De acuerdo con BCG, tres de cada cuatro ejecutivos consideran la Inteligencia Artificial (IA) como una prioridad estratégica. En la misma línea, McKinsey revela que casi nueve de cada diez organizaciones en el mundo ya utilizan IA en al menos una función del negocio, aunque solo un 23 % de las empresas ha logrado ampliar su implementación de manera significativa dentro de la organización.
En menos de una década, la IA se convirtió en uno de los principales motores de transformación económica global. Según el Stanford AI Index Report 2025, la inversión privada en IA en Estados Unidos alcanzó USD 109.100 millones en 2024, casi 12 veces lo invertido por China y 24 veces lo del Reino Unido. El impacto económico de esta ola tecnológica es comparable, en escala, al de la electrificación o la informática personal. Pero la velocidad y la asimetría en la adopción plantean un reto singular: la IA no solo reconfigura modelos de producción y empleo, sino también las estructuras regulatorias y fiscales que los sostienen.
El desafío no está solo en la adopción tecnológica, sino en su gobernanza. Mientras la inversión global crece (liderada por Estados Unidos y seguida de lejos por China y Europa), América Latina avanza con lentitud. La región concentra apenas el 1,5% del gasto mundial en IA. El Atlas de Inteligencia Artificial para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo elaborado por PNUD confirma que la región enfrenta una “doble brecha” en materia de IA: de capacidades y de gobernanza.
Por un lado, el 80% de las inversiones privadas en IA se concentran en solo en tres países (Brasil, México y Chile), mientras que la mitad de los países de la región no registran políticas activas de promoción tecnológica. Por otro lado, el 70% de las instituciones públicas y regulatorias carecen de infraestructura de datos y talento técnico suficiente para adoptar o supervisar sistemas de IA.
Argentina enfrenta esta discusión en un momento decisivo. Existe un proyecto de ley en busca de ser tratado en el Congreso de la Nación que crea la Agencia de Gestión del Conocimiento para establecer controles, certificaciones y aportes obligatorios a las empresas que desarrollen o utilicen IA. Aunque el objetivo de promover un uso responsable es legítimo, el enfoque podría derivar en un exceso de regulación que eleve los costos de cumplimiento y limite la innovación, especialmente entre PyMEs y startups tecnológicas.
Una definición demasiado amplia de lo que se considera “sistema de IA” podría incluso alcanzar software de gestión o plataformas de recomendación, con efectos contraproducentes sobre la productividad y la competitividad. Esta posible regulación podría frustrar -entre otras cosas- la posible inversión por USD 25.000 millones de OpenAI en alianza estratégica con Sur Energy para desarrollar en la región patagónica bajo el proyecto denominado “Stargate Argentina”.
La experiencia internacional muestra que los países más exitosos en la adopción de IA (como Estados Unidos, Corea o Israel) priorizaron políticas de innovación y capital humano antes que marcos sancionatorios. La CEPAL propone avanzar en una agenda dual: acelerar la acumulación de capital intangible (capacitación, desarrollo de casos de uso sectoriales y adopción en PyMEs) y, al mismo tiempo, diseñar esquemas regulatorios proporcionales al riesgo y flexibles ante la evolución tecnológica.
En el plano macroeconómico, la IA representa una oportunidad concreta para aumentar la productividad total de los factores, reducir costos de transacción y mejorar la eficiencia del sector público. El ascenso de la IA redefine cadenas de valor, flujos de capital y jerarquías tecnológicas globales. Para economías emergentes como la argentina, el riesgo no es quedar fuera de la regulación, sino fuera del mapa productivo. Mientras el mundo invierte para liderar la revolución del conocimiento, una sobrerregulación o una ausencia de visión podrían cristalizar nuestro rol como usuarios periféricos.
Competir exige gobernar la IA con estrategia y pragmatismo económico: promover inversión, proteger el talento y crear condiciones de escala. De lo contrario, el futuro digital puede consolidar las brechas que la innovación prometía cerrar.