En la apacible ciudad de General Güemes, una sombra de desconfianza se extiende sobre el sector de la construcción. Más de cincuenta familias, con la ilusión de edificar sus sueños, se vieron atrapadas en una pesadilla económica. Un hombre y su hijo, rostros conocidos detrás del mostrador de un corralón local, son ahora el centro de una investigación por una presunta estafa que supera los 38 millones de pesos.
La Investigación en marcha
La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, al frente de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), ha puesto en marcha un operativo que busca desentrañar una trama de promesas incumplidas y bolsillos vacíos. Con la autorización del Juzgado de Garantías 8, se ordenó el allanamiento y detención de los dos hombres, propietarios del establecimiento señalado por los damnificados.
El operativo, ejecutado con precisión por el Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF – UDEC, tuvo un primer resultado: la detención del padre, un hombre de 79 años, en un camping de La Caldera, un paraje que contrastaba con la angustia que se vivía en Güemes.
Entre los objetos secuestrados, se hallaron documentos que podrían ser clave para la investigación, un teléfono celular y una suma de $18.000. Sin embargo, el hijo, la otra pieza fundamental de este rompecabezas, permanece prófugo, evadiendo, por el momento, la justicia.
El Modus Operandi
La denuncia colectiva ante la UDEC pintó un panorama desolador. 53 personas relataron una historia similar: la de un sueño frustrado por la aparente negligencia o, peor aún, por la premeditación.
Los compradores, confiados, abonaban los materiales de construcción en el local, ya fuera en efectivo, mediante transferencias bancarias o billeteras virtuales.
Sin embargo, la entrega de los productos nunca se concretaba en su totalidad, o simplemente no se realizaba. "Abonábamos los materiales, pero no recibíamos la entrega de los productos", declaró uno de los damnificados, reflejando la frustración generalizada.
El informe elaborado por la Unidad de Investigación de Delitos Económicos reveló un patrón inquietante. Inicialmente, los clientes recibían excusas vagas sobre retrasos en la entrega o falta de stock. Con el paso del tiempo, las explicaciones se volvían más esquivas, hasta que finalmente, el corralón cerró sus puertas, dejando a los compradores sin sus materiales y con una sensación amarga de haber sido engañados.
"Cuando los plazos se vencían, los clientes acudían al local comercial, donde recibían distintas excusas sobre demoras o faltas de stock", detalla el informe, subrayando la frialdad de la maniobra.
El análisis exhaustivo de la información recopilada por la Fiscalía reveló la magnitud del daño causado: más de 38 millones de pesos esfumados. Una cifra que, según las autoridades, evidencia una maniobra reiterada y planificada, destinada a obtener dinero mediante engaños. La promesa de construir un hogar, un negocio, o simplemente mejorar sus vidas, se convirtió en una trampa económica para decenas de personas.
Tras el entrecruzamiento de datos y un minucioso trabajo de campo, los investigadores lograron rastrear a los sospechosos hasta un camping de La Caldera, donde se llevó a cabo el allanamiento que culminó con la detención del hombre de 79 años.
La fiscal, decidida a esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, solicitó la detención de ambos investigados y la inmovilización de 13 cuentas bancarias vinculadas a los denunciados, enviando oficios a siete entidades financieras. La investigación continúa, buscando desentrañar cada hilo de esta trama y devolver la esperanza a aquellos que vieron sus sueños truncados por una presunta estafa.