El debate por la modificación de la Ley 27.640 de Biocombustibles sumó este miércoles nuevas voces en el Senado de la Nación, donde representantes del sector energético y empresarios expusieron posiciones contrapuestas sobre el futuro del régimen vigente. Mientras las pequeñas y medianas empresas advirtieron que algunos proyectos podrían provocar su desaparición, la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, defendió la necesidad de alcanzar una reforma consensuada que garantice inversiones y preserve el desarrollo federal de la actividad.
Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, presidida por Flavio Fama (UCR), y de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), reanudaron el plenario para avanzar en un dictamen sobre los seis proyectos presentados para modificar el actual esquema regulatorio.
Las iniciativas para modificar la actual norma, sancionada en 2021, fueron presentados por los senadores Beatriz Ávila (Independencia); José Carambia y Natalio Gadano (ambos por Movere Santa Cruz); Alejandra Vigo y Carlos Espínola (ambos de Provincias Unidas); Flavia Royón (Primero Los Salteños); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (ambos de Encuentro Misionero); y Patricia Bullrich (LLA) y otros.
Uno de los principales cuestionamientos provino de Tomás Lorda, vicepresidente de ENRESA, quien aseguró que las iniciativas en discusión "tienden a que nuestro sector desaparezca totalmente" y advirtió que las PyMES construyeron durante años un mercado interno que ahora podría quedar en manos de grandes actores integrados.
"Los grandes estaban para la exportación y las PyMES abastecían el mercado interno", sostuvo el dirigente, quien propuso elevar el corte obligatorio al 12% y establecer segmentos diferenciados para garantizar una competencia equilibrada.
También el especialista en energías renovables Claudio Molina reclamó modificaciones al proyecto oficialista y alertó sobre la necesidad de establecer límites a la concentración económica para evitar que el nuevo esquema termine afectando a empresas que generan empleo sostenible.
En contraste, desde YPF, Mauricio Alejandro Martín sostuvo que la actual normativa ha generado ineficiencias y defendió una nueva ley basada en la competitividad y la racionalidad económica. El directivo respaldó la iniciativa impulsada por la senadora Patricia Bullrich y consideró que elevar el corte del biodiésel por encima del 10% podría generar dificultades técnicas y mayores costos para los consumidores.
En este contexto, la senadora salteña Flavia Royón se mostró favorable a una actualización del régimen, aunque con la necesidad de construir consensos y evitar cambios que perjudiquen al entramado productivo desarrollado en las provincias.
La legisladora sostuvo que “la Argentina tiene una oportunidad estratégica para expandir la industria de los biocombustibles y avanzar hacia nuevas bioenergías, aunque remarcó que las reformas deben realizarse con previsibilidad y reglas claras que permitan sostener las inversiones y el desarrollo de todos los actores de la cadena”.
Con posiciones enfrentadas entre petroleras, grandes exportadoras y pequeñas y medianas empresas, el Senado continuará con las reuniones informativas en busca de un acuerdo que permita establecer un nuevo marco regulatorio para un sector considerado clave en la transición energética y en el desarrollo de las economías regionales.