PolíticaApuntó a Hebe de Bonafini, Aníbal Fernández y Amado Boudou
En el marco del juicio oral que investiga desvíos millonarios y un presunto fraude al Estado, Sergio Schoklender, uno de los principales responsables del programa de viviendas sociales "Sueños Compartidos" —ejecutado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante el gobierno kirchnerista—, amplió su declaración indagatoria con el objetivo de desvincularse de las irregularidades financieras investigadas.
Durante su comparecencia, Schoklender atribuyó las responsabilidades de los presuntos desvíos a la fallecida expresidenta de la fundación, Hebe de Bonafini, y a diversos exfuncionarios de la gestión nacional de aquel período, entre ellos Aníbal Fernández y Amado Boudou.
Defensa de la gestión y origen de los fondos
El imputado defendió la integridad de la obra pública bajo su dirección, asegurando que se trató de un desarrollo "intachable" y sin desvíos de fondos durante su gestión. Asimismo, argumentó que su estándar económico personal disminuyó tras el inicio del programa debido al volumen de recursos propios que debió aportar para sostener la estructura operativa, incluyendo la adquisición de dos aeronaves con fondos personales.
Schoklender, quien se desempeñó como apoderado de la fundación en el período auditado, está acusado junto a su hermano Pablo de desviar más del 23% del presupuesto asignado al proyecto habitacional, cifra que en su momento superaba los 200 millones de pesos. La acusación lo vincula a una red de sociedades comerciales utilizadas para canalizar dichos activos, entre ellas Meldorek SA, firma en la cual adquirió el 90% de las acciones y que registró la compra de vehículos de alta gama y aviones.
Ante el tribunal, justificó la necesidad de manejar importantes sumas de dinero en efectivo debido a la envergadura nacional del proyecto y a las limitaciones de infraestructura bancaria en diversas localidades del interior del país.
Reconocimiento de errores operativos
El exapoderado identificó dos falencias principales en el desarrollo del plan:
La contratación inicial de profesionales con perfil militante: Señaló que la falta de rigurosidad laboral de estos equipos lo obligó a reestructurar el área con personal técnico calificado.
La delegación de tareas en organizaciones sociales territoriales: Afirmó que la intermediación de estos grupos generó severos inconvenientes operativos, mencionando de manera específica al esquema liderado por Emerenciano Sena en la provincia de Chaco.
Denuncias sobre desvío de recursos y convenios políticos
Al ser interrogado sobre la recepción de subsidios complementarios, Schoklender sostuvo que el abogado de Derechos Humanos, Eduardo Barcesat, propuso a Hebe de Bonafini la creación de un centro de investigación financiado mediante un subsidio directo de Aníbal Fernández.
Según el declarante, el propósito de dicha estructura era canalizar denuncias sistemáticas contra funcionarios del partido Pro en la Ciudad de Buenos Aires. Y ratificó que el programa contó con un financiamiento significativo por parte del expresidente venezolano Hugo Chávez.
Por otra parte, cuestionó la constitución de un fideicomiso posterior a su desvinculación de la entidad en 2011. Aseguró que dicha estructura fue diseñada por profesionales contables vinculados al exvicepresidente Amado Boudou con el propósito de absorber el patrimonio de la fundación, contando para ello con la autorización de Bonafini.
Antecedentes del proceso judicial
Esta declaración complementa la indagatoria realizada el pasado mes de marzo, oportunidad en la que Schoklender ya había acusado a Bonafini de subordinar los recursos del programa habitacional a las necesidades de movilización y financiamiento político del kirchnerismo, desvirtuando el objeto social de la organización.
El programa "Sueños Compartidos", cuyos activos provenían del Ministerio de Planificación, contemplaba un abordaje integral que incluía la edificación de viviendas sociales y centros de salud para comunidades vulnerables.
Actualmente, el proceso judicial —iniciado en los límites del plazo de prescripción— mantiene en el banquillo de los acusados a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, así como a los exfuncionarios públicos Julio de Vido, José López, Abel Fatala y Luis Rafael Bontempo, entre otros. Hebe de Bonafini, imputada originalmente en la causa, fue sobreseída por fallecimiento en noviembre de 2022.