Once años después del nacimiento de Ni Una Menos, la Argentina vuelve a marchar con la misma bronca y el mismo dolor. El femicidio de Chiara Páez, que dio origen a aquel histórico 3 de junio de 2015, encuentra hoy un espejo cruel en la muerte de Agostina Vega. Dos adolescentes de 14 años separadas por más de una década y unidas por una tragedia que el país no logró evitar.
La realidad obliga a una reflexión incómoda. Durante años se crearon ministerios, secretarías, observatorios y programas destinados a combatir la violencia de género. Sin embargo, los femicidios siguieron ocurriendo. La existencia de estructuras estatales nunca fue garantía de resultados cuando faltaron controles, recursos eficientes y políticas que llegaran verdaderamente a quienes estaban en riesgo.
Pero tampoco se puede ignorar el presente. Los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei en áreas sociales y de género generan preocupación en un contexto donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una emergencia. Cuando el Estado se retira, la pregunta es quién ocupa ese lugar para asistir, proteger y prevenir.
Sin embargo, el debate no debería reducirse a una pelea entre gobiernos. Porque la violencia machista no empezó con Milei ni terminó con los gobiernos anteriores. Es un problema estructural y cultural que atraviesa a toda la sociedad y que se alimenta de una cultura donde todavía persisten el machismo, la desigualdad y la violencia contra las mujeres.
Y tal vez la pregunta más dura sea cuánto estamos dispuestos a cambiar como sociedad. Porque detrás de cada femicidio no solo hay un asesino: también hay señales ignoradas, entornos que callan, instituciones que llegan tarde y una comunidad que muchas veces prefiere mirar hacia otro lado. El Estado tiene una responsabilidad indelegable en la prevención y protección, pero ninguna política pública será suficiente si seguimos naturalizando conductas violentas, justificando el control sobre las mujeres o relativizando las denuncias. Cada femicidio es un fracaso estatal, pero también una derrota colectiva.
Por eso la discusión de fondo es otra: ¿para qué queremos un Estado si no puede garantizar el derecho más básico, ¿que es el derecho a la vida? ¿De qué sirven los discursos, los ministerios o los ajustes si las mujeres siguen muriendo? La verdadera fortaleza de una República no se mide por sus indicadores económicos ni por las disputas políticas del momento; se mide por su capacidad de proteger a los más vulnerables y de impedir que la violencia se convierta en una condena cotidiana.
Y si el Estado no está, si las instituciones fallan, si la política llega siempre después de la tragedia, entonces la sociedad tiene la obligación de asumir un papel más activo. No para reemplazar la justicia ni las responsabilidades públicas, sino para construir redes reales de cuidado, acompañamiento y solidaridad. El pensador anarquista Piotr Kropotkin sostenía que la cooperación y el apoyo mutuo son la base sobre la que las comunidades sobreviven y progresan. Quizás allí haya una enseñanza vigente: ninguna ley, ningún ministerio y ningún gobierno podrán resolver por sí solos una violencia que también se reproduce en los barrios, en las familias, en las escuelas y en los lugares de trabajo. Si el Estado falla, la sociedad no puede resignarse a la indiferencia. Debe organizarse, involucrarse y recuperar la capacidad de cuidar a los suyos antes de que sea demasiado tarde.
A once años de Ni Una Menos, la deuda sigue abierta. Y mientras haya una mujer menos, una adolescente asesinada o una familia destruida por la violencia, el reclamo seguirá vigente. Porque ninguna sociedad puede considerarse justa, moderna o libre mientras sus mujeres sigan teniendo que marchar para exigir algo tan elemental como seguir vivas.