"Mi única solución es la operación, ya no doy más"
El conflicto que atraviesa la obra social Osprera volvió a impactar de lleno en Salta y expuso la gravedad de una crisis prestacional que ya se replica en distintos puntos del país.
La situación tomó estado público luego de que una clínica privada salteña comunicara a uno de sus pacientes que no podría realizarse una cirugía programada debido a la suspensión de prestaciones vinculadas a la obra social de los trabajadores rurales. A partir de allí comenzaron a multiplicarse los reclamos de afiliados, familiares y prestadores, que manifestaron su preocupación con Gente de Salta.
Una paciente de Cafayate se comunicó con este medio y denunció la crítica situación que atraviesa por la falta de respuesta de la obra social Osprera, pese a contar con una cirugía renal urgente autorizada en su totalidad. Según relató, la intervención debía realizarse en la Clínica IMAC de Salta, pero el procedimiento quedó frenado porque la obra social todavía no efectuó el pago correspondiente a la institución médica.
La mujer explicó que desde hace más de seis meses padece una infección urinaria severa causada por una bacteria resistente a los antibióticos, cuadro que ya estaría afectando el funcionamiento de ambos riñones. “No hay antibiótico que la elimine. Sí o sí debo ser intervenida”, sostuvo.
Además, indicó que inició un amparo de salud ante la Justicia, aunque mientras tanto continúa esperando que Osprera responda administrativamente y transfiera los fondos para que la clínica pueda concretar la operación prevista para este viernes.
“Hace más de dos meses estoy con esto. Todas las autorizaciones vencen, los pedidos vencen y tengo que volver a empezar todo otra vez, como si la vida de una persona no valiera nada”, expresó con angustia.
La paciente también remarcó las dificultades económicas que atraviesa debido al tratamiento. Vive en Cafayate y debe viajar constantemente a la capital salteña para controles y trámites médicos. “No tengo trabajo por este problema y tampoco tengo dónde quedarme cuando vengo a Salta”, contó.
En su testimonio, pidió preservar su identidad, aunque aseguró que decidió hacer pública la situación para visibilizar lo que atraviesan muchos afiliados. “Hay mucha gente que se calla y se muere esperando”, afirmó.
Mediante un breve comunicado, desde el IMAC informaron que, desde el 30 de abril, quedaron suspendidas las asignaciones de turnos quirúrgicos programados “hasta nuevo aviso”, manteniéndose únicamente la atención de urgencias. Según fuentes consultadas, otras clínicas privadas de la provincia estarían adoptando medidas similares frente a la falta de cobertura y los problemas financieros vinculados a Osprera.
El caso generó fuerte preocupación entre familiares de pacientes afectados. Una mujer que denunció la suspensión de la operación de un allegado aseguró que “están dejando morir pacientes y personas con discapacidad sin ningún tipo de cobertura”, reflejando la angustia que atraviesan numerosos afiliados ante la interrupción de tratamientos, estudios y cirugías.
El trasfondo del conflicto se remonta a la larga disputa entre el Gobierno nacional y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) por el control de la obra social.
El pasado 4 de marzo de 2026, el Poder Ejecutivo nacional prorrogó por otros 180 días la intervención de Osprera mediante el Decreto 127/2026, luego de que una Cámara Federal suspendiera una resolución judicial que había devuelto transitoriamente el manejo de la entidad al gremio rural.
La nueva intervención quedó a cargo de César Augusto Lococo, quien debe reportar mensualmente a la Superintendencia de Servicios de Salud sobre la situación económica, institucional y prestacional de la obra social.
El conflicto entre Nación y UATRE lleva años. La Justicia Federal había intervenido Osprera en 2023; posteriormente la conducción volvió brevemente al sindicato en julio de 2024, aunque un mes más tarde el Gobierno volvió a intervenirla denunciando “gravísimos incumplimientos”, una deuda superior a los 45 mil millones de pesos y un severo deterioro financiero y prestacional.
Desde entonces, el enfrentamiento escaló con acusaciones cruzadas. La UATRE responsabilizó a la intervención por la interrupción de prestaciones médicas y denunció casos de trabajadores rurales que habrían quedado sin atención sanitaria, incluyendo fallecimientos vinculados a la falta de cobertura.
En los fundamentos del nuevo decreto, el Gobierno sostuvo que la continuidad de la intervención resulta necesaria para garantizar la prestación de un servicio esencial vinculado al derecho a la salud y evitar un agravamiento del colapso institucional y financiero de la obra social, sin embargo, eso no se refleja hoy en Salta.
Mientras la disputa política y judicial continúa en Buenos Aires, las consecuencias comienzan a sentirse con fuerza en las provincias, donde clínicas privadas ya restringen prestaciones y los afiliados denuncian quedar atrapados en medio de una crisis que pone en riesgo tratamientos, cirugías y coberturas básicas.