El primer fallecido por hantavirus de este año
En medio del revuelo que se generó en el norte por la muerte de otro gendarme, la investigación por el fallecimiento del cabo Mauro Ponte por hantavirus comenzó a dar sus primeros pasos firmes en el ámbito judicial. Según confirmó su madre, Nélida Romero, la denuncia ya pasó al fuero federal, lo que marca un cambio significativo en el abordaje del caso.
Sin embargo, el proceso se encuentra en una etapa sensible, ya que la familia se quedó sin representación legal. Romero explicó que debieron rechazar a un primer abogado por desacuerdo en las condiciones de trabajo y que, desde entonces, no logró designar a otro profesional. “Estuve muy mal por lo que pasó con mi hijo y no tenía las fuerzas como para ver este tema, pero ahora me siento un poco más fuerte y queremos avanzar”, señaló la madre de Ponte en diálogo con Gente de Salta.
Sin embargo, uno de los principales problemas que aqueja a la familia del primer gendarme fallecido por hantavirus en Orán, es la falta de recursos. “No tengo para pagar un abogado”, confesó con crudeza. Al tiempo que señaló que desde organismos de Derechos Humanos que tiene la posibilidad de recibir asesoramiento gratuito, pero para ello deberá viajar a Salta.
La intención es concretar ese traslado en las próximas semanas, una vez que su estado de salud se lo permita, ya que la necesidad de contar con un letrado matriculado en la provincia es clave para poder impulsar medidas de prueba y avanzar en la causa.
Los apuntados en la denuncia
La presentación judicial apunta a distintas responsabilidades en la cadena de hechos que derivaron en la muerte del joven gendarme Mauro Ponte.
Por un lado, la familia denuncia al jefe del Escuadrón 20 de Gendarmería, a quien acusan de no haber actuado ante el deterioro de salud de los efectivos. Según relató Romero, los superiores estaban al tanto del cuadro febril que afectaba a varios gendarmes tras un operativo, pero no habrían dispuesto una asistencia adecuada. “Antes de viajar a Orán, este jefe me había asegurado por llamada que mi hijo se encontraba en terapia intensiva y que estaba recibiendo atención, pero cuando llegué la realidad era otra”, manifestó.
También se incluyó en la denuncia al Hospital San Vicente de Paul, donde finalmente fue trasladado Ponte desde la clínica Sagrado Corazón donde ella afirma se encontraba anteriormente. La familia cuestiona las condiciones de atención y sostiene que no recibió el tratamiento que requería en tiempo y forma. “Mi hijo no solamente no estuvo en terapia sino que cuando murió lo dejaron en un galpón tirado, ni siquiera lo llevaron a la morgue”, confesó.
A esto se suma la Clínica Sagrado Corazón, donde el joven acudía previamente para aliviar los síntomas. Romero aseguró que intentaron dejarlo internado allí, incluso ofreciendo pagar el tratamiento, pero no se concretó. “Tengo los mensajes en los que se da cuenta que estábamos dispuestos a abonar los 300 mil pesos que nos pedían para que Mauro siga ahí, pero nos rechazaron sin dar explicaciones”, señaló
En tanto, la obra social IOSFA también fue denunciada por presunto abandono, ya que, según la familia, no brindó cobertura ni respuestas en un momento crítico. “Jamás se hicieron cargo de nada”, afirmó.
La investigación buscará determinar si hubo negligencia, abandono de persona u otras responsabilidades penales en el accionar de cada uno de los involucrados.
Las condiciones en las que vivía y trabajaba Ponte
Otro de los ejes que expone la denuncia es el contexto en el que Mauro Ponte desarrollaba su vida laboral dentro de Gendarmería, marcado por salarios bajos y condiciones precarias en el destacamento.
Romero contó que su hijo debía hacer malabares para subsistir y trabajar en Orán, incluso recurriendo a la ayuda familiar. “Nosotros teníamos que ayudarle para que llegue a fin de mes, porque lo que le pagaban no le alcanzaba para nada”, señaló.
Ante esa situación, el joven había decidido alquilar una pequeña habitación para reducir gastos. “Me decía ‘mamá, voy a alquilarme una piecita, si vivo así voy a llegar con la plata a fin de mes’”, recordó.
La madre también describió las condiciones en las que los efectivos realizaban sus tareas, especialmente durante los operativos en zonas rurales. “Los mandaban al monte, pasaban más de 48 horas ahí, dormían en el piso, se tenían que arreglar como sea”, afirmó.
En ese contexto, aseguró que no solo su hijo, sino varios compañeros presentaban síntomas compatibles con un cuadro febril severo tras regresar de esas tareas. “Eran varios chicos que estaban ya con fiebre”, indicó, reforzando la idea de que no se trató de un caso aislado.
Además, cuestionó la falta de contención estructural por parte de la institución. “Es inhumano cómo pasan ahí”, expresó, dejando en claro que las condiciones laborales también forman parte del entramado que derivó en el desenlace fatal.
Una madre atravesada por el dolor
Mientras intenta sostener el reclamo judicial, Nélida Romero enfrenta una situación personal compleja. Tras la muerte de su hijo, debió iniciar tratamiento psicológico y psiquiátrico debido al fuerte impacto emocional.
“No podía más, me desbordé totalmente”, relató. Actualmente se encuentra medicada y con dificultades para dormir, lo que también condiciona su posibilidad de viajar y avanzar con los trámites judiciales.
El golpe es aún más duro si se tiene en cuenta que la familia había sufrido otra pérdida reciente: el fallecimiento de su esposo, ocurrido apenas meses antes. “Estamos devastados pero queremos justicia”, resumió.
Romero trabaja como empleada de comercio y es el principal sostén de su hogar, donde vive con sus dos hijos. Uno de ellos estudia, mientras que el otro debió interrumpir su rutina para colaborar con los trámites tras la muerte de su hermano.
Solidaridad
En medio de la adversidad, la familia logró subsistir gracias a la ayuda de la comunidad. “La gente me ayudó con lo que pudo”, contó Romero, destacando los aportes que le permitieron atravesar las primeras semanas.
Sin embargo, la situación sigue siendo crítica. La mujer necesita recursos para continuar con tratamientos médicos, afrontar un eventual viaje a Salta y, principalmente, conseguir un abogado que impulse la causa.
En ese sentido, no descarta realizar movilizaciones y articular acciones con otras familias de gendarmes para visibilizar lo ocurrido. El objetivo es claro y buscan que el caso no quede impune.
“Que no haya más Mauro”, expresó, en un mensaje que resume el reclamo de justicia y la preocupación por otros efectivos que podrían atravesar situaciones similares.