En el marco de una nueva edición de Jonagro, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, delineó este martes parte de la estrategia del Gobierno nacional para el sector agropecuario y ratificó que una nueva Ley de Semillas será una de las reformas estructurales que buscará impulsar la administración de Javier Milei.
Durante su exposición, luego de las palabras de apertura de Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, el funcionario defendió la necesidad de reforzar el sistema de propiedad intelectual vinculado a la biotecnología y anticipó cambios profundos en el funcionamiento del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
“El derecho a la propiedad de la semilla es defender al productor, para que tenga la posibilidad de acceder a la mejor genética”, sostuvo Sturzenegger al referirse a uno de los debates históricos dentro del agro argentino.
El nuevo rol del Inase
Uno de los anuncios centrales del ministro fue que el Gobierno proyecta quitarle al Inase la fiscalización directa sobre semillas y trasladar esa función al sector privado. “Lo que estamos haciendo con el Inase es transferir la potestad de la fiscalización al sector privado; el Inase va a quedar como un tribunal de alzada cuando hay conflicto”, explicó.
De esta manera, el organismo dejaría de tener un rol de control operativo y pasaría a funcionar como instancia de apelación ante eventuales controversias entre privados. La propuesta representa un cambio profundo en el esquema de regulación del mercado de semillas y se enmarca en la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional.
En su discurso, Sturzenegger planteó que la Argentina mantuvo durante décadas una visión equivocada sobre la protección de las patentes y los derechos de propiedad intelectual en semillas.
Según sostuvo, la falta de reglas claras terminó afectando la incorporación de nuevas tecnologías y reduciendo la competitividad del sector agropecuario argentino frente a otros países de la región. Para ejemplificarlo, comparó el escenario local con el crecimiento productivo registrado en Brasil, especialmente en el cultivo de algodón.
“La Argentina podría incluso duplicar la producción de algodón si lograra incorporar genética de mayor potencial. No tener derecho de propiedad nos ha afectado fundamentalmente la productividad”, afirmó.
El funcionario remarcó que, desde la visión oficial, garantizar los derechos sobre desarrollos biotecnológicos no implica favorecer exclusivamente a las empresas semilleras, sino generar incentivos para que lleguen al país variedades más avanzadas y de mayor rendimiento.
La discusión sobre una nueva Ley de Semillas atraviesa al sector agropecuario desde hace años y enfrenta posiciones contrapuestas entre empresas biotecnológicas, productores y entidades rurales.
Mientras algunos sectores reclaman fortalecer el reconocimiento de la propiedad intelectual para incentivar inversiones y desarrollo genético, otros advierten sobre posibles impactos económicos para pequeños y medianos productores.
Con las definiciones realizadas en Jonagro, el Gobierno dejó en claro que buscará avanzar hacia un esquema con mayor protagonismo privado en la fiscalización y con un marco legal más favorable para las patentes y el desarrollo tecnológico aplicado al agro.