Un eco silencioso resuena en las paredes de los hogares, un grito ahogado que emerge en las estadísticas. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema ha alzado la voz, revelando un panorama sombrío: durante 2024, 3.182 presentaciones involucraron a niños y adolescentes atrapados en las redes de la violencia familiar. Cada número es un rostro, una historia truncada, una infancia robada.
El informe de la OVD dibuja una imagen escalofriante. 3.484 personas fueron señaladas como presuntos agresores, representando un 32%. La sombra de la sospecha se cierne sobre ellos, mientras la Justicia, con cautela, despliega un escudo protector, dictando 4.474 medidas preventivas. Son barreras frágiles contra la tormenta.
Las cifras adquieren rostro y forma al desglosar los datos.
Un 52% de las víctimas son niñas y adolescentes, cuya edad promedio se sitúa en los 9 años. E
n el 80% de los casos, el agresor se oculta tras la máscara de un familiar, la figura que debería brindar refugio y amor.
El 66% de los agresores son sus padres, mientras que en el 34% son sus madres, revelando una dolorosa realidad donde la violencia no distingue género ni rol.
El espectro del maltrato se manifiesta en diversas formas, dejando cicatrices invisibles y profundas. El maltrato psicológico o emocional acecha en el 95% de los casos, erosionando la autoestima y sembrando el terror. La violencia física deja su huella en el 37% de los casos, mientras que el abuso sexual profana la inocencia en un desgarrador 9%.
Los profesionales, testigos silenciosos del horror, han constatado lesiones en 140 menores. El rostro, espejo del alma, es el más castigado, con heridas visibles en el 36% de los casos. Pero la crueldad no es un evento aislado: más de la mitad (55%) exhibe lastimaduras como consecuencia de hechos anteriores, una crónica de dolor escrita en la piel.

Las denuncias fluyen como un río constante, llegando de manera cotidiana o semanal en el 59% de los casos. La evaluación del equipo médico de la OVD revela un panorama alarmante: en el 36% de los acontecimientos, el riesgo es altísimo o alto, una bomba de tiempo a punto de estallar.
El informe arroja luz sobre situaciones particularmente vulnerables: “Entre los niños y adolescentes afectados, 244 tenían algún tipo de discapacidad. Hubo 5 adolescentes de entre 16 y 17 años que estaban cursando embarazos al momento de la presentación en la OVD, y 4, de entre 15 y 17, que tenían hijos”, una carga pesada sobre hombros tan jóvenes.
La búsqueda de justicia y protección se canaliza a través de las instituciones. El 99% de las denuncias fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil, buscando amparo legal. El 91% fueron remitidas al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en busca de contención y apoyo.

