La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a criticar implícitamente al presidente Javier Milei, por la compra de un avión en mal estado, un Embraer ERJ-140LR, para la Fuerza Aérea, y aseguró que, en otras gestiones y por cuestiones “mucho menos” importantes, “renunciaban todos los implicados”.
Según la acusación, la operación habría sido direccionada desde su inicio y concretada con sobreprecios, en medio de condiciones que ya son fuertemente cuestionadas por especialistas del sector aeronáutico.
El proceso administrativo ha despertado alarmas debido a la velocidad con la que se resolvió. La licitación, que tenía como objetivo incorporar una aeronave de transporte mediano, se inició en mayo de 2025 y, en menos de dos meses, el contrato ya se encontraba adjudicado a la empresa ganadora.
En un plazo inusualmente corto de menos de dos meses, el proceso ya había sido adjudicado, despertando las críticas de especialistas del sector aeronáutico por la velocidad del trámite y la ausencia de estudios de mercado que justificaran la inversión.
La sospecha de un pliego "armado a medida" cobra fuerza al analizar los detalles: el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero que no poseía funciones operativas vinculadas al transporte aéreo.
Asimismo, las especificaciones del pliego habrían sido confeccionadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar, favoreciendo directamente a la firma Regional One Inc., que finalmente resultó la adjudicataria.
La aeronave en cuestión fue comprada por más de 4 millones de dólares, a pesar de que otra empresa competidora había ofertado un avión similar a un menor valor. El dato más llamativo —y que abona la hipótesis de que la operación estaba definida de antemano— es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra, habiendo sido acondicionado desde el año 2023.
En la misma línea, la vicepresidenta apuntó contra la cartera que lleva adelante el ministro de Defensa, Carlos Presti, y remarcó que los salarios de los empleados del sector militar “están en el subsuelo” y que la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) se encuentra “totalmente quebrada”.
" Varios años atrás, por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?”, cuestionó la vicepresidenta.
Desde el entorno presidencial, se la acusa de conspirar para un posible proyecto presidencial en 2027 que, por supuesto, iría en contra de la candidatura de La Libertad Avanza (LLA); sin embargo, Villarruel denunció que varios sectores del oficialismo pretenden que presente su renuncia, hecho que descartó de manera tajante.

El quiebre entre el presidente y la vice se profundizó por varios desacuerdos con el manejo que tiene Villarruel en el Senado, mientras que ella misma expresó, de manera pública, que el mandatario debe cuidar sus formas.
Esta situación se acrecentó cuando le negaron el control en las áreas de Seguridad y Defensa, como se había pactado originalmente en la candidatura 2023.