El conflicto salarial en el municipio de El Tala continúa sin solución y va escalando con el paso de los días. Este lunes, los empleados municipales afiliados a ATE y UPCN endurecieron la medida de fuerza, que mantienen desde el 13 de abril, y bloquearon el acceso al galpón municipal, impidiendo la salida de los vehículos. Como consecuencia, no hubo servicio de recolección de residuos en toda la localidad, lo que genera creciente preocupación entre los vecinos por el impacto sanitario.
El reclamo central de los trabajadores apunta al incumplimiento del aumento salarial otorgado por la provincia que, según denuncian, aún no fue aplicado en El Tala. A esto se suma la falta de elementos básicos de seguridad para desempeñar sus tareas, como guantes y ropa de trabajo adecuada.
Desde el gremio UPCN, el secretario adjunto Gustavo Elvira fue contundente al ratificar la continuidad del paro. Señaló que la medida “es por tiempo indeterminado y que no será levantada hasta que se efectivicen los aumentos y se cumpla el acta acuerdo firmada en agosto". En ese sentido, advirtió que los trabajadores no darán marcha atrás hasta obtener respuestas concretas.
Elvira señaló que el intendente Daniel Omar Ponce habría indicado que “el pago de las diferencias salariales y la entrega de indumentaria podrían concretarse una vez que el municipio reciba los fondos de coparticipación, que suelen llegar entre el 20 y el 23 de cada mes”.
Esto podría destrabar la situación en El Tala en los próximos días, aunque hasta que los fondos no aparezcan la decisión de los empleados municipales es clara y no levantarán la medida de fuerza hasta que tengan la mejora salarial prometida.
Pedido de juicio político para Ponce por discriminación
A la problemática con un grupo de empleados municipales, se le suma una fuerte acusación por parte de Roxana Navarro, quien denunció al intendente Ponce por discriminación, misoginia pero principalmente por mal desempeño de su función ante el Concejo Deliberante de El Tala, requiriendo incluso el juicio político para el funcionario.
Ante esta acusación, el intendente negó haber tenido este tipo de actitudes con ninguna persona y señaló al medio Expresión del Sur que se trataría de una operación política.
En su derecho a réplica, Navarro, retirada de la Policía Federal Argentina y actual presidenta de la Fundación Puente de Esperanza, señaló al mismo medio que el trabajo que lleva adelante con su fundación incomoda al municipio porque deja al descubierto sus falencias y eso la hizo blanco de agresiones y campañas en su contra en redes sociales.
Ponce, por su parte, confirmó que el Concejo Deliberante tomó conocimiento de la presentación y que el tema ya comenzó a ser tratado institucionalmente. Indicó que hubo reuniones y que el municipio trabaja con sus abogados en la respuesta formal que deberá presentar. Es decir, aunque relativiza la solidez política del planteo, reconoció que el expediente ya entró en una etapa administrativa.