La crisis dentro del Ministerio de Seguridad de Jujuy sumó un nuevo capítulo con la renuncia del secretario a cargo, que viajó desde Salta hace un año para asumir ese rol, el militar retirado Juan Manuel Pulleiro, en medio del conflicto salarial que mantiene en alerta a la Policía provincial y al Servicio Penitenciario.
Aunque el Gobierno aún no confirmó oficialmente quién asumirá el cargo, la salida del funcionario se produjo en un escenario marcado por negociaciones confusas, malestar interno y decisiones administrativas que terminaron profundizando la tensión.

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la interpretación de la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo aunque de manera informal y oral, ya que el gobernador Carlos Sadir se encontraba de viaje en Estados Unidos con Javier Milei.
Según expresó a Gente de Salta el periodista de la vecina provincia, Álvaro Tejada, el ofrecimiento oficial consistiría en un porcentaje de incremento aplicado al sueldo básico. Sin embargo, voceros vinculados a los efectivos policiales habrían interpretado (o fueron informados de forma errónea) la propuesta como un aumento directo al salario de bolsillo. La diferencia entre ambas lecturas es sustancial y, ante la falta de un petitorio formal o un acta clara de acuerdo, podría convertirse en el principal foco de conflicto durante la reunión prevista para el próximo lunes.
La ausencia de documentación que detalle los términos de la negociación dejó abierto un margen de interpretación que hoy complica el diálogo. Mientras el Gobierno sostiene que el ofrecimiento apunta a recomponer el básico salarial, dentro de la fuerza se instaló la expectativa de un incremento más significativo en el ingreso neto mensual. Esa brecha entre lo esperado y lo planteado oficialmente podría reactivar las medidas de presión si no se logra una aclaración inmediata.

Pedido y ofrecimiento por ahora de palabra
El Gobierno de Jujuy anticipó que los agentes recién incorporados recibirán un sueldo mínimo neto de 1.150.000 pesos desde marzo. Además, se incluiría el pago de un adicional por presentismo y mejoras en los conceptos de títulos y posgrados.
El impacto del conflicto se potenció ante los incrementos diferenciados otorgados a la plana mayor de la fuerza, quienes recibieron un aumento del 70%. Además, sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) accedieron a beneficios excluyentes, lo que profundizó el malestar entre agentes de menor rango.
Antes de renunciar, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, notificó que las resoluciones que concedían estos aumentos serían anuladas, una decisión orientada a calmar la tensión dentro de la institución policial que estará por verse.
Los delegados por su parte presentaron un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario.

Malestar por los aspirantes salteños incorporados en Jujuy
A este escenario se sumó otra decisión que generó fuerte malestar dentro de la estructura policial, indicó Tejada. Días antes de su renuncia, Pulleiro autorizó mediante resolución ministerial el ingreso de 25 nuevos agentes, once de los cuales son salteños, cuando la formación es de aproximadamente dos años y medio. Que casi la mitad sean oriundos de la provincia de Salta, despertó cuestionamientos internos sobre el procedimiento utilizado para su incorporación.
La medida fue interpretada por algunos sectores de la fuerza como una decisión poco oportuna en medio del conflicto salarial, especialmente porque se habría concretado por resolución directa del ministro y no mediante los mecanismos habituales de convocatoria y selección.
El contexto político también incidió en la escalada de la crisis. Durante los últimos días, el gobernador Carlos Sadir se encontraba fuera de la provincia participando de actividades institucionales junto al presidente Javier Milei, lo que dejó el conflicto sin una conducción política directa en su etapa más sensible. En ese marco, la renuncia de Pulleiro terminó configurando un cambio inesperado en la conducción del área de seguridad.

Con el ministerio sin titular confirmado y las negociaciones aún abiertas, todas las miradas están puestas en la reunión prevista para el lunes, donde representantes policiales esperan definiciones concretas sobre la recomposición salarial. De no lograrse un acuerdo claro que despeje las diferencias en la interpretación del aumento, el conflicto podría ingresar en una nueva fase de tensión dentro de una de las áreas más sensibles de la administración provincial.
Por ahora, el silencio oficial mantiene abiertas todas las hipótesis y deja a la provincia a la espera de una definición política que permita encauzar el diálogo con una fuerza que continúa en estado de alerta.
