El fastuoso casamiento de Nicole Pocoví y Federico Marán en la Quebrada de las Conchas, Salta, ha desatado una controversia que ahora involucra a la Justicia. Tras la denuncia penal presentada por la Secretaría de Ambiente provincial, se investiga la presunta falsificación de documentos para obtener la autorización de la celebración en un área protegida. Paralelamente, avanza un expediente administrativo que podría acarrear una multa considerable, según se afirmó en un comunicado de prensa, tal como informó Gente de Salta.
En medio del revuelo mediático generado por el evento, bautizado como “Cafayate Fantasy”, Nicole Pocoví , la hija del empresario Marcelo Pocoví ligado al menemismo, como contó Gente de Salta, decidió dar su versión de los hechos. En un mensaje enviado al programa de Sergio Lapegüe en América, Pocoví explicó: “El espacio donde se realizó el evento es una propiedad privada que pertenece a la familia Soriano desde hace más de 60 años y nosotros lo alquilamos directamente a ellos”.
Pocoví intentó deslindar responsabilidades y dirigió la atención hacia los organizadores del evento. “El lugar donde se hizo la ceremonia es de usointensivo y hace muchos años se realizan allí distintos tipos de filmaciones. Incluso, cerca se hicieron eventos de gran escala como el Dakar”, argumentó.
La empresaria defendió su accionar, señalando: “Se requiere la autorización correspondiente. Según tenemos entendido, este permiso debe ser gestionado por el propietario del inmueble. Nuestro contrato establece que deben garantizar todas las habilitaciones necesarias. Nos confirmaron que el trámite estaba realizado y por nuestra parte no es habitual que el cliente verifique los permisos”.
Pocoví aseguró que se realizaron “los estudios de impacto correspondientes” antes de la fiesta y que desde el inicio hubo guardaparques supervisando y dando “recomendaciones para el cuidado del entorno”.
A pesar de estas afirmaciones, la Secretaría de Ambiente inició una investigación y presentó una denuncia penal, lo que sugiere que las autoridades no están convencidas de que se hayan cumplido todas las normativas ambientales, según también publicó Gente de Santa.
Según Pocoví, cuando la Secretaría de Ambiente llegó al lugar durante la celebración, “pudo constatar que no existía ninguna violación a las normas ambientales ni daño en el predio”. La investigación judicial determinará si estas afirmaciones son consistentes con la realidad y si hubo negligencia o dolo en la obtención de los permisos para la "Cafayate Fantasy".
Lucía Belén Grajales Soriano, propietaria del terreno, también se defendió de las acusaciones, argumentando que se trató de “un evento en una propiedad dentro de una reserva” y que se “respetaron las leyes”. Según la familia, son dueños de una finca dentro de las 25.000 hectáreas de área protegida desde 1965.
La acusación del gobierno provincial
El Gobierno provincial, sin embargo, mantiene una postura firme. La administración sostiene que la constancia de autorización presentada por los organizadores es apócrifa. Las imágenes difundidas por la Gobernación muestran que la firma del secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, habría sido agregada digitalmente y no escrita a mano.
El propio Aldazábal desmintió la validez del permiso. “No autoricé nada, ese documento es falso”, aseguró el funcionario. El permiso, fechado el 11 de diciembre, tampoco coincide con el formato habitual de la administración pública.