Van por los senadores "sueltos"
Mientras el calendario legislativo avanza en “modo pausa” por el receso de verano, la discusión por la reforma laboral no se tomó vacaciones. En ese paréntesis institucional, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió mover fichas y preparar una estrategia de presión política de cara al debate que el oficialismo busca reactivar en febrero en el Senado de la Nación Argentina y por el cual apunta a los “sueltos” como la salteña Flavia Royón.
La central obrera confirmó que participará de las reuniones técnicas que comenzarán en la segunda quincena de este mes para negociar cambios en el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei, aunque todavía no definió si enviará dirigentes sindicales de primera línea o si delegará esa tarea en abogados laboralistas que asesoran a la conducción del triunvirato.
La posibilidad de que los gremios lleguen al Congreso con equipos legales propios es leída, puertas adentro, como una forma de “marcar la cancha” sin escalar el conflicto a una confrontación abierta.
“No se definió todavía si van a ir los dirigentes o si al final van a mandar a sus representantes legales”, reconoció una fuente sindical a la Noticias Argentinas. La frase sintetiza el momento: cautela táctica, pero con presencia asegurada.
La comisión técnica del Senado comenzará a funcionar desde el 16 de enero y reunirá a representantes del sindicalismo y del sector empresario, con el objetivo de introducir modificaciones que luego serían tratadas en el recinto el 10 de febrero. La instancia fue habilitada, luego de que el debate previsto para diciembre quedara postergado ante la fuerte resistencia de la CGT y la falta de consensos suficientes.
Detrás de esa negociación formal, sin embargo, se despliega una rosca política más silenciosa. Según confirmó La Nación, la CGT activó contactos con senadores considerados “indecisos” para intentar bloquear o, al menos, desarmar los artículos más sensibles de la reforma. En ese radar aparece la senadora salteña Flavia Royón, junto a legisladores de Córdoba, Corrientes, Santa Cruz y Neuquén.
En el sindicalismo identifican a ese grupo como el centro político del Senado: legisladores que no responden de manera directa a la Casa Rosada, pero que tampoco se alinean con una oposición frontal.
El objetivo de la CGT es reunir entre siete y ocho voluntades que permitan frenar los cambios que consideran más regresivos. Salta, en ese esquema, aparece como una provincia clave dentro de un tablero de votos ajustado.
La estrategia quedó en manos del ala más dialoguista de la central obrera, encabezada por Cristian Jerónimo y Jorge Sola, dos de los tres secretarios generales de la CGT. El tercer integrante del triunvirato, Jorge Argüello, representa el sector más duro, que empuja por una confrontación abierta y no descarta medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios sustanciales.
El trasfondo del conflicto está en la “letra chica” del proyecto. La CGT rechaza gran parte de la iniciativa, en particular los artículos que modifican el cálculo de las indemnizaciones por despido, redefinen las condiciones de la actividad gremial y crean el Fondo de Asignación Laboral (FAL) como alternativa al esquema tradicional.
Según advierten, ese fondo, financiado con un aporte del 3% de los empleadores y administrado bajo la órbita del Estado, “desfinancia el sistema previsional y de salud” y reduce la protección del trabajador frente a la pérdida del empleo.
También genera resistencia la ampliación de las actividades consideradas esenciales, que deberán garantizar servicios mínimos durante las huelgas, y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, un cambio que habilitaría la primacía de acuerdos por empresa sobre los pactos sectoriales. Para el sindicalismo, ese combo “licúa” el poder de negociación de los gremios y fragmenta la representación.
La ofensiva cegetista no es nueva, ya que, el pasado 18 de diciembre, la central obrera marchó a Plaza de Mayo para expresar su rechazo a la reforma y dejó en claro que el conflicto no se agotaría en una protesta simbólica. En paralelo, mantuvo encuentros con gobernadores y bloques provinciales, incluso antes de que el texto oficial ingresara formalmente al Congreso.
Santilli llega tarde
El ministro del Interior, Diego Santilli, inició una gira por las provincias para contactar con gobernadores y recomponer apoyos. Según trascendió el ahora libertario, llegaría la próxima semana a Salta para “convencer” a Sáenz y Royón de apoyar la reforma laboral.
Mientras que el oficialismo busca avanzar en espejo en el Senado y en Diputados para evitar cambios que obliguen a devolver el proyecto a la Cámara de origen y dilaten el calendario legislativo.
En ese escenario, febrero aparece como un mes en el que la CGT apuesta a llegar a esa instancia con los votos necesarios para torcer el rumbo de la reforma o, al menos, “desarmarla por piezas”.
El Gobierno, en cambio, necesita mostrar capacidad de avanzar con una de sus reformas estructurales más ambiciosas. Entre ambas estrategias, el Senado se perfila como el campo de juego donde se definirá la “Ley de Modernización Laboral”, pero también la fuerza política del oficialismo y oposición en este 2026.