En el Gobierno se cocina una reforma que podría redefinir el panorama de la inteligencia nacional. La administración Milei se prepara para otorgar mayor poder a la SIDE, concentrando bajo su égida todo el sistema de inteligencia. .
La promesa: Un sistema más moderno, ordenado y legítimo, integrado al Estado y adaptado a las amenazas contemporáneas. La realidad: Las modificaciones le dan más poder a Karina Milei en el contexto de su disputa con Santiago Caputo, quien manejaba resortes clave de la Inteligencia.
El borrador del DNU revela una apuesta por el hermetismo. El artículo 2 establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
Una declaración que anticipa un debate sobre la transparencia y los límites del accionar de los servicios de inteligencia.
Otro punto álgido, plasmado en el artículo 19, ya ha generado fuertes críticas desde la oposición. Este artículo faculta a los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia a garantizar su propia seguridad y la de sus activos, "encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo", incluso en los lugares donde desarrollen sus actividades. La potestad de "aprehender personas" en el marco de actividades de inteligencia, auxilio judicial o "comisión de delitos en flagrancia", con el debido aviso inmediato a las fuerzas competentes, añade un elemento de controversia a la ecuación.
La reestructuración interna también es significativa
La Agencia de Seguridad se transformará en la Agencia Nacional de Contrainteligencia, mientras que la Agencia Federal de Ciberseguridad cederá su lugar a la Agencia Federal de Ciberinteligencia.
La División de Asuntos Internos pasará a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, buscando, según fuentes oficiales, reforzar la conducción jerárquica y el control interno del sistema.
En el corazón de la reforma, según voceros oficiales reside la intención de separar la inteligencia de las funciones policiales, adaptándola a las amenazas actuales y sometiéndola a mayores controles.
El supuesto objetivo final: mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo.
Una de las claves de esta modernización, según las fuentes, es la clara delimitación de funciones. El sistema, aseguran, no realizará tareas policiales ni judiciales, sino que se limitará a producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo. Además, se busca brindar respaldo legal al personal, definiendo con precisión los límites de su accionar.
La separación entre ciberinteligencia y ciberseguridad es otro aspecto central. Mientras que la ciberseguridad, a través del Centro Nacional de Ciberseguridad dependiente de la Jefatura de Gabinete, se enfocará en la protección de redes y sistemas, la ciberinteligencia permanecerá bajo la órbita de la SIDE.
La Agencia de Seguridad Nacional, ahora reorientada exclusivamente a la contrainteligencia, evitará superposiciones con la Policía Federal, dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad.
La contrainteligencia se define como la acción preventiva para detectar y analizar "espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera", adaptando el marco normativo a "las nuevas formas de amenaza tecnológica, política y cognitiva".
El DNU también habilita formalmente a la inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, "sin confundir funciones, para optimizar recursos y capacidades". Además, elimina la Dirección Nacional de Inteligencia de Estratégica Militar, trasladando la producción de inteligencia estratégica militar al Estado Mayor Conjunto.
El DNU en el Congreso
El DNU deberá ser tratado en el Congreso por la Comisión Permanente de Trámite Legislativo, que dispone de diez días hábiles para analizar el decreto una vez que el Gobierno lo envíe al Parlamento. Según la ley 26122, el Gobierno debe comunicar el DNU en un plazo de 10 días hábiles.
En este contexto, el diputado Esteban Paulón declaró a Noticias Argentinas que el "Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad".
Paulón destacó que, una vez cumplidos los plazos para su tratamiento en comisión, "nosotros lo podríamos rechazar después del décimo día por votación mayoritaria en ambas cámaras". El debate está abierto, y el futuro de la inteligencia nacional pende de un hilo en el Congreso.
Los cuestionamientos se centran en el DNU 941/2025, que otorga a la SIDE facultades para aprehender personas en casos de flagrancia y califica todas sus actividades como “encubiertas”, lo que para diversos sectores representa la instauración de un “Estado policial”.
Desde el kirchnerismo, el diputado Leopoldo Moreau denunció que la medida “clausura la conducción civil de la inteligencia” y crea de facto una “policía secreta”.
En sintonía, el exministro de Defensa Jorge Taiana alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una “Guardia Nacional” subordinada a tareas de seguridad interior.
Por su parte, el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el “espionaje político”, ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional.
Dirigentes como Maximiliano Ferraro (CC) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario.
Mientras tanto, el PRO mantiene un cauteloso silencio, aunque sus referentes en la comisión fiscalizadora ya coordinan acciones para auditar el alcance de los nuevos cambios.