La Justicia de Salta dictó una medida cautelar para frenar la difusión de un video que vulnera los derechos de una niña, en medio de la fuerte repercusión que generó su viralización en redes sociales y medios de comunicación.
La resolución fue tomada por el Juzgado de Personas y Familia N° 2, a cargo de Víctor Soria, a partir de una presentación realizada por la asesora de incapaces Guadalupe Salatín. El magistrado ordenó el cese inmediato de la publicación del contenido y la eliminación de todo material vinculado, bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
El video, que se difundió masivamente en los últimos días, muestra a una niña llorando mientras pide no ser llevada a la casa de su madre, en el marco de un conflicto familiar por su cuidado. El caso generó conmoción pública, en un contexto especialmente sensible tras situaciones recientes que involucraron a menores, como los casos de Ángel y Lucio.
Salatín explicó que la medida fue solicitada ante la grave afectación a la dignidad y la intimidad de la menor, señalando “que el objetivo principal era frenar de inmediato la viralización del contenido y resguardar su privacidad”. Indicó que las imágenes afectaban de manera directa su imagen y dignidad, y que bajo ningún concepto podían ser compartidas o publicadas.
La funcionaria también recordó que existe un marco legal que protege a niños, niñas y adolescentes, el cual prohíbe difundir imágenes o datos que permitan identificarlos en situaciones de vulnerabilidad. En esa línea, explicó que el Código Civil contempla la protección de los derechos personalísimos, como la dignidad y la imagen.
A su vez, advirtió sobre la identificación indirecta de los menores al indicar que “cualquier información que haga referencia, ya sea de manera directa o indirecta, permite identificar a los niños y no puede ser compartido”, incluyendo datos del entorno familiar o escolar.
Un caso judicializado
Respecto del trasfondo del hecho, Salatín señaló que se trata de un caso que ya contaba con intervención judicial desde 2023, con participación de distintos organismos del Estado. En ese marco, consideró que “este tipo de conflictos deben resolverse por las vías correspondientes y no a través de la exposición mediática”. Según indicó, los canales adecuados son los judiciales, donde se garantiza la protección de los derechos de los menores.
Finalmente, puso el foco en las consecuencias de la viralización al advertir que “el estigma que le vamos a generar a estas nenas no lo podemos dimensionar hoy”, en referencia al impacto que puede tener la exposición pública en su vida.
La cautelar busca ahora frenar la circulación del material y reencauzar el caso en el ámbito judicial, priorizando el interés superior de la niña.