El reclamo de vecinos del barrio Lares de la Inmaculada, en Vaqueros, volvió a poner en evidencia una problemática que se extiende a lo largo del corredor norte de Salta: el crecimiento de loteos accesibles sin garantías básicas, a veces en plenos cerros y con entradas peligrosas, donde el sueño del terreno propio convive con riesgos cada vez más visibles.
Sucede aún a costa de comprarle a "empresas confiables" que emprenden antes de tener los permisos y factibilidades correspondientes.
El caso puntual de Vaqueros, espacio que se encuentra detrás del colegio San Cayetano, derivó en un pedido de reunión con autoridades de la Municipalidad, a la que accedió la intendenta Andrea Salvatierra.
Los vecinos le detallaron una situación crítica: calles intransitables, falta de iluminación, riesgos estructurales en el entorno y un aumento de hechos de inseguridad. A esto se suma la falta de respuestas de la desarrolladora MDAY y un dato clave: el loteo aún no cuenta con la aprobación definitiva, lo que impide avanzar en la regularización y en la provisión de servicios esenciales.
Pero el caso no es aislado. A lo largo de la Ruta Nacional 9, desde Vaqueros hacia La Caldera y en zonas cercanas al Dique Campo Alegre, se repite un mismo patrón: tierras subdivididas, ofertas tentadoras en cuotas y compradores que ingresan a proyectos sin infraestructura garantizada.
El atractivo es claro: precios más bajos y facilidades de pago que permiten a muchas familias acceder a un lote. Sin embargo, el costo oculto aparece con el tiempo. Falta de agua potable, redes eléctricas incompletas, ausencia de gas, calles sin consolidar y escrituras que se demoran —o directamente no llegan— forman parte de una realidad que se multiplica.
En paralelo, la inseguridad crece en estos sectores con robos de materiales, vandalismo, alambrados rotos por los animales sueltos, una y otra vez, e incluso denuncias rurales que se generan relacionadas al cuatrerismo que preocupa a quienes ya viven o intentan construir.
El trasfondo abre interrogantes que siguen sin respuestas claras: ¿Quién controla estos desarrollos? ¿Qué responsabilidad tienen los municipios en la aprobación y fiscalización? ¿Qué garantías reales ofrecen las empresas o propietarios al momento de vender? ¿Y qué herramientas tiene un comprador para verificar que ese terreno podrá contar con servicios y escritura?
La falta de planificación y controles efectivos deja a los compradores en una zona gris, donde la inversión —muchas veces fruto de años de ahorro— queda atada a promesas inciertas.