SociedadIntervenciones sobre una superficie superior a CABA
A más de dos semanas del “Cafamiento”, evento realizado en el área protegida de la Quebrada de las Conchas, los últimos capítulos tuvieron como protagonista a Bárbara Pérez, empresaria, influencer y “mejor amiga” de la novia, Nicole Pocovi. En los últimos días, Pérez hizo una seguidilla de descargos en pos de “informar” y relativizar el impacto ambiental y judicial del, cuanto menos, polémico casamiento.
En su relato, la “mejor amiga” sostiene que la realización del evento no constituyó un delito en sí, afirmación que aparece en línea con lo señalado, en declaraciones públicas, por la fiscal Sandra Rojas, quien investiga la presunta falsificación de firma en el permiso, causa que ya cuenta con una imputada, pero empieza a descartar un posible daño ambiental.
Sin embargo, según pudo confirmar Gente de Salta, más allá de si existió o no afectación en el ecosistema protegido de Cafayate, la familia Pocovi y su entorno acumulan en la provincia denuncias por deforestación en áreas con superficies superiores a la de la Ciudad de Buenos Aires, además de imputaciones por amenazas con armas de fuego en disputas por tierras.
La argumentación de Bárbara Pérez es que “no hubo impacto ambiental” durante el evento, afirmación que atribuye a la propia Secretaría de Ambiente mediante un video publicado en su cuenta de Instagram. Además, en un intento por minimizar la polémica, sostiene que en áreas protegidas de Cafayate también se realizaron, en otras ocasiones, grabaciones —como la película Relatos Salvajes— y circuitos del Rally Dakar que, según ella, afectaron los suelos y degradaron la superficie.
Sin embargo, sobre la misma problemática —la degradación de ecosistemas—, este medio pudo constatar que la familia Pocovi, a través de las firmas La Jojoba S.A. y Tierra Vasca S.A., ambas parte de una misma estructura de operación sobre las mismas tierras, cuyos principales socios son Marcelo y Jorge Alberto Pocovi —padre y tío de la novia—, cuenta con denuncias y antecedentes en audiencias públicas vinculadas a procesos de deforestación.
La trama empresaria de los Pocovi encuentra un anclaje concreto en la finca Las Colmenas, en el departamento Orán, donde en 2006 constituyeron La Jojoba S.A., una sociedad con fines de explotación agropecuaria —que incluía actividades agrícolas, ganaderas y forestales— creada por Jorge Alberto y Marcelo Adolfo Pocovi, que, según consta en el Boletín Oficial de Salta, fijó su base operativa y productiva directamente vinculada al territorio, con Jorge como presidente y Marcelo como director suplente.
Un año más tarde, esa presencia no solo se sostiene sino que escala: en noviembre de 2007, el propio Jorge Pocovi aparece en registros oficiales ya no solo como parte de una firma productiva puntual, sino como representante de Tierra Vasca S.A., la sociedad que impulsa un expediente para habilitar 28.235 hectáreas en Las Colmenas.
En este tipo de trámites, “habilitar” no refiere a un simple registro administrativo. Supone solicitar autorización ambiental para intervenir el suelo y destinarlo a producción agroganadera. En la práctica, y particularmente en el contexto salteño de aquellos años, estos procesos suelen estar asociados al desmonte o cambio de uso del suelo sobre bosque nativo.
Para dimensionarlo: las 28.235 hectáreas equivalen a unos 282,35 km², es decir, una superficie mayor a la de toda la Ciudad de Buenos Aires (203 km²).
Ese mismo mes, la Provincia convocó a una audiencia pública para que se opine sobre el impacto ambiental y social de la habilitación de esas más de 28 mil hectáreas. Días más tarde, Greenpeace, ASOCIANA, REDAF e incluso la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina presentaron informes críticos sobre el avance del desmonte en la zona.
Para 2018, con la finca Las Colmenas ya en plena operación sobre esos suelos —y no conforme con el plano ambiental—, la trama vinculada a la familia escaló al terreno penal, según consta en actuaciones judiciales.
Se trató de un conflicto por posesión y superposición de tierras entre las fincas Las Colmenas y Las Botijas, en la zona de Rivadavia Banda Sur / Orán. Desde la propia fiscalía se señaló la existencia de denuncias cruzadas por usurpación, robo y hurto, además de episodios que incluyeron supuestos disparos con armas de fuego.
La causa quedó en manos de la fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes, quien avanzó en la investigación de los hechos.
En junio de ese año, de acuerdo con comunicados oficiales del Ministerio Público Fiscal, cuatro empleados directos de los Pocovi y de Tierra Vasca S.A., sociedad conformada por Jorge y Marcelo —tío y padre de la novia—, fueron imputados por amenazas con armas de fuego en el marco del conflicto por tierras con la finca vecina.
