En un tono muy duro frente al Gobierno nacional de Javier Milei, que contrasta con la relación de cercanía política que intenta mostrar el Presidente para con el mandatario salteño, sobre todo por el apoyo de los legisladores de Salta a los proyectos libertarios como la Ley de Glaciares y otros; el gobierno de Gustavo Sáenz lanzó un plan de austeridad por 180 días ante la fuerte caída de la coparticipación.
La medida, oficializada mediante decreto, dispone el congelamiento de salarios de funcionarios, la suspensión de nuevas contrataciones y un severo recorte en gastos operativos, incluyendo combustibles, viajes y uso de recursos estatales. Las misiones oficiales al exterior quedarán prohibidas, salvo casos de extrema necesidad. Además, invita a los municipios, jueces y legisladores a hacer lo mismo.
Pero el dato político sobresaliente no fue solo el ajuste, sino el tono de enojo del Gobierno salteño frente a la Casa Rosada.
“Salta le tapa los baches a Nación”
La vocera provincial, Paula Benavides, fue contundente al cuestionar el impacto de las políticas nacionales en las provincias.
“Las fuerzas del cielo no conocen de territorialidad. Salta le está tapando todos los baches a Nación”, lanzó, en una crítica directa al relato libertario.
Además, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura:
“Hace dos años que Nación no hace una sola casa en la provincia”.
Las declaraciones reflejan un clima de creciente tensión entre el Gobierno provincial y la administración libertaria, en un contexto de recortes generalizados y caída del consumo. Explicó que, por ejemplo, solo en combustible, Nación se lleva el 50% de lo que pagan los salteños y a cambio debería hacer rutas, casas y otorgar subsidios, pero en cambio no hizo una sola obra y los subsidios de los dio a Buenos Aires.
Ajuste “puertas adentro”
Según explicó Benavides, el decreto apunta a reorganizar las cuentas públicas sin trasladar el ajuste a los sectores más vulnerables.
“El ejemplo debe empezar por casa”, sostuvo, al detallar que el congelamiento salarial alcanza a toda la estructura política: gobernador, ministros, secretarios, autoridades de entes descentralizados y empresas del Estado.
Entre las principales medidas se destacan:
- Suspensión total de nuevas contrataciones
- Prohibición de viajes al exterior (salvo urgencias)
- Eliminación de gastos de protocolo y cortesía
- Revisión de contratos en moneda extranjera en un plazo de 60 días
- Control estricto del uso de vehículos oficiales y consumo de combustible
- Rendiciones mensuales obligatorias de organismos descentralizados
La normativa también invita a los otros poderes del Estado a adherir a criterios similares.
Efecto dominó en las provincias
La decisión de Salta se da en sintonía con otras provincias que comenzaron a ajustar el gasto ante la caída de recursos.
En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua fue más allá: congeló su salario hasta fines de 2026 y se excluyó de cualquier aumento en la administración pública.
En tanto, en Mendoza, el mandatario Alfredo Cornejo dispuso topes trimestrales al gasto, restricciones a nuevas contrataciones y limitaciones incluso en el uso de celulares oficiales.
El impacto del ajuste nacional
Desde el Gobierno salteño advierten que la caída de la coparticipación está directamente vinculada a la retracción del consumo, en un contexto económico adverso.
A esto se suma la eliminación de programas nacionales como “Volver al Trabajo”, que en Salta impactaba en más de 53.000 beneficiarios y representaba unos 4.000 millones de pesos mensuales que dinamizaban la economía local.
Según la Provincia, ese recorte “se siente en los comercios de cercanía y en la vida cotidiana”.
Un Estado provincial que absorbe la crisis
En contraposición con los recortes nacionales, el Ejecutivo salteño asegura que continúa sosteniendo áreas sensibles como:
- Subsidios al transporte
- Incentivo docente
- Asistencia a instituciones de discapacidad como Hirpace
- Operativos sociales en zonas vulnerables
También destacaron la asistencia durante la emergencia climática, con más de 100 vuelos para el traslado de alimentos, agua y medicamentos, y la entrega de miles de módulos alimentarios en el norte provincial.
Cambio de clima político
El endurecimiento del discurso marca un punto de inflexión en la relación entre Salta y Nación. Benavides no dejó pasar las polémicas declaraciones de Gabriela Flores, diputada nacional por Salta de la Libertad Avanza, que admitió que su hijo usa pasajes del Congreso para estudiar en Buenos Aires: “pobrecito”, dijo la vocera.
De hecho, varios medios de comunicación nacionales se hicieron eco, algunos como Infobae fueron drásticamente duros en su condena a las declaraciones, ya que además calificaron a la salteña como “bruta y chorra”, calificativos que, al margen de que lo sucedido sea ilegítimo, también connotan un aspecto discriminador para el interior de acuerdo a las apreciaciones en redes sociales.
Lo que hasta hace poco era una relación de diálogo y acompañamiento, hoy muestra señales de desgaste, con una provincia que empieza a marcar límites frente al ajuste libertario y a reclamar mayor presencia del Estado nacional en el territorio.
Mientras tanto, el ajuste ya está en marcha —y, esta vez, acompañado de un mensaje político mucho más directo.