PolíticaMedidas preventivas
La Oficina del Presidente de la República Argentina comunicó este viernes el bloqueo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, tras haber “reunido elementos suficientes” que justifican el avance de la medida.
Según el texto oficial, el procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Información Financiera (UIF), que inició el relevamiento y análisis de información clave para avanzar en el congelamiento de cuentas sospechadas de canalizar fondos hacia actividades vinculadas al terrorismo y otras amenazas graves contra el orden público.
Desde Presidencia destacaron que la decisión posiciona a la Argentina como pionera en la región, al tratarse de una de las primeras acciones de este tipo aplicadas en América Latina.
“La medida dispuesta representa un precedente de relevancia internacional y se convierte en la primera acción de estas características en Latinoamérica”, señalaron en el parte oficial.
El comunicado también vincula la disposición con la incorporación de nuevos objetivos estratégicos en la lucha contra el lavado de activos, impulsados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Dichos lineamientos fueron formalizados mediante una publicación en el Boletín Oficial realizada el miércoles pasado.
En ese marco, el Gobierno indicó que ya se avanza en el desmantelamiento de circuitos financieros ligados al comercio ilegal y a la proliferación de armamento de destrucción masiva, una práctica que —según remarcan— muy pocas jurisdicciones a nivel mundial han adoptado de manera concreta.
De acuerdo con la comunicación oficial, el congelamiento de activos se enmarca dentro de principios y estándares internacionales, y se encuentra plenamente respaldado por las facultades legales asignadas a la UIF por la normativa argentina vigente.
El documento, firmado por el presidente Javier Milei, sostiene que la decisión cumple con los compromisos asumidos por la Argentina ante la comunidad internacional, y refuerza una política de rastreo exhaustivo de movimientos financieros sospechosos dentro del sistema económico local, como parte de una estrategia más amplia contra el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas complejas.
El marco legal que habilitó el congelamiento
La medida se apoya en la Resolución 3/2026 de la Unidad de Información Financiera, publicada el miércoles pasado en el Boletín Oficial, que estableció por primera vez un procedimiento específico para detectar, reportar y congelar activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La normativa incorpora a la legislación argentina los estándares internacionales fijados por la Organización de las Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y obliga a bancos, financieras y demás sujetos alcanzados por la Ley 25.246 a reportar en un plazo máximo de 24 horas cualquier operación sospechosa vinculada a este tipo de delitos.
Entre los puntos centrales, la resolución habilita el congelamiento administrativo inmediato de bienes y activos, sin necesidad de una orden judicial previa, cuando existan indicios suficientes de que los fondos podrían estar relacionados con programas de proliferación de armamento prohibido, financiamiento del terrorismo o sanciones dictadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La medida debe ser luego comunicada al Ministerio Público Fiscal y al juez federal competente, que definirá su continuidad.
El texto también refuerza la obligación de verificar listas internacionales de personas y entidades sancionadas, prohíbe informar a los clientes afectados sobre la existencia de las medidas y prevé sanciones para las entidades que incumplan los controles.
La resolución fue firmada por el titular de la UIF, Paul Starc, y busca subsanar observaciones realizadas en la última evaluación internacional sobre el sistema argentino de prevención del lavado de activos y financiamiento ilícito, alineando al país con los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.