Cuando el Estado falla, las calles vuelven a llenarse
Once años después del nacimiento de Ni Una Menos, miles de salteñas y salteños volvieron a ocupar las calles de la capital provincial para recordar que la violencia machista sigue siendo una deuda abierta de la democracia. Bajo la consigna "Nos siguen matando", organizaciones feministas, sociales, sindicales y de la diversidad se concentraron este miércoles en Plaza 9 de Julio para exigir respuestas concretas frente a una problemática que continúa cobrando vidas.
La movilización avanzó por las calles del centro salteño hasta la Legislatura Provincial en una jornada atravesada por el dolor, la indignación y el reclamo. A once años de aquella histórica marcha que nació tras el femicidio de Chiara Páez, la realidad vuelve a golpear con fuerza. Esta vez, la conmoción nacional por el asesinato de Agostina Vega, otra adolescente de apenas 14 años, resignificó el sentido de una consigna que parece no perder vigencia.
Participaron organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos, entre ellas la agrupación Mumalá Salta, la Agrupación Beatriz Peloso, colectivos de la diversidad y distintos espacios territoriales que desde hace años sostienen el acompañamiento a víctimas de violencia de género.
En contraste, la presencia de dirigentes políticos fue escasa. Los únicos referentes partidarios visibles durante la marcha fueron los dirigentes del Partido Obrero, Claudio Del Plá, Pablo López.
La jornada culminó frente a la Legislatura Provincial con una de las imágenes más conmovedoras de la tarde: una performance protagonizada por familiares de víctimas de femicidio que se cubrieron la cabeza con bolsas negras de residuos para representar la forma en que muchas de sus hijas, hermanas, madres y amigas fueron encontradas tras ser asesinadas.
El silencio que acompañó la intervención se convirtió en una de las postales más impactantes de una jornada atravesada por el dolor, la memoria y el reclamo de justicia.
El mensaje fue claro: los femicidios continúan, la violencia persiste y las respuestas del Estado siguen siendo insuficientes. "Necesitamos tener políticas públicas efectivas para prevenir la violencia y la muerte de nuestras compañeras", expresó María Alanís, integrante de la agrupación Beatriz Peloso, durante la cobertura realizada por Gente de Salta.
La movilización también estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos a las decisiones políticas tomadas tanto a nivel nacional como provincial.
Maru Rocha Alfaro advirtió que la problemática de género debería ocupar un lugar central en la agenda pública y cuestionó la falta de avances legislativos vinculados a los derechos de las mujeres y diversidades.
"El género en nuestra provincia es algo central y esta Legislatura ha dejado de hacer leyes en beneficio de las organizaciones", sostuvo.
Uno de los reclamos más reiterados estuvo dirigido al desfinanciamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, organismo creado precisamente para producir información, monitorear políticas públicas y aportar herramientas para combatir la violencia de género. Según denunciaron las organizaciones, el organismo continúa sin completar la designación de representantes que deberían integrar su estructura. "Exigimos que esas representantes estén hoy designadas. Eso es tener voluntad política, señor gobernador", reclamó Rocha Alfaro.
"No podemos tener representantes como la diputada Laura Cartuccia que impulsó el desfinanciamiento de uno de los organismos más importantes que tiene la provincia para generar información oficial sobre cómo y por qué mueren las mujeres", afirmó.
Las críticas no estuvieron dirigidas únicamente al actual contexto político. La marcha dejó expuesta una sensación compartida por gran parte de las organizaciones: la violencia de género atraviesa gobiernos, gestiones y partidos políticos. Salta mantiene vigente desde 2014 la Emergencia por Violencia de Género. Sin embargo, más de una década después, los reclamos siguen siendo prácticamente los mismos.
Las organizaciones cuestionaron la falta de prevención, las demoras institucionales, la insuficiente asistencia a víctimas y la ausencia de políticas sostenidas en el tiempo. A nivel nacional, además, existe preocupación por el desfinanciamiento de programas destinados a la prevención y acompañamiento de mujeres en situación de violencia.
"Venimos acompañando situaciones de violencia que se profundizan a partir de todo este desfinanciamiento estatal que se está produciendo a nivel nacional", señalaron desde los colectivos presentes en la movilización.
Mucho más que una marcha
La multitud que recorrió las calles de Salta no sólo reclamó justicia por las víctimas. También interpeló a una dirigencia política que parece incapaz de construir respuestas efectivas frente a una problemática estructural.
Porque once años después de aquel primer Ni Una Menos, la discusión ya no pasa únicamente por la existencia de ministerios, secretarías o programas. La pregunta es mucho más profunda: ¿por qué las mujeres siguen muriendo a pesar de las leyes, los discursos y las promesas?
La respuesta probablemente sea incómoda. Porque la violencia machista no es solamente un fracaso del Estado. También es el reflejo de una cultura que todavía naturaliza desigualdades, silencios y formas de violencia que muchas veces comienzan mucho antes de que aparezca la tragedia.
La edición 2026 de Ni Una Menos estará inevitablemente atravesada por el impacto que generaron los recientes femicidios de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia, casos que volvieron a sacudir a la sociedad argentina y reavivaron el reclamo por medidas urgentes para prevenir la violencia machista.
En Salta, la preocupación también crece. Durante este año ya se registraron tres femicidios, una cifra que mantiene encendidas las alarmas en una provincia que históricamente figura entre las jurisdicciones con mayores índices de violencia de género.
Según un reciente informe del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), la situación en Salta vuelve a encender las alarmas: entre enero y mayo de 2026 se registraron tres femicidios con acción penal vigente, y en el 100% de los casos el agresor era la pareja de la víctima, un patrón que expone la persistencia de la violencia machista en el ámbito más íntimo.
Las víctimas fueron María Griselda Olart (44 años), asesinada el 8 de febrero; Natalia Cruz (37 años), víctima de un femicidio ocurrido el 17 de febrero en Campo Quijano; y Vanesa García (41 años), hallada sin vida el 16 de marzo en barrio San Calixto. El relevamiento analiza femicidios, travesticidios, transfemicidios y otras muertes violentas de mujeres ocurridas en la provincia.
Desde el organismo aclararon además que un hecho ocurrido el 26 de mayo no fue incorporado a estas estadísticas por tratarse de un femicidio vinculado, contemplado en el artículo 80 inciso 12 del Código Penal. Los datos reflejan una realidad inquietante: en Salta, durante 2026, todas las mujeres asesinadas por razones de género fueron atacadas por quienes compartían con ellas un vínculo afectivo.
Las organizaciones sostienen que detrás de cada caso existen señales previas, denuncias desatendidas, falencias en los mecanismos de protección y una estructura social que continúa reproduciendo desigualdades y violencias contra las mujeres.
La historia parece repetirse. Once años después, otra chica de la misma edad, Agostina Vega, vuelve a convertirse en símbolo de una tragedia que nunca terminó. Entre Chiara y Agostina hay once años de marchas, promesas, discursos y leyes. Pero también hay una realidad incómoda: las adolescentes siguen siendo víctimas de la violencia machista y el grito de "Vivas nos queremos" sigue teniendo la misma urgencia que aquel 3 de junio de 2015.
En Salta, donde la emergencia por violencia de género lleva más de una década vigente, la movilización buscará volver a instalar una pregunta incómoda pero necesaria.