SociedadAdemás una sanción por "conducta procesal maliciosa"
“Quedate tranquila, que no vas a pagar la multa”: le habría dicho el propio gobernador Gustavo Sáenz a Magdalena Day tras la sanción ambiental derivó en negociaciones, vínculos empresariales y una trama oficial que expone tensiones entre organismos del Estado, desarrolladores privados y funcionarios del gabinete provincial.
A pesar de este mensaje, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) ratificó este jueves la multa de $79,1 millones aplicada contra la Urbanización Vía Aurelia por irregularidades en el tratamiento de efluentes cloacales y rechazó todos los recursos administrativos presentados por el emprendimiento inmobiliario vinculado al grupo MDAY, propiedad de la empresaria Magdalena Day.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 934/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, mediante la cual el organismo confirmó la validez de la Resolución ENRESP 884/26, mantuvo las sanciones vigentes y aplicó además un apercibimiento al fideicomiso por considerar que incurrió en conductas procesales dilatorias durante la tramitación administrativa.
El apercibimiento no es por los vuelcos cloacales sino por lo que calificó como "conducta procesal maliciosa" durante el trámite administrativo. Es una sanción administrativa de carácter formal que funciona como una advertencia por la conducta asumida durante el proceso. El organismo consideró que la empresa incurrió en maniobras dilatorias y actuaciones incompatibles con la buena fe procesal.
La medida representa un nuevo capítulo en un conflicto que durante las últimas semanas escaló desde una discusión técnica y ambiental hasta un enfrentamiento público entre la empresaria y el presidente del organismo regulador, Carlos Saravia, con derivaciones políticas que alcanzan al propio gobernador Gustavo Sáenz.
Qué resolvió el ENRESP
En los fundamentos de la resolución, el organismo sostiene que Vía Aurelia operó durante años un sistema de tratamiento de efluentes sin contar con las habilitaciones exigidas por la normativa provincial.
Según el ENRESP, el emprendimiento nunca completó su inscripción en el Registro Único de Operadores de Servicios Públicos Sanitarios (RUOSPS), no se acogió a los procesos de regularización abiertos desde 2024 y carece de la denominada "no objeción técnica" de COSAYSA para la operación de su sistema sanitario.
El organismo también sostiene que la planta utilizada por la urbanización presentó deficiencias operativas, incumplimientos ambientales y evidencias de saturación, incluyendo desvíos de efluentes cloacales sin tratamiento adecuado.
Además, la resolución señala que la Municipalidad de Salta revocó certificados ambientales vinculados al emprendimiento debido a incumplimientos relacionados con el saneamiento y que los responsables de la urbanización no lograron acreditar técnicamente que hubieran corregido las irregularidades detectadas.
Por esos motivos, el Directorio rechazó los pedidos de nulidad, la aclaratoria, el planteo de suspensión de la multa y una acción preventiva de daño promovida por la empresa.
El origen del conflicto
La controversia se inició a partir de una investigación del ENRESP sobre presuntos vuelcos cloacales al río Arenales.
De acuerdo con los informes difundidos por el organismo, las muestras obtenidas en el lugar habrían registrado niveles extremadamente elevados de contaminación bacteriológica. Saravia llegó a afirmar públicamente que el emprendimiento realizaba un "vuelco directamente cloacal y crudo" y advirtió sobre una situación de contaminación ambiental grave.
El titular del Ente sostuvo además que la planta utilizada por Vía Aurelia había sido alquilada a la firma Industrias Clark, originalmente dedicada al tratamiento de efluentes mineros en la Puna, empresa que también fue alcanzada por medidas regulatorias e inhabilitaciones.
La respuesta de Magdalena Day
La empresaria Magdalena Day rechazó desde el inicio las acusaciones y cuestionó duramente al presidente del organismo: "No sé qué tiene contra los desarrolladores, es agresivo y resentido", afirmó durante una entrevista radial, donde sostuvo que el problema responde a la falta de infraestructura sanitaria definitiva en la zona sur de la ciudad y no exclusivamente a la actuación de los privados.
Según explicó, Vía Aurelia obtuvo en su momento factibilidad para conectarse a la Planta Depuradora Sur, pero una medida cautelar impide nuevas conexiones hasta tanto se complete la ampliación de esa infraestructura.
Day aseguró que desde hace cuatro años el emprendimiento financia una planta provisoria como única alternativa disponible para tratar los efluentes y sostuvo que distintas áreas del Estado provincial conocían esa situación.
"La Municipalidad nos pidió ampliar la planta, Aguas del Norte estaba al tanto y el Ente que depende del mismo Estado nos multa", cuestionó.
La mesa técnica con Aguas del Norte
Tras el cruce público, MDAY informó que mantuvo una reunión con autoridades de Aguas del Norte encabezadas por su presidente, Ignacio Jarsún. Según la empresa, durante ese encuentro se avanzó en una propuesta para reemplazar el sistema actual por una solución transitoria basada en un lecho nitrificante, además de comenzar a evaluar una alternativa definitiva: una planta regional de tratamiento de efluentes dimensionada para una población equivalente a 17.000 habitantes.
La iniciativa sería financiada por desarrolladores privados y posteriormente transferida al Estado para su operación a través de Aguas del Norte o COSAYSA.
El trasfondo político
La ratificación de la multa reaviva además interrogantes sobre los vínculos entre la desarrolladora y sectores del poder político provincial, ya que Magdalena Day fue designada en 2023 por el gobernador Gustavo Sáenz como presidenta del Consejo Económico y Social de Salta, durante un acto en el que fue presentada como una referente del sector privado comprometida con el desarrollo provincial.
A ello se suman las relaciones empresariales y políticas que distintos sectores de la oposición señalan entre integrantes del Gobierno y el grupo desarrollador.
En ese contexto, fuentes reservadas vinculadas al entramado político y empresarial del caso aseguraron que, tras la sanción aplicada por el ENRESP, habría existido un compromiso político para reducir o neutralizar el impacto económico de la multa.
Según esa versión, atribuida a fuentes de primera línea consultadas por este medio, el gobernador Gustavo Sáenz habría transmitido tranquilidad a la empresaria respecto del futuro de la sanción con una frase que se volvió motivo de debate político: "Quedáte tranquila, que no vas a pagar la multa".
Hasta el momento, ni el Gobierno provincial ni la empresaria realizaron declaraciones públicas sobre esa versión.
Esto no es nuevo: un río que acumula años de contaminación
El curso de agua atraviesa el área metropolitana de Salta y desde hace 20 años se encuentra bajo seguimiento judicial debido a reiteradas denuncias por contaminación.
A lo largo de ese período, distintos informes señalaron la presencia de descargas cloacales, residuos urbanos e impactos derivados del crecimiento urbano sin infraestructura adecuada. La problemática incluso derivó en la intervención de la Justicia provincial mediante acciones de amparo ambiental que continúan vigentes.
Uno de los aspectos que más preocupación generó entre las autoridades sanitarias fue la relación entre la contaminación del río y los brotes de salmonelosis registrados en los últimos años en el departamento Capital. Durante 2024 se registraron semanas con hasta 50 casos confirmados de salmonella, una cifra que encendió las alarmas epidemiológicas en la provincia.
Las investigaciones sanitarias apuntaron a que parte de los contagios podrían estar vinculados al uso de agua contaminada para el riego de huertas ubicadas en sectores cercanos a la ribera del Arenales. Si bien durante 2026 los casos descendieron significativamente, la situación volvió a poner en discusión las consecuencias que puede tener la contaminación hídrica sobre la salud pública.