Protocolo para las personas privadas de libertad
Un acuerdo celebrado entre la Asociación gremial de abogados y abogadas de la República Argentina y el Servicio Penitenciario de Salta, homologado por la Justicia salteña, permitirá garantizar que las personas presas puedan estudiar carreras universitarias sin trabas ni malos tratos, a través de la aprobación de un protocolo especialmente diseñado para regular las actividades de educación superior en contexto de encierro.
“Estamos muy contentos y conformes con este protocolo de acceso a la educación universitaria en contexto de encierro. Creemos que va a sentar un precedente muy importante en la provincia, no solo en lo que tiene que ver con el acceso al derecho de la educación universitaria, sino también en el cumplimiento de las garantías constitucionales y la protección de los derechos humanos”, dijo a Gente de Salta Andrés Giordamachi, del Comité para la Prevención de la Tortura en Salta.
Se trata de un proceso iniciado por esa asociación, en representación de los internos de los establecimientos penitenciarios provinciales, que presentó un recurso de hábeas corpus colectivo y correctivo, con el objeto de obtener el cese del agravamiento de las condiciones de privación de libertad consistentes en prácticas que consideran una sistemática afectación del derecho a la educación de los internos que cursan sus estudios universitarios en contexto de cumplimiento de una condena privativa de libertad.
Luego de haberse dictado la resolución que dio tramite al habeas corpus colectivo y haberse tomado nota en el Registro de Procesos Colectivos, se realizaron audiencias e inspecciones oculares en las Unidades Carcelarias, en las que participaron los internos en forma directa o a través de representantes elegidos por los propios internos.
“Hay aspectos fundamentales que hay que rescatar en la redacción de este protocolo, que tienen que ver, primero, con la participación de las personas privadas de la libertad, en un ámbito de discusión igualitaria, donde pudieron ser oídos, pudieron discutir de manera asociativa los alcances de los artículos”, expresó, tras lo que señaló que se trata de personas que “continúan siendo sujetos de derechos, aun cuando hayan perdido su libertad ambulatoria”.
Luego explicó que el segundo aspecto fundamental del protocolo, es que, “en el espíritu de sus artículos, se ha logrado realizar un cambio de paradigma muy importante en la ejecución de la pena privativa de la libertad, porque durante mucho tiempo el acceso a la educación se ha considerado como un beneficio carcelario para muy pocos, quizás hasta un privilegio”.
"Estos artículos recogen la educación como un derecho humano y como un instrumento primordial en lo que hace a la reinserción social de la persona privada de la libertad, que es el fin último que tiene la ejecución de la pena, y lo que está regulado de la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos", afirmó.
De las audiencias celebradas en el marco conciliatorio, participaron representantes de Fiscalía de Estado de Salta; de la Dirección de Regímenes Penales y Medidas Judiciales de la Subsecretaría de Políticas Penales del Ministerio de Gobierno y Justicia; de la Dirección General de Políticas Penales de ese Ministerio; del Servicio Penitenciario de la Provincia; del Comité Provincial contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Salta.
En este proceso, que se destacó por la participación colaborativa de las partes y el acompañamiento del Comité Provincial contra la tortura y la Universidad Nacional de Salta, se logro un acuerdo que comprende un “Protocolo para la Educación Superior de las Personas privadas de libertad”.
Este protocolo tiene por objeto “regular la organización, funcionamiento, supervisión, control, evaluación y resguardo de las actividades de educación superior desarrolladas por personas privadas de libertad alojadas en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, garantizando el ejercicio del derecho a la educación en armonía con los principios de seguridad institucional, seguridad pública, disciplina, orden interno, tratamiento penitenciario y adecuada administración de los recursos estatales”.
El derecho a la educación entre los principios rectores
Entre los principios rectores de este acuerdo se destacan el derecho a la educación como promoción del desarrollo personal, la capacitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad, la reinserción social, la seguridad institucional, el interés general penitenciario, la igualdad y la no discriminación.
En este sentido, la firma de este acuerdo prohíbe “todo trato denigrante y toda obstaculización o impedimento arbitrario a las actividades universitarias”, ausencia de privilegios, y la protección integral de los derechos humanos respetando los principios de “progresividad y no regresividad, debiendo garantizar simultáneamente el respeto de los derechos humanos de los estudiantes, de la restante población penal, del personal penitenciario, de los docentes y de toda persona vinculada al desarrollo de dichas actividades”.
Además, el protocolo crea la Comisión de Seguimiento Universitario, con una conformación plural que incluye dos estudiantes, uno en representación de los estudiantes de las unidades carcelarias de varones y otra en representación de las unidades carcelarias de mujeres.
El acuerdo, que fue homologado por la jueza de Minas de Salta, María Victoria Mosmann, dispone además el monitoreo de estas medidas por parte del Comité Provincial contra la Tortura, además de la capacitación al personal del Servicio Penitenciario en Derechos Humanos, educación en contexto de encierro, prevención de la discriminación y buenas prácticas penitenciarias.
“En el proceso judicial se le ha solicitado al Comité un control particular del cumplimiento del protocolo, como si fuésemos una auditoría externa", sostuvo Giordamachi, quien destacó que se trata de “una función que hemos aceptado, porque también es parte de nuestras funciones diarias como organismo de control”.
No obstante, aclaró que “particularmente tomamos esta función como un desafío”, al estar frente a “un instrumento en el cual no solamente hemos participado activamente en la redacción, sino que estamos muy contentos con el trabajo final”, y agregó: "tomaremos este desafío con la seriedad y la importancia con la que venimos haciendo los monitoreos en los lugares de encierro”.
Finalmente, se acordó la colocación de afiches para difundir los derechos y deberes de los estudiantes del nivel superior que están en condiciones de detención.