En una nueva jornada de debate en el Congreso sobre la reforma de la Ley de Salud Mental, una de las exposiciones que más impacto generó fue la de Marina Charpentier, madre del cantante Chano y referente de Familia Esperanza, quien reclamó avanzar en modificaciones al sistema actual y pidió que la discusión quede fuera de las disputas políticas
“Si vos escuchás la música de mi hijo habla todo el tiempo de sufrimiento, del dolor de alguien que no entiende qué le pasa, que quiere cambiar y no puede”, confesó en declaraciones posteriores al debate.
La exposición se dio durante el plenario de las comisiones de Salud y Legislación General de la Cámara de Diputados, donde distintos especialistas, familiares y organizaciones expusieron posiciones a favor y en contra del proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley 26.657.
Charpentier habló desde su experiencia personal atravesada por los consumos problemáticos y las crisis de salud mental de su hijo, y planteó la necesidad de revisar el actual marco normativo.
“La salud no puede tener grieta. Los enfermos y los familiares no podemos esperar, no puede ser que la política interfiera en esta discusión”, sostuvo durante su intervención.
La referente de Familia Esperanza aseguró además que la legislación vigente necesita cambios urgentes para contemplar también el sufrimiento y la vulnerabilidad de las familias. “Necesitamos aggiornar la ley de salud mental porque tenemos que proteger los derechos humanos de la familia y de los demás”, expresó.
En uno de los momentos más contundentes de su exposición, Charpentier evitó alinearse completamente con un proyecto puntual, aunque insistió en la necesidad de avanzar en reformas concretas. “No sé si este u otro proyecto, pero necesitamos cambiar porque así como estamos, estamos muy mal”, afirmó.
El debate sobre la reforma de la Ley de Salud Mental volvió a dividir posiciones dentro del ámbito sanitario, académico y político. Mientras sectores profesionales vinculados a la psicología y organismos de salud cuestionaron el proyecto del Gobierno por considerar que implica un retroceso en derechos y en el abordaje interdisciplinario, familiares de personas con consumos problemáticos y patologías psiquiátricas respaldaron la necesidad de modificar la normativa actual.
Entre quienes apoyaron la reforma también expuso Stella Maurig, fundadora de Madre Marcha, psicoeducadora y especialista en Adicciones: “soy madre de un hijo consumidor, con dos trastornos de salud mental, que se suicidó en 2019. Gracias a esta ley actual nunca pudimos ayudarlo. Mi hijo entraba a las guardias, le ponían un suero, lo desintoxicaban y le daban el alta; cuando no se arrancaba todo y se escapaba”.
Juan Roza Alconada, director ejecutivo de la asociación civil Icona y hermano de Rodrigo Roza, el hombre que en 2020, durante un brote psicótico, atacó con un cuchillo al policía federal Juan Pablo Roldán en el barrio porteño de Palermo —quien respondió con su arma reglamentaria—, recordó distintos episodios vinculados a la enfermedad mental que padecía su familiar, diagnosticado con esquizofrenia paranoide.
Según relató, Rodrigo atravesó varios brotes a lo largo de los años y sólo en una oportunidad logró ser internado, aunque posteriormente se fugó del establecimiento. En ese contexto, Alconada apuntó contra la legislación vigente en materia de Salud Mental y consideró: “El problema es la ley, está bien claro”.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo fue enviado al Congreso con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros Mario Lugones y Juan Bautista Mahiques. El oficialismo prevé continuar el debate durante las próximas semanas antes de avanzar con un eventual dictamen.
Voces en contra de la reforma de Salud Mental
Marcelo Clingo, presidente de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, manifestó una “profunda” preocupación por el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo al considerar que “no constituye una actualización del sistema de salud mental sino retroceso conceptual, sanitario y jurídico que pone en riesgos avances construidos durante décadas en materia de derechos, calidad de atención y abordajes interdisciplinarios”.
“El proyecto deshace el concepto de equipo interdisciplinario tanto en su esencia como en sus posibilidades concretas de implementación”, señaló Clingo, quien agregó que esta reforma “en su esencia porque reinstala una lógica jerárquica y verticalista, que es incompatible con cualquier concepción seria de la interdisciplina”. “Nuestro enfoque se basa en una perspectiva sanitaria y democrática”, destacó.
La subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y las Violencias de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, rechazó la nueva reforma a la Ley 26.657 y en oposición, destacó la gestión del distrito al relatar que cuenta con 600 psiquiatras. Asimismo, mencionó que “el sector público está recibiendo una sobredemanda” y lo vinculó a la pérdida de 750.000 personas de la cobertura de salud.
En lo que respecta al proyecto de ley redactado por el ministro Mario Lugones, la funcionaria sintetizó que “nos resulta un hecho grave porque elimina el compromiso económico y financiero del Estado nacional y, justamente, el Estado nacional no invierte y está desfinanciando todas las áreas de salud mental”.