Los márgenes de Aguas Blancas
Durante mucho tiempo, el movimiento en los márgenes de Aguas Blancas fue constante y visible. Camiones, vehículos y personas atravesaban un predio rural sin controles formales, en una escena que se volvió parte del paisaje cotidiano de la frontera. Recién a mediados de este año, un operativo federal alteró esa rutina y puso a Finca Karina en el centro de una investigación judicial de alto impacto.
El expediente comenzó a revelar la dimensión del caso. Según la Justicia Federal, el predio funcionó como una “aduana paralela”, por donde ingresaba mercadería desde Bolivia sin controles aduaneros ni sanitarios, generando un perjuicio millonario al Estado argentino. La red operó durante años en plena Zona Segura de Frontera, con una logística aceitada y roles definidos.
A cuatro meses del megaoperativo, la causa continúa avanzando con un mapa procesal todavía incompleto. Hay cuatro personas prófugas, diez imputados que transitan el proceso en libertad bajo estrictas condiciones y una sola acusada con prisión preventiva: Gladis Salazar, titular registral del inmueble donde funcionaba la estructura ilegal.
Entre los prófugos figura Alfredo Salazar, hermano de la mujer detenida y señalado como uno de los presuntos organizadores de la asociación ilícita. Para la fiscalía, él y otros implicados de mayor jerarquía coordinaron durante años el ingreso y la distribución de mercadería, mientras el predio operaba como un corredor clandestino clave en la frontera norte.
La situación procesal fue revisada recientemente por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, integrada por los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. En una audiencia celebrada días atrás, el tribunal resolvió extender la prisión preventiva de Salazar, al considerar que su rol no puede equipararse al de los demás imputados.
Salazar, técnica farmacéutica que al momento de su detención trabajaba en el Hospital San Vicente de Paul de Orán, quedó bajo la lupa no solo por su vínculo familiar con uno de los principales sospechosos, sino también por su relación directa con el predio. De acuerdo con registros catastrales, adquirió una de las matrículas de Finca Karina en febrero, cuando la actividad ilegal se encontraba en pleno funcionamiento.
La investigación se inició tras los allanamientos realizados en agosto, en un despliegue que involucró a unos 170 efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Salta, Aduanas y ARCA, en el marco del Plan Güemes, la estrategia nacional para reforzar el control en la frontera con Bolivia. El fiscal federal de Orán, Marcos Romero, imputó a once personas por asociación ilícita y contrabando agravado.
Con el avance del proceso, la Cámara Federal permitió que diez imputados aguardaran el juicio en libertad, aunque bajo un régimen de control estricto: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante Gendarmería y restricción absoluta de acercamiento al predio, que continúa clausurado y bajo custodia permanente.
En el caso de Salazar, los jueces consideraron que persisten riesgos procesales concretos. El tribunal puso en duda su versión de que nunca estuvo en el lugar: la fiscalía acreditó que su teléfono celular impactó al menos siete veces dentro del predio, un dato que fue considerado relevante para sostener la acusación.
También se analizó un contrato de arriendo presentado por la defensa, que hacía referencia a supuestas plantaciones. Para los camaristas, el documento carece de sustento real y podría haber sido utilizado como pantalla para encubrir la actividad ilegal.
En una de las audiencias, el juez Santiago French explicó que el tribunal buscó “separar la paja del trigo”, al evaluar la responsabilidad de cada imputado. En ese marco, sostuvo que Salazar presenta un nivel de protagonismo superior, mientras que otros acusados habrían cumplido funciones secundarias.
El cierre de Finca Karina fue presentado por el Gobierno como un golpe decisivo al contrabando en la frontera norte. Sin embargo, el avance de la causa judicial deja en claro que el desafío va más allá de un operativo puntual: Desarticular redes que durante años operaron con una tolerancia llamativa en una de las zonas más sensibles del país.