SociedadCrisis en hospitales de la UBA
Los directores médicos de los hospitales universitarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron este martes sobre una situación crítica en el sistema de salud universitario y reclamaron la inmediata aplicación de la ley de financiamiento aprobada el año pasado. Según denunciaron, la falta de transferencia de fondos por parte del Gobierno nacional compromete seriamente la continuidad de la atención médica, la docencia y la investigación.
El reclamo fue expuesto durante una conferencia de prensa realizada en el Hospital de Clínicas, donde autoridades de los seis hospitales universitarios de la UBA señalaron que, durante los primeros cinco meses del año, no recibieron fondos correspondientes a la partida presupuestaria destinada al funcionamiento operativo.
Los hospitales involucrados son el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. Estas instituciones cumplen funciones clave en atención médica, formación profesional e investigación científica, y atienden en conjunto a aproximadamente 700 mil personas por año.
De acuerdo con las autoridades hospitalarias, el presupuesto adeudado asciende a 80 mil millones de pesos, de los cuales una cuarta parte debió haberse ejecutado entre enero y abril. Aseguran que esta demora coloca a la atención sanitaria en un “riesgo inminente”.
El director del Instituto Lanari, Norberto Lafos, explicó que hasta la fecha no habían recibido ningún desembolso correspondiente al presupuesto anual aprobado. “Llevamos un cuatrimestre entero, cuatro meses del presupuesto anual aprobado y no hemos visto un solo peso. Imagínense cómo podemos seguir brindando asistencia con la calidad que merecen nuestros pacientes”, afirmó.
Ante esta situación, señaló que los hospitales debieron recurrir a “ingeniería financiera” para sostenerse: retraso en pagos a proveedores, negociaciones permanentes, reducción de prestaciones y búsqueda de donaciones o colaboraciones externas.
Lafos también remarcó el impacto del aumento de costos en insumos médicos y medicamentos, cuyos precios están fuertemente dolarizados. Explicó que los ingresos generados por obras sociales o medicina prepaga solo pueden utilizarse para gastos de emergencia, compra de insumos y medicamentos, insuficientes para cubrir el funcionamiento integral.
Además, advirtió que, de no regularizarse la situación, en aproximadamente un mes y medio podría verse comprometida la capacidad de atención de pacientes. “Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto que nos adeudan”, sostuvo.
Por su parte, el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, describió una situación operativa ya severamente afectada. Indicó que el hospital funciona actualmente al 50% de su capacidad, con restricciones en internaciones, listas quirúrgicas y servicios generales.
“No podemos internar, no podemos liberar la lista de cirugía. Vamos resolviendo con el presupuesto disponible y con el respaldo de proveedores que continúan entregando insumos generando deuda, pero eso tiene un límite”, explicó.
Melo subrayó además el deterioro salarial dentro del sistema hospitalario. Según detalló, entre el 70% y el 80% del personal cobra por debajo de la línea de pobreza. Señaló que médicos residentes con dedicación exclusiva perciben alrededor de un millón y medio de pesos mensuales, enfermeros cerca de un millón cien mil y personal administrativo y de limpieza alrededor de un millón.
“Se exige una salud digna y hospitales ejemplares, pero la parte salarial no acompaña esas exigencias”, afirmó.
El ajuste también afecta áreas sensibles como seguridad, limpieza, licitaciones de medicamentos y honorarios de anestesistas. Melo ejemplificó la gravedad de la situación mencionando la compra de oxígeno medicinal, uno de los gastos más elevados y esenciales para cualquier hospital de alta complejidad.
“Un hospital que no puede comprar oxígeno ya compromete seriamente la atención y nuestra responsabilidad profesional”, advirtió.
La respuesta del Gobierno
Tras las denuncias, el Gobierno nacional salió a responder mediante un comunicado del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, en el que negó categóricamente las acusaciones de desfinanciamiento.
Según la cartera, el Gobierno transfirió mensualmente a la UBA la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N.º 27.798 de Presupuesto 2026, incluyendo partidas destinadas a salud, tanto para gastos de personal como de funcionamiento.
El comunicado sostiene que el reclamo de la UBA no se refiere a fondos ordinarios sino a una asignación adicional correspondiente a la partida “Hospitales Universitarios”, contemplada en el artículo 12 de la ley de presupuesto, por un monto total de 79.763.113.948 pesos.
De acuerdo con el Ministerio, la UBA solicitó 75.371.896.068 pesos, equivalentes al 94,5% de ese fondo nacional, dejando un remanente mínimo para el resto de los hospitales universitarios del país.
“El Ministerio considera inadmisible que una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo”, señaló el documento oficial.
El conflicto deja expuesta una fuerte disputa entre la principal universidad pública del país y el Gobierno nacional respecto de la ejecución y distribución de recursos para salud universitaria.
Mientras las autoridades médicas alertan sobre un inminente colapso operativo y la imposibilidad de sostener la atención en pocas semanas, el Ejecutivo insiste en que los fondos fueron transferidos y acusa a la UBA de reclamar una porción desproporcionada de una partida compartida.
La resolución del conflicto será determinante no solo para el funcionamiento de hospitales que atienden a cientos de miles de personas cada año, sino también para la formación de profesionales de la salud y el sostenimiento de la investigación médica pública en Argentina.