SociedadCesáreas al límite, traslados de urgencia y acusaciones cruzadas
El apagón que afectó al Hospital Público Materno Infantil el pasado 19 de mayo sigue generando repercusiones políticas e institucionales. Mientras el Senado provincial avanzará con un pedido de informes al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) para determinar las responsabilidades de EDESA, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, expresó un fuerte malestar tanto con la empresa distribuidora de energía, con el ente que la regula y con el personal que difundió imágenes de la emergencia ocurrida dentro del nosocomio.
Mangione cuestionó la explicación brindada por la distribuidora eléctrica y rechazó que la empresa intente desvincularse de lo ocurrido: EDESA aseguró no haber detectado variaciones de tensión, aunque no informó sobre la interrupción efectiva del suministro que también habría afectado a vecinos y comercios de la zona.
El ministro también salió al cruce de declaraciones realizadas por el presidente del ENRESP, Carlos Saravia, quien había mencionado que el sistema de salud de la provincia tenía una deuda cercana a los 700 millones de pesos con la empresa distribuidora. Mangione respondió que los daños ocasionados por la contingencia en equipamiento e infraestructura tecnológica del hospital alcanzarían precisamente una cifra similar.
Informe y cronología de los hechos
El Senado de Salta avanzará en un pedido de informes ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) para determinar las responsabilidades de la empresa prestataria EDESA tras los cortes de suministro eléctrico ocurridos en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) el pasado 19 de mayo.
La decisión se tomó este miércoles luego de una reunión ampliada de la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social con autoridades del área donde se analizó el informe técnico sobre la contingencia y el protocolo de emergencia aplicado en el nosocomio.
El encuentro contó con la participación de los senadores, Manuel Pailler, Mashur Lapad, Jorge Soto, Dani Nolasco, Leonor Minetti, Gonzalo Guaymas, Carlos Guitián, Walter Cruz, Rolando Guaimás, Alejandra Navarro, Carlos López, Manrique Burgos, Esteban D’Andrea, Juan Cruz Curá, Daniel Moreno, Luciano Elvira, Enrique Cornejo y Roque Cornejo. Por el Ejecutivo asistieron el ministro de Salud Pública, Federico Mangione y el subsecretario de Salud, Luciano Giasso.
Mangione expuso la cronología del incidente y remarcó que el origen de la falla no se localizó en las instalaciones del hospital, sino que se registraron dos cortes de energía eléctrica en un lapso de 15 minutos en la red externa.
Ante la interrupción del suministro, los dos grupos electrógenos del HPMI se activaron en diez segundos, abasteciendo a las áreas críticas como la terapia intensiva, la guardia y los pasillos principales. Sin embargo, la repetición de los cortes generó una avería al ingresar dos cargas simultáneas, lo que afectó un sistema interno y prolongó la falta de energía en sectores del establecimiento por un lapso de 12 horas.
Mangione criticó la postura de EDESA, que argumentó “no registrar variaciones de voltaje pero omitió informar sobre la interrupción efectiva del servicio, afectación que según se documentó, también alcanzó a vecinos de la zona y a un centro comercial cercano. Asimismo desestimó las declaraciones del titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, que a su criterio vinculó el corte con una deuda con la empresa EDESA de 700 millones de pesos, e indicó que los daños tecnológicos ocasionados al nosocomio por esta contingencia equivalen a esa misma cifra”.
Con respecto a la difusión de imágenes del incidente, el ministro cuestionó la actitud de determinados sectores durante la emergencia e informó el inicio de investigaciones administrativas en el nosocomio. “Esto se mediatiza y se utiliza por gente sin escrúpulos. No se puede exponer a los pacientes; vamos a hacer sumarios”, aseveró Mangione, al referirse a personas que se dedicaron a filmar la situación dentro de las instalaciones en lugar de colaborar con el personal de salud en las tareas de contingencia.
En respuesta a las consultas del senador Moreno sobre el funcionamiento de los quirófanos, las autoridades sanitarias aclararon que el protocolo de urgencias se ejecutó de manera correcta y articulada. Las áreas afectadas derivaron a los pacientes internos hacia la mitad del hospital que sí disponía de energía y el uso de baterías de soporte garantizó hasta seis horas de autonomía en equipos esenciales. Al respecto, Mangione enfatizó que “fue una catástrofe”, pero remarcó que durante la contingencia se realizaron cesáreas y cirugías programadas y no se registraron víctimas fatales.
Por su parte, el senador Elvira destacó la operatividad de los equipos de traslado que derivaron a dos pacientes de Rosario de la Frontera ese mismo día, mientras que el senador Burgos señaló que inconvenientes similares con el servicio eléctrico se registraron también en la localidad de Cachi. En tanto, el senador Nolasco valoró la celeridad de los servicios de emergencia del ministerio para salvar la vida de un adulto mayor en el paraje Mesada.
Finalmente el senador Curá, ratificó que el cuerpo formalizará el pedido de informes al ENRESP con el objetivo de esclarecer las responsabilidades técnicas del incidente y sancionar los perjuicios ocasionados a la infraestructura sanitaria provincial.
Lo ocurrido el pasado 19 de mayo en el Hospital Público Materno Infantil dejó una certeza inquietante: esta vez no hubo víctimas fatales, pero el sistema sanitario provincial estuvo peligrosamente cerca de enfrentar una tragedia.
La decisión del Senado de avanzar con un pedido de informes al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) para determinar las responsabilidades de EDESA no responde únicamente a una cuestión administrativa. Busca esclarecer un episodio que expuso la vulnerabilidad de una infraestructura crítica cuya continuidad operativa no puede depender de la suerte.
La emergencia obligó a movilizar pacientes, reorganizar servicios y activar protocolos extraordinarios para garantizar la atención médica. Se realizaron cesáreas, cirugías y procedimientos de alta complejidad en un contexto límite.
La pregunta que ahora deberá responder el ENRESP es si esa catástrofe a la que hizo referencia Mangione pudo haberse evitado.
La investigación no solo deberá establecer si existieron fallas atribuibles a la empresa distribuidora, sino también determinar si los niveles de calidad y confiabilidad del servicio eléctrico son compatibles con la existencia de hospitales, terapias intensivas y centros de alta complejidad que dependen de un suministro continuo para preservar vidas humanas.
Resulta particularmente preocupante que el incidente no haya afectado únicamente al hospital. Según las autoridades sanitarias, los cortes también alcanzaron a usuarios y establecimientos de la zona, lo que refuerza la hipótesis de una falla externa de relevancia.
La energía eléctrica no es un servicio más cuando alimenta respiradores, incubadoras, quirófanos y equipos de terapia intensiva. En esos casos, una falla deja de ser una molestia para convertirse en un riesgo sanitario. Por eso la búsqueda de responsabilidades no debería entenderse como una disputa política o institucional, sino como una obligación elemental del Estado frente a un hecho que no puede volver a repetirse.