La posibilidad de una Ley de Eutanasia en Argentina se instala, cada tanto, en la agenda nacional y, estos últimos días, resurgió por un caso que tomó estado público a nivel mundial: se trata de Noelia Castillo Ramos, una joven española a la que le fue concedido el derecho de tener una muerte asistida, tras recibir tres fármacos por vía intravenosa.
Actualmente, existen tres proyectos que tienen el objetivo de lograr una regulación más específica que supere a la actual Ley de Muerte Digna (26.742) y, de ese modo, lograr la legalización de la eutanasia activa y el suicidio asistido, no sólo ante enfermedades graves e incurables, sino también en situaciones de dolores insoportables o enfermedades mentales que deterioren la vida cotidiana de la persona.
La normativa actual, sancionda en 2012, garantiza el derecho a morir “sin sufrimiento desmesurado” y le permite a los pacientes mayores de edad rechazar tratamientos médicos, de hidratación o alimentación que prolonguen su vida, denominado eutanasia pasiva, pero no así el suicidio asistido que, hasta hoy, continúa prohibido por el Código Penal.
Además del proyecto Ley Alfonso, impulsado en 2024 por las legisladoras peronistas Gabriela Estévez y Carolina Gaillard, que se enfocó en la muerte voluntaria médicamente asistida, y la iniciativa denominada Ley de Buena Muerte, presentada por los radicales Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace, existen otros tres proyectos que aún tienen estado parlamentario como es el de la exsenadora Silvina García Larraburu y los textos de los diputados Miguel Ángel Pichetto y Martín Ardohain.
Régimen para la Regulación de la Eutanasia y el Suicidio Medicamente Asistido
En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, García Larraburu aseguró que esta ley “ya se dio en varios países del mundo” y la Argentina “no puede permanecer al margen”, más allá de que “tiene que ver con la dignidad” de las personas.
Su iniciativa denominada Régimen para la Regulación de la Eutanasia y el Suicidio Medicamente Asistido, presentada en noviembre del año pasado, tiene como objetivo principal que toda persona tenga el derecho de “solicitar y recibir asistencia médica para poner fin a su vida” de manera “digna, voluntaria e informada” y conocer las condiciones establecidas.
Asmismo, en el texto asegura que “no será punible ni civil ni penalmente” el profesional de la salud “que actúe conforme a los procedimientos y requisitos” previstos en esta posible ley.
Por otra parte, remarca que el solicitante “podrá revocar su decisión en cualquier momento del proceso”, sin ningun tipo de motivo, y mediante el medio que muestre “inequívocamente su voluntad”: “En lo posterior no podrá volver a solicitar que se le aplique el procedimiento”, añade el documento.
Respecto a los menores de edad, sus padres o tutores legales podrán solicitarla mediante un pedido formal “con intervención de la Defensoria de Menores e incapaces”, al igual que los incapaces declarados por sentencia judicial que, además, necesitarán la “intervención del juez competente”.
“El derecho a una muerte digna no impone obligaciones a nadie: simplemente garantiza que la voluntad libre y consciente del paciente sea respetada, bajo un marco médico y jurídico seguro, transparente y humano. Mi compromiso es abrir este debate con seriedad, sin prejuicios, y poniendo en el centro a quienes sufren y a sus familias. Ojalá se dé el tratamiento de este proyecto que aún tiene estado parlamentario y que los nuevos integrantes de la Cámara activen su tratamiento”, concluyó la exsenadora justicialista.
Régimen Legal de Asistencia para Terminar con la Vida Propia
El diputado nacional por Hacemos Coalición Federal (HCF) Miguel Ángel Pichetto presentó, en el año 2024, un proyecto que pretende crear y resguardar el derecho de toda persona a “solicitar y recibir la asistencia necesaria para terminar con la propia vida” y morir “dignamente”.
En diálogo con NA, manifestó que su iniciatva, a diferencia de otras, reconoce que “la decisión sobre la propia vida” pertenece a la “esfera de la libertad individual”.
“La calidad de vida es una valoración personalísima: lo que para uno puede ser tolerable, para otro puede no serlo. Por eso, el Estado no está para imponer una moral única, sino para reconocer esa libertad y garantizar que cada persona, en pleno uso de sus facultades, pueda decidir sin coerción y con información suficiente”, explicó.
El documento presentado por Pichetto sostiene que la eutanasia activa se podrá llevar a cabo mediente la “administración directa de una sustancia” o “de los medios necesarios” por parte del médico responsable. Sin embargo, también, se podrá dar “indirectamente”, a través de un suministro indicado por el personal de salud al paciente “para su autoadministración”.
“Lo que corresponde es establecer un marco legal claro, con controles y responsabilidades, que resguarde esa decisión y evite abusos”, concluyó Pichetto.
Ley de Regulación de la Eutanasia y la Asistencia Médica para Morir
El diputado nacional por el PRO Martín Ardohain presentó la inciativa para la regulación de la “Eutanasia y la Asistencia Médica para Morir”, que tiene como premisa “garantizar el derecho” de toda persona a “transitar con dignidad el proceso de morir”.
“El fin de este proyecto es asegurar la libertad de decisión, la dignidad, la ausencia de presiones de cualquier índole, la claridad e igualdad en los procedimientos y la seguridad jurídica. Asimismo, se reconoce el derecho de cada individuo a decidir sobre su propio destino y a evitar sufrimientos que considere insoportables según su percepción personal”, sotiene el texto.
Con este proyecto, la persona que solicite asistencia para morir deberá presentar “una petición voluntaria, libre, expresa e informada”, en la que se manifieste de forma clara y por escrito “su decisión de acceder al procedimiento”, con fecha, nombre y apellido, edad, domicilio, diagnóstico y estado actual de salud.
Dicha solicitud, “será evaluada por equipo interdisciplinario”, que analizará “la procedencia del pedido y verificará el cumplimiento de los requisitos legales, éticos y clínicos”. Una vez finalizado el examen, la persona “deberá reafirmar su voluntad libre e inequívoca” previo a la aplicación del procedimiento.
“Espero que pronto podamos dar el paso decisivo hacia la apertura de este debate de manera respetuosa y que nuestro pais pueda sumarse a la lista de naciones que han regulado y garantizado el derecho a la eutanasia, eso no solo significará una evolución legislativa, sino también una verdadera conquista democrática, solicito a mis pares acompañen la sanción del presente proyecto de Ley”, concluye el texto.