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La Cámara Federal de Salta confirmó la vigencia de la orden judicial que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad a ejecutar obras urgentes sobre la Ruta Nacional 34, en el tramo que une Urundel con Salvador Mazza. De este modo, el tribunal desestimó la apelación presentada por el Estado nacional y dejó firme la medida cautelar dictada en noviembre por la Justicia Federal de Tartagal.
La resolución, fechada el 2 de febrero de 2026, se dictó en el marco de una acción de amparo colectivo impulsada por el ex senador nacional Sergio Leavy junto a vecinos de Tartagal y de otras localidades del departamento San Martín, quienes reclamaron por el grave estado de la traza y el riesgo permanente para quienes transitan por la zona.
El fallo fue firmado por los jueces de Cámara Luis Renato Rabbi Baldi Canabillas y Ernesto Sola Espeche, quienes ratificaron que Vialidad Nacional deberá avanzar con las reparaciones ordenadas y que dichas obras no podrán ser suspendidas mientras se discute el fondo de la causa.
En concreto, el tribunal rechazó el recurso presentado por la Dirección Nacional de Vialidad contra la sentencia cautelar del 26 de noviembre de 2025. Con esta decisión, quedó plenamente vigente la obligación de intervenir uno de los corredores viales más deteriorados del norte argentino, estratégico tanto para el tránsito regional como para la conexión internacional con Bolivia.
La medida original había sido dispuesta por el Juzgado Federal de Tartagal luego de constatar el severo deterioro de la calzada: pozos profundos, grietas, socavones, deformaciones del asfalto, banquinas en mal estado y falta de desmalezado. Según se indicó, estas condiciones representan un peligro concreto para la vida y la integridad física de los usuarios de la ruta.
En su análisis, la Cámara sostuvo que la apelación de Vialidad Nacional no logró acreditar un perjuicio concreto derivado de la medida cautelar. Incluso, el propio organismo reconoció en el expediente que ya se encuentran realizando tareas de mantenimiento en ese sector de la ruta.
Por ese motivo, los jueces consideraron que la orden judicial no impone nuevas obligaciones, sino que refuerza deberes que ya le corresponden al organismo por mandato legal. Asimismo, descartaron que la decisión implique una intromisión en funciones del Poder Ejecutivo, ya que se limita a exigir trabajos mínimos e indispensables para reducir riesgos en una traza que presenta un marcado deterioro y un impacto directo en la seguridad vial.
