PolíticaLa coordinadora de adicciones de la provincia, ausente
El gobernador Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para que todos los funcionarios se practiquen un examen toxicológico. El objetivo es demostrar que no consumen estupefacientes y están en condiciones de cumplir sus tareas. La iniciativa había sido impulsada por el entonces diputado provincial Juan Esteban Romero, quien le confirmó a Gente de Salta que participó de la firma en calidad de invitado por haber sido impulsor de este proyecto, que no prosperó en la Cámara de Diputados.
En ese entonces, el diputado hasta fines de 2025, criticó duramente al Gobierno y al oficialismo por haber puesto trabas e impedir que saliera su ley de bandera, “El Narcotest”, calificándolos de cómplices del blindaje del delito; sin embargo, ahora se limitó a celebrar el avance de la iniciativa sin mayores detalles:
“Me parece un hecho muy importante que el gobernador haya decidido avanzar con esta iniciativa, no conozco los detalles, esperaremos a su promulgación”, indicó.
El Gobernador posteó en sus redes sociales que este martes “firmé un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para los funcionarios de todos los poderes del Estado y organismos de control. La función pública exige idoneidad y aptitud moral. Ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad. Esta decisión apunta a fortalecer una gestión pública transparente, responsable y acorde a la confianza que los salteños depositan en sus instituciones”.
El comunicado agrega que “quien no esté en condiciones de cumplir con estos estándares deberá asumir las consecuencias previstas en la Constitución Provincial y en las normas vigentes, incluyendo, de corresponder, la remoción del cargo. Gobernar es tomar decisiones firmes, con responsabilidad y respeto por las instituciones”.
El diputado provincial mandato cumplido, Juan Esteban Romero, estuvo presente en la firma del decreto, siendo el impulsor de una ley provincial que no prosperó. De hecho, en el marco de su lucha, se sometió voluntariamente a un análisis toxicológico.
Con ese gesto buscó respaldar su proyecto de ley para hacer obligatorios estos exámenes en todos los funcionarios públicos de Salta, y establecer un precedente en la lucha contra el narcotráfico. “La transparencia y la ética son pilares fundamentales para la confianza entre los ciudadanos y sus representantes”, afirmó Romero tras su estudio en marzo de 2025 cuando todavía ocupaba su banca.
La propuesta de ley exigía que todos los funcionarios, desde el Gobernador hasta los miembros de la fuerza policial, se sometan a análisis toxicológicos obligatorios y aleatorios. “Los representantes debemos demostrar que tenemos las condiciones físicas y psíquicas para ejercer nuestros cargos”, declaró el entonces diputado.
El espíritu del proyecto es que sin consumo en las esferas de poder, menos filtración del narcotráfico en la política local y en la sociedad en general.
Un intento fallido en la Legislatura salteña: “La política se protege a sí misma”
El fracaso en Diputados de este proyecto que fue bandera de Romero, el “narcotest”, fue leído por el legislador como una muestra de autodefensa corporativa. “La política se protege a sí misma y se niega a ser controlada”, denunció sobre la grave falta de institucionalidad ante la negativa de darle espacio a su proyecto.
“La decisión del oficialismo de bloquear el debate durante un año fue una decisión política para silenciar un tema que incomoda a la política y demuestra que hay intereses mucho más profundos en que este tema no se discuta y se silencie”, sostuvo. Y fue más allá, al calificar la maniobra como una falta grave al funcionamiento republicano. “Cuando se impide discutir un proyecto que busca transparencia, lo que se protege no son las instituciones, sino los privilegios”, remarcó.
La iniciativa proponía que todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo se sometan de manera periódica a controles de consumo de drogas. En un contexto de avances del narcotráfico y causas federales resonantes, el planteo apuntaba a enviar una señal de “tolerancia cero” desde adentro del Estado.
Una ausencia llamativa
Pese a ser la persona designada para ocupar un rol preponderante en la lucha contra las adicciones, no estuvo presente en la firma del DNU que establece conductas sobre adicciones, la coordinadora interministerial de prevención y abordaje de consumos problemáticos, abogada y empresaria Alba Quintar, aunque sí estuvo su jefe directo, el jefe de Gabinete, Sergio Camacho. Tampoco trabajó en el proyecto el responsable del área de Salud Mental y Adicciones de la Provincia, licenciado en Psicología especializado en drogadependencia, Martín Teruel; el que formó parte de la redacción del DNU es el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione.