidad del Estado argentino por la violación de pactos internacionales, forzando a una revisión del proceso judicial.