La modificación de la Ley de Glaciares se llevará a cabo durante las sesiones extraordinarias, que comienzan el próximo lunes 2 febrero, y el debate sobre este tema en particular probablemente tendrá fecha el martes 10.
El proyecto impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei pretende redefinir la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, puntualmente en artículos claves relacionados con la relevancia hídrica y con brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus recursos.

En este contexto, se espera un debate intenso con los sectores parlamentarios opositores a La Libertad Avanza (LLA), como es el caso de la mayoría de los legisladores de Unión por la Patria (UxP), a los que se suman las ya anunciadas manifestaciones de organismos ambientalistas que rechazan el tratamiento, debido a que la modifación de la ley actual (26.639) dejaría sin efecto la prohíbición de actividades mineras y de hidrocarburos que puedan afectar la condición natural de los glaciares, el ambiente periglacial y las cuencas hídricas, todas ellas consideradas reservas de agua.
Es decir que, mientras el oficialismo pretende habilitar proyectos vinculados a la megaminería y con ello facilitar el desarrollo económico, especialmente en los sectores de hidrocarburos, el bloque peronista defiende su preservación para conservar las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, que es el principal objetivo de la ley vigente.
Intereses contrapuestos
En esta misma línea, el bloque libertario del Senado aseguró que la ley actual genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”, por lo que el proyecto que impulsan busca restringir el objeto de protección solo a aquellos glaciares que “cumplan una función hídrica efectiva y estratégica” y que, a la vez, permitan actividades productivas en áreas protegidas.
Fuentes legislativas indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que, de ser conseguida esa modificación, otorgará mayor autonomía a cada una de las provincias para decirdir sobre sus recursos naturales, reclamo que comparten los territorios con posible explotación de Litio y Cobre, como son Salta, San Juan, Catamarca y Jujuy.
En los recientes encuentros entre los gobernadores y los funcionarios clave del gobierno, como Manuel Adorni y Diego Santilli, un tema recurrente ha sido la necesidad de revisar la reglamentación de la Ley de Glaciares. Las provincias mineras insisten en la necesidad de extender las áreas habilitadas para la explotación, argumentando que la normativa actual frena el desarrollo económico de sus regiones.
"Es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación, estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar", sentenció Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, tras su visita a la Casa Rosada, tal como publicó Gente de Salta. Sus palabras reflejan el sentir de otras provincias mineras como Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz, que ven en esta modificación una oportunidad para impulsar sus economías.
La diputada nacional por Salta, Flavia Royón, opinó que es una discusión que hay que darla e informar con propiedad, porque hasta ahora, la visión de desarrollo ha sido muy centrista con una minería olvidada o más bien usada por la política como bandera antiambiente.
Los legisladores opositores de estas provincias se encuentran “bajo presión”, ya que la normtiva actual frena proyectos mineros y genera un debate sobre si posicionarse a favor del desarrollo productivo o del medioambiente.
Por el momento, se dejó entrever que evitarán una reforma que elimine por completo la ley y buscarán un documento que priorice la protección ambiental, pero sin dejar de lado el desarrollo económico, aunque las posturas provinciales dividen al interbloque.
Asimismo, los senadores que apoyan la modificación fundamentan que se busca dar “certezas técnicas” para compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, sin eliminar las auditorías.