HIRPACE es una de las entidades afectadas
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la grave situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad en el país, y solicitó una respuesta urgente al Estado nacional a través de una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones.
Los obispos expresaron su preocupación ante “la grave situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad en nuestro país”, y la “crisis económica de extrema gravedad” que atraviesan, debido “al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales”.
La carta enviada al titular de la cartera sanitaria nacional indica que esto generó “déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”.
El Episcopado destacó que en los últimos días esto se visibilizó con mayor fuerza, en las que se desarrolla una tarea "silenciosa y generosa" que refleja el compromiso solidario de la sociedad, especialmente en el acompañamiento de quienes más lo necesitan.
Hirpace y la Obra Don Orione ya advirtieron sobre este problema
Esta alerta, que hace un par de semanas fue dada a conocer por el Hogar Instituto de Rehabilitación Paralítico Cerebral (HIRPACE), de la ciudad de Salta, ahora también se convirtió en una advertencia de la Obra Don Orione, que cuenta con 90 años de trayectoria en el cuidado de personas con discapacidad, con centros en distintos puntos del país en los que atiende a más de 1.200 discapacitados, y atraviesa una situación económica crítica que amenaza la continuidad de sus servicios en la Argentina.
“Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal”, indicaron los obispos, que además sostuvieron que las consecuencias “ya comienzan a hacerse sentir: endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios”.
Desde la Conferencia Episcopal señalaron que, en mayo del año pasado, ya habían advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar”.
“Ante la angustiante situación actual, queremos pedirle encarecidamente el cumplimiento de la Ley 24901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad”, solicitaron los obispos, quienes destacaron que las obras que hoy se encuentran en peligro de continuidad, muchas nacidas del compromiso de comunidades religiosas y civiles, constituyen “un verdadero patrimonio social de nuestra patria”.
Una respuesta visible y concreta para dar estabilidad a un sector vulnerable
Luego, indicaron que “el respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad”, y suplicaron “que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable”.
“La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”, concluyeron los obispos, que pidieron “una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables” y quedaron “a disposición para todo diálogo que pueda contribuir a una solución”.
El documento lleva las firmas del presidente de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, de Mendoza; el vicepresidente, el cardenal Ángel Rossi, de Córdoba; el vicepresidente segundo, monseñor Daniel Fernández, de Jujuy; y el secretario general, monseñor Raúl Pizarro, que es auxiliar de San Isidro.
En el caso de la Obra de Don Orione, las demoras en pagos estatales y aranceles desactualizados comprometen servicios esenciales y ponen en tensión la continuidad de hogares que asisten a más de 1.200 residentes en el país.
La institución alertó sobre un escenario de "extrema gravedad" y de vulnerabilidad para las 1.200 personas que asisten en los centros, ante la combinación de aranceles desfasados, una inflación sostenida y la interrupción en la cadena estatal de pagos.
Según un comunicado publicado en la página oficial de la obra, bajo el título “La sustentabilidad de la atención a la discapacidad en alerta: un llamado a cumplir con la ley”, la crisis actual no es solo administrativa, sino una amenaza directa a la sostenibilidad de los hogares y servicios.
Según explicaron voceros de la Obra, “se rompió la cadena de pagos”, y los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, lo que obligó a la institución a agotar sus recursos propios para mantener la atención diaria.
La brecha entre los ingresos y los egresos
Este problema se agrava debido a la brecha de ingresos y egresos: mientras los costos de vida de los alimentos, medicamentos, servicios y salarios por acuerdos paritarios suben mes a mes, los aranceles que fija el Estado se actualizan tarde y muy por debajo de la inflación.
Durante gran parte del último año, el sector operó con valores congelados, absorbiendo una inflación acumulada superior al 30% sin ninguna compensación inmediata.
Desde la obra aseguraron que no se encuentran ante un pedido de auxilio financiero, sino ante la necesidad de garantizar derechos básicos, al entender que la discapacidad no puede ser sinónimo de desprotección.
Actualmente, las 1.200 personas que viven en los Pequeños Cottolengos dependen de la Obra para cada aspecto de su vida cotidiana, y muchas de ellas no cuentan con otra red de contención.