Crónica de una boda anunciada
Viernes 20 de marzo: los invitados al casamiento de Federico Marán y Nicole Pocovi, con el “finde largo” en curso, comenzaron a llegar a Salta para un evento que se extendería durante cuatro días, hasta el lunes siguiente, cuando los novios darían el “sí”. Algunos de los allegados ya se encontraban instalados en la provincia.
Sábado 21 de marzo: los asistentes llegados desde Buenos Aires, ya trasladados en conjunto desde la capital salteña hacia Cafayate y sin conocer el lugar exacto de la ceremonia —según el itinerario publicado en la página web del evento—, participaron del “pre wedding”, una instancia previa pensada para compartir al aire libre y “conectar” en los exteriores de la bodega El Porvenir.
Domingo 22 de marzo: jornada libre para los invitados, que aprovecharon para realizar actividades turísticas en la zona.
Lunes 23 de marzo: pese a que la ceremonia ya estaba en marcha, el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, junto a un guardaparque del lugar, advirtieron que el permiso para el evento y la firma del funcionario eran falsos. Ambos radicaron la denuncia, aunque, al tratarse de un día feriado, su impacto administrativo se trasladó al siguiente día hábil.
Martes 24 de marzo: también feriado, comenzaron a circular imágenes del “Cafamiento” y rápidamente tanto medios como redes sociales se hicieron eco del lugar de la ceremonia y la posterior fiesta: la Quebrada de las Conchas, una propiedad privada, pero también un área protegida en Cafayate.
Miércoles 25 de marzo: la denuncia impactó formalmente.
A partir de ese momento, el caso sumó nuevas intervenciones. Una de las más discutidas fue la de la edil de Cafayate, Romina Mamani, quien respaldó la prolijidad del evento y aseguró que “como concejal hice las averiguaciones correspondientes”. Sin embargo, desde la Municipalidad acompañaron la postura del secretario de Ambiente y denunciaron penalmente la falsificación del permiso.
En ese contexto, se hizo público que la propiedad está a nombre de Lucía Grajales Soriano, quien, según la defensa inicial de los recién casados, habría sido la responsable de la tramitación y los permisos del evento, mientras que la familia Marán Pocovi se presentó como simple cliente.
No pasó mucho tiempo hasta que se filtró el supuesto permiso. En el documento se observan errores ortográficos y una firma —atribuida al funcionario Aldazábal— que aparenta haber sido recortada de otro soporte. La fecha del permiso, además, indica que el trámite se habría iniciado en diciembre del año pasado.
Ese mismo viernes se inició la investigación a cargo de la fiscal Sandra Rojas, centrada en la presunta falsificación del documento y los posibles daños ambientales derivados del evento.
Entre quienes participaron de la ceremonia y algunos vecinos de Cafayate, se mencionó que distintas personas conocían la realización del evento y la documentación presentada, aunque no se registraron objeciones previas.
Gente de Salta, en diálogo con la fiscal Rojas, pudo constatar que la Justicia penal imputó hace unas horas por falsificación de instrumento público y uso indebido del mismo a fines comerciales, a Lucía Grajales Soriano.
Pese a que la responsabilidad apuntaría a Grajales Soriano, este medio pudo constatar los vínculos de la familia Pocovi con el ámbito empresarial y político, tanto a nivel nacional como provincial.
Marcelo Pocovi, padre de la novia, comparte un hijo con Zulema Menem. Los hermanos de Nicole, Kevin y Alan, mantienen vínculos comerciales con su medio tío, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y aliado incondicional de Javier Milei.
En el caso de Kevin, participó de la asunción presidencial junto a Milei y Victoria Villarruel, y meses más tarde integró la delegación oficial que viajó a Mar-a-Lago y visitó la residencia de Donald Trump. Ese mismo año, en una firma inmobiliaria junto a su padre, concretó un negocio millonario con ANSES que posteriormente fue objeto de investigación.
En el plano provincial, también resultó adjudicatario de una licitación por más de 20 millones de pesos meses antes de la boda. Años antes, había participado como expositor en debates legislativos vinculados a ordenanzas que beneficiaban a una de sus empresas. En ese marco, el intendente Emiliano Durand —quien actualmente impulsa políticas contra la actividad de los “trapitos”— interactuaba con Kevin en redes sociales, aunque tras el “Cafamiento” dejó de seguirlo.
En el caso de Alan, el otro hermano, figura como proveedor recurrente de Vialidad Nacional y adjudicatario de contratos de alto monto. Además, en la causa que investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones por discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), su nombre aparece en reconstrucciones vinculado al circuito bajo sospecha como posible intermediario en la tramitación de beneficios.
Hasta el cierre de esta edición, Gente de Salta intentó comunicarse con “Will”, organizador del evento, así como con Bárbara Pérez —“mejor amiga” de la novia—, Federico Marán y Nicole Pocovi, a través de sus números de teléfono, con el objetivo de garantizar su derecho a réplica; sin embargo, en todos los casos optaron por no responder las consultas.