Tenía 24 años cuando se puso la Sputnik V
La Cámara Federal de Córdoba emitió un fallo sin precedentes en la Argentina al reconocer oficialmente la relación directa entre la aplicación de la vacuna Sputnik V y la muerte de Melín Sartori, una joven cordobesa de 24 años que falleció en julio de 2021 tras sufrir graves complicaciones neurológicas pocos días después de recibir la primera dosis.
La resolución judicial ordena al Ministerio de Salud de la Nación Argentina completar en un plazo de 30 días el proceso indemnizatorio previsto por la Ley 27.573, con una reparación económica estimada en alrededor de 95 millones de pesos para la familia.
El caso fue impulsado por su madre, Virginia Ruiz, médica de profesión, quien sostuvo desde el inicio que existía un vínculo entre la vacuna y el deterioro de salud de su hija. Según relató, Melín era una joven sana, deportista y sin antecedentes médicos relevantes. El 15 de julio de 2021 recibió la vacuna y apenas seis días después comenzó con cefaleas intensas y vómitos, hasta sufrir un deterioro neurológico irreversible que derivó en su fallecimiento dos semanas más tarde.
El abogado de la familia, Martín Barbará, calificó el proceso como “novedoso y engorroso”, debido a que durante la pandemia no existían mecanismos claros ni protocolos específicos para denunciar y analizar efectos adversos graves vinculados a vacunas contra el Covid-19.
Uno de los puntos centrales del fallo fue el informe elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, que reconoció formalmente el nexo causal entre la aplicación de la Sputnik V y el daño sufrido por la joven.
La sentencia también cuestionó falencias del sistema sanitario durante la pandemia. Según expuso la defensa, la vacuna no contaba entonces con un sistema de farmacovigilancia suficientemente desarrollado y los centros de salud no estaban preparados para detectar y tratar cuadros neurológicos de estas características.
Virginia Ruiz aseguró además que, tras la muerte de su hija, intentó advertir a las autoridades sanitarias sobre el lote específico de la vacuna aplicada, con la intención de prevenir otros posibles casos. Sin embargo, denunció que el caso fue inicialmente descartado por falta de certezas y que existían trabas administrativas para remitir los reportes a organismos de investigación farmacológica.
El fallo es considerado un antecedente histórico porque reconoce la responsabilidad estatal en un contexto de emergencia sanitaria y abre un nuevo escenario judicial respecto a los daños ocasionados por vacunas aplicadas durante la pandemia.
Para la familia Sartori, la resolución llega tarde, pero representa un reconocimiento institucional largamente esperado. “La urgencia era que el sistema de salud estuviera advertido para que no hubiera otras muertes”, expresó la madre de la joven.