PolíticaPresunto lavado de dinero
Otra noticia sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga. El ministerio de Justicia ha anunciado que requerirá a ambas entidades explicaciones detalladas sobre sus balances financieros.
Esta acción se enmarca en la investigación en curso sobre presunto lavado de dinero, un espectro que acecha las sombras del deporte más popular del país.
La Secretaría de Justicia, a través de un comunicado oficial, detalló que la Inspección General de Justicia (IGJ) será el brazo ejecutor de esta solicitud. "A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones", reza el texto, dejando claro que nadie está exento del escrutinio legal.
Las cifras en cuestión no son menores.
El Gobierno ha puesto la lupa sobre balances que, en el caso de la AFA, superan los US$ 111.000.000, y en el de la Superliga, alcanzan la asombrosa suma de US$ 340.000.000. Montos que exigen una justificación clara y transparente, en un contexto donde la confianza pública se ha erosionado en diversos ámbitos.
Además de los números globales, la IGJ ha solicitado a la AFA la presentación de documentación específica sobre gastos e inversiones que no se ajustan estrictamente a las actividades contempladas en sus estatutos.
Un punto particularmente sensible, dado que "la AFA es una asociación sin fines de lucro", recordaron desde el Ministerio, enfatizando la necesidad de coherencia entre su naturaleza jurídica y sus movimientos financieros.
El mensaje desde la cúpula del Ministerio es contundente. “Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ”, afirmó la Secretaría de Justicia que conduce Sebastián Amerio, dejando entrever una determinación férrea de aplicar la ley sin distinciones.