Por ello, consideraron que cada vez que el sistema de financiamiento falla, se vulnera la Ley 24901 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en el país.
“No pedimos un favor ni una donación, pedimos el cumplimiento de la ley”, expresaron desde esa institución.
El sostenimiento de una obra de esta magnitud implica no solo el cuidado profesional, sino el mantenimiento de infraestructuras que, en muchos casos, tienen décadas de historia.
La falta de recursos obligó a postergar tareas esenciales de conservación en los edificios, lo que incrementa el riesgo de deterioro en espacios comunes.
Ya no se pueden incorporar nuevos residentes
Asimismo, la crisis limita la capacidad de respuesta ante nuevas demandas de la sociedad, por lo que la imposibilidad de garantizar el financiamiento futuro impide la incorporación de nuevos residentes, dejando a muchas familias sin el apoyo que necesitan.
“Los empleados son los necesarios para cuidar a las personas. Hay residentes que requieren atención total para alimentarse, higienizarse y realizar actividades cotidianas”, explicaron.
Por otro lado, consideraron una paradoja que, mientras el Estado presenta demoras críticas en los pagos de las prestaciones, se exija a las organizaciones sin fines de lucro el cumplimiento fiscal inmediato y sin demoras, por lo que reclamaron un diálogo que se traduzca en hechos concretos y en plazos que el sistema pueda sostener, ya que la buena voluntad no alcanza para cubrir medicamentos o salarios.
Desde hace nueve décadas, la Obra Don Orione sostiene su misión bajo la convicción de que “sólo la caridad salvará al mundo”, pero para que esa caridad siga transformando vidas, se necesitan condiciones mínimas de previsibilidad.
La Obra Don Orione no pide privilegios
Según el comunicado, la Obra Don Orione va a seguir de pie, pero hoy necesita que el Estado cumpla con su rol y esté de pie junto a ella.
“No pedimos privilegios; pedimos que la Argentina sea fiel a sus propias leyes para que 1.200 personas con nombre, historia y dignidad no queden desamparadas”, expresa el documento.
La protección de las personas con discapacidad (PcD) en Argentina se fundamenta en leyes clave que han buscado garantizar sus derechos a lo largo de las décadas:
- Ley 24901 (1997): Estableció el sistema de prestaciones básicas, obligando a obras sociales y al Estado a cubrir servicios de rehabilitación, transporte y asistencia.
- Convención Internacional (2008/2014): Argentina aprobó la Convención de la ONU y posteriormente le otorgó jerarquía constitucional.
- Ley 27793 (2026): Es la normativa más reciente que busca proteger a las PcD, sus familias y a los prestadores de servicios.
¿Cómo se financian las instituciones?
Las entidades como los Cottolengos no reciben un presupuesto fijo, sino que operan bajo un sistema de “pago por prestación”.
Esto implica que:
- La institución factura al financiador (obras sociales, prepagas o el Estado) según los servicios brindados (hogar, centro de día, terapias).
- Desde diciembre de 2025, tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Estado responde a través de la Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud.
- Al valor de cada servicio lo define el Estado, mediante el Nomenclador Nacional.
Crisis Estructural: a punto del quiebre
El sistema atraviesa un punto de quiebre debido a tres factores que asfixian a las instituciones:
- Costos en alza: Los sueldos, alimentos y medicamentos suben de forma constante.
- Aranceles atrasados: Los valores que paga el Estado se actualizan tarde y por debajo de la inflación. En 2025, los aranceles estuvieron congelados durante 9 meses frente a una inflación oficial del 31,5%.
- Demoras en los pagos: Las instituciones deben prestar el servicio y esperar meses para cobrar, lo que genera un déficit mensual creciente.
Un sistema inviable
De esta manera, el sistema se volvió inviable, ya que las instituciones cobran con valores viejos pero deben pagar sueldos actualizados. Las consecuencias directas incluyen:
- Endudamiento y riesgo real de cierre de hogares.
- Imposibilidad de incorporar nuevas personas y reducción en la calidad del servicio.