Los hechos recientes que involucran a niñas, niños y adolescentes en distintas jurisdicciones del país, atravesados por diversas formas de violencia —algunas extremas— tanto en entornos presenciales como digitales, conmueven con razón a la sociedad en su conjunto y no deben ser interpretados como manifestaciones aisladas.
El escenario mundial, atravesado por múltiples formas de violencia (incluidas las guerras), se inscribe en un contexto social pospandemia en el que las relaciones sociales se transformaron vertiginosamente, dando lugar a nuevas dinámicas de vínculos presenciales y virtuales. En ese marco, el impacto de las nuevas tecnologías nos sitúa en un momento crucial. La violencia parece ganar centralidad, erosionando el valor del diálogo, de las instituciones y de los vínculos sociales que sostienen la convivencia democrática.
Nuestro país no permanece ajeno a ese clima. Referentes de la vida pública sostienen discursos y protagonizan discusiones que naturalizan expresiones agresivas e intolerantes, sin dimensionar el impacto que ello produce en la convivencia social, especialmente entre niñas, niños y adolescentes en una etapa de aprendizaje y formación ciudadana.
La agenda vinculada a las infancias se ha concentrado históricamente —con razón— en los déficits de las políticas públicas tradicionales: pobreza, inseguridad alimentaria, trayectorias educativas deficitarias, desigualdades territoriales, dificultades en el cuidado infantil y debilitamiento de las redes comunitarias y estatales. A ello se suma la situación que atraviesan muchas familias que, en contextos económicos y sociales cada vez más complejos, enfrentan crecientes dificultades para acompañar a sus hijos e hijas frente al impacto de las tecnologías y los nuevos fenómenos que atraviesan la vida cotidiana.
Por otro lado, persisten situaciones graves de violencia física y psicológica en el ámbito familiar que requieren detección temprana e intervención oportuna por parte de los organismos administrativos y judiciales, especialmente en contextos atravesados por silenciamiento y dificultades para denunciar. Cuando esas vulneraciones configuran delitos, o cuando la inacción agrava el daño, el Estado debe actuar con responsabilidad y sin tolerar impunidad.
Los fenómenos actuales revelan algo más profundo que la insuficiencia de las políticas públicas. Expresan una creciente desconexión entre el mundo adulto y las nuevas generaciones y exponen las dificultades del Estado para escuchar, prevenir, intervenir a tiempo y acompañar los procesos de desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
La fragilidad institucional constituye hoy uno de los principales obstáculos para abordar los problemas
Muchas herramientas estatales resultan insuficientes o desactualizadas frente a nuevas formas de vida y de sociabilidad digital, mientras niñas, niños y adolescentes carecen de canales accesibles y eficaces para pedir ayuda, denunciar situaciones de riesgo o recibir orientación adecuada. La ausencia de dispositivos directos, confidenciales y de calidad dificulta prevenir situaciones de violencia, conductas autolesivas o delitos contra los más chicos.
Si bien la AUH ha registrado aumentos en los últimos años en comparación con los programas alimentarios, el desfinanciamiento de políticas y programas destinados a la infancia ha sido significativo. Esto profundiza desigualdades y debilita la capacidad institucional para revertir condiciones de vulneración. En ese contexto, ciertas prácticas delictivas ejercidas por adultos encuentran mayores posibilidades para captar, manipular y violentar a niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales y entornos digitales.
Los problemas de salud mental en la población infantil y adolescente son cada vez más graves y visibles. Datos oficiales advierten un crecimiento sostenido de los padecimientos de salud mental entre adolescentes, en un contexto en el que el suicidio constituye la segunda causa de muerte entre jóvenes de 10 a 19 años. Al igual que ocurre con los consumos problemáticos y las distintas formas de violencia -inclusive entre pares-, requiere abordajes claves de salud mental en hospitales y centros de salud descentralizados en el territorio.
No bastará solo con sancionar leyes que regulen los entornos digitales y la protección de datos en la infancia . Resulta urgente implementar programas y garantizar mecanismos efectivos de prevención y atención frente a fenómenos actuales como el bullying, el ciberbullying, el grooming, las apuestas online y otras nuevas formas de violencia y captación ejercidas por adultos a los niños, niñas y adolescentes. También queda expuesta la precariedad de los canales institucionales de escucha y orientación para jóvenes, muchas veces limitados, poco accesibles o desactualizados frente a las nuevas tecnologías y formas de comunicación digital. La falta de herramientas confidenciales y ágiles dificulta la detección temprana y la prevención de los delitos.
Frente a este escenario, no alcanzan diagnósticos parciales ni respuestas aisladas. La ausencia de coordinación rápida entre áreas de educación, salud, desarrollo social y la justicia, cuando corresponda, refleja dificultades estatales para responder a problemas que evolucionan con enorme velocidad. Por tal motivo, resulta indispensable declarar la emergencia en políticas de infancia y construir ámbitos permanentes de trabajo mancomunado entre el área nacional de Niñez, la Defensoría de los Derechos del Niño y las provinciales, y los distintos Consejos Federales, capaces de adoptar decisiones urgentes y respuestas coordinadas en todo el país.
La demora para concluir el proceso de designación del Defensor/a de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y sus adjuntos, pese a encontrarse concluidas las instancias del concurso, cuyos resultados deben ser respetados, también refleja una preocupante falta de prioridad institucional frente a problemas que requieren instituciones sólidas y plenamente activas que ejerzan un monitoreo del desempeño de los organismos responsables.
No se trata únicamente de la falta de recursos. Los cambios sociales, tecnológicos y culturales exigen que el Estado comprenda la complejidad y la dinámica de los problemas contemporáneos, supere inmediatamente las respuestas tardías, fragmentadas y desactualizadas y modernice sus capacidades de gestión y gobernanza del sistema de protección integral que atiende a la infancia.
Declarar la emergencia en políticas de infancia implica asumir la gravedad de la situación, coordinar respuestas urgentes y establecer responsabilidades y sanciones claras frente al incumplimiento de las obligaciones destinadas a proteger a niñas, niños y adolescentes.