La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a un proyecto que modifica el Código Contravencional para endurecer penas contra el cobro ilegal de estacionamiento en la vía pública. La iniciativa, que ahora volvió al Senado en revisión, no solo fija multas y arrestos de hasta 50 días, sino que también busca ordenar una actividad extendida mediante un registro oficial de permisionarios.
El proyecto —impulsado por las diputadas Socorro Villamayor y Laura Cartuccia, junto al exsenador Gustavo Carrizo— incorpora la creación de un Registro Provincial de Permisionarios, de acceso público, y establece la obligatoriedad de portar una credencial visible con datos personales y código QR verificable. El objetivo es dar transparencia, facilitar controles y evitar prácticas extorsivas vinculadas a los denominados “trapitos”.
Un problema con antecedentes en todo el país
La iniciativa se inscribe en una discusión que no es nueva y que ya tuvo distintos intentos de regulación en otras jurisdicciones:
- En la Ciudad de Buenos Aires, la Legislatura debatió en reiteradas ocasiones proyectos para penalizar la actividad de “trapitos”, aunque sin lograr sanciones definitivas de alto impacto.
- En Rosario, se implementaron operativos y ordenanzas para restringir el cobro informal en eventos masivos, con detenciones y multas en zonas de alta circulación.
- En Córdoba, se avanzó con figuras contravencionales que sancionan el cobro indebido en la vía pública, especialmente durante espectáculos deportivos.
- A nivel nacional, el debate también llegó al Congreso, donde distintos proyectos buscaron tipificar como delito la actividad cuando media intimidación o extorsión, aunque sin prosperar.
En Salta, la problemática viene siendo señalada desde hace años por vecinos y comerciantes, especialmente en zonas céntricas y durante eventos, donde se reportan cobros obligatorios, presiones o amenazas para permitir el estacionamiento.
Qué cambia con la nueva ley
El texto aprobado establece:
- Multas o arresto de hasta 50 días para quienes cobren sin autorización
- Agravantes en casos de organización o en eventos masivos
- Registro obligatorio y credencial identificatoria
- Coordinación con municipios, que seguirán siendo los encargados de habilitar zonas de estacionamiento medido
Según explicó la diputada Socorro Villamayor, la norma no busca prohibir la actividad en sí, sino regularla y evitar abusos, fijando criterios comunes en toda la provincia.
Debate abierto
La discusión sobre los “trapitos” combina seguridad, economía informal y control estatal. Mientras algunos sectores reclaman prohibición total, otros plantean la necesidad de regular e integrar la actividad dentro de esquemas formales.
Con este proyecto, Salta se suma a una tendencia nacional que intenta pasar de respuestas aisladas a marcos normativos más claros, aunque su efectividad dependerá —como en otros distritos— de la implementación y los controles en la calle.